“La oposición debe tener el criterio patriótico y la idoneidad de saber que es una cuestión de Estado y no un tema de campaña política”, reclamó el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
A punto de comenzar el debate sobre la Ley de Inteligencia, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Marcelo Fuentes, sostuvo que “la reforma establece un nuevo marco jurídico sobre el que se deben desarrollar las actividades de Inteligencia, siempre subordinadas a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos”.
“Con este objetivo, se establecen figuras penales autónomas para determinar castigos a quienes se aparten de las líneas previstas por la ley, lo que va a permitir un control mucho más estricto de legalidad de los actos llevados a cabo por los agentes del nuevo organismo de inteligencia”, precisó.
Respecto a que el nuevo organismo tendrá el mismo personal que trabaja en la Secretaría de Inteligencia, Fuentes señaló que “habrá decisiones al respecto, reasignación de tareas y nuevos criterios de jerarquización en manos de quien deba conducir el organismo. Eso, sumado a un control más estricto de los ingresos lleva a pensar en una Agencia más profesional y con mayor control político en el futuro”.
En diálogo con Página 12, Fuentes dijo respecto al pase de las escuchas judiciales a la Procuración General que se trata de “un órgano extrapoder, lo cual asegura su autonomía respecto de los tres poderes del Estado”, y sostuvo que “ese traspaso es concordante con la reforma de las normas de procedimiento aprobadas el año pasado, estableciendo un proceso acusatorio en lugar del inquisitorio”.
El senador neuquino atribuyó a la campaña electoral que se haga “centro en la figura de la procuradora general, descalificando cualquier medida que tenga que ver con el órgano que ella encabeza a partir de un ataque a su figura”.
“Dicen que debería hacerse cargo la Corte Suprema. ¿Qué tiene que ver la Corte con esto? No es un rol que le corresponda. La Procuraduría es independiente a los tres poderes”, precisó.
Consultado sobre la comisión bicameral que se encarga del tema, dijo que sus funciones “están claras y su trabajo también, aunque no siempre sea público por las características que tiene. Sus miembros quedan encuadrados bajo los requisitos de confidencialidad y reserva que la ley establece para todos los que trabajan en el ámbito de Inteligencia. Y respecto de su funcionamiento, no hubo ninguna denuncia que llegara a la comisión y que no fuera objeto de tratamiento”.
Con relación a cambios que vayan a aplicarse sobre el proy ecto, dijo que habrá que ver “si la oposición se presenta a debatir o no. Además hay que coordinar con el Gobierno nacional, que es el propulsor del proyecto”.
Asimismo defendió la potestad del Gobierno para aplicar una reforma de estas características, remarcando que “no hay en nuestro sistema constitucional una categorización de la segunda mitad de un mandato, que ordene al Gobierno abstenerse de gobernar”.
“Como dice la Presidenta, ésta es una deuda de la totalidad de la democracia y de los partidos políticos -agregó-. La oposición debe tener el criterio patriótico y la idoneidad de saber que es una cuestión de Estado y no un tema de campaña política. La construcción de la democracia requiere calidad tanto de parte del oficialismo como de la oposición. Hay que distinguir cuestiones de Estado de cuestiones electorales, y discutir las primeras en el marco de las segundas, carece de seriedad”.
“Con este objetivo, se establecen figuras penales autónomas para determinar castigos a quienes se aparten de las líneas previstas por la ley, lo que va a permitir un control mucho más estricto de legalidad de los actos llevados a cabo por los agentes del nuevo organismo de inteligencia”, precisó.
Respecto a que el nuevo organismo tendrá el mismo personal que trabaja en la Secretaría de Inteligencia, Fuentes señaló que “habrá decisiones al respecto, reasignación de tareas y nuevos criterios de jerarquización en manos de quien deba conducir el organismo. Eso, sumado a un control más estricto de los ingresos lleva a pensar en una Agencia más profesional y con mayor control político en el futuro”.
En diálogo con Página 12, Fuentes dijo respecto al pase de las escuchas judiciales a la Procuración General que se trata de “un órgano extrapoder, lo cual asegura su autonomía respecto de los tres poderes del Estado”, y sostuvo que “ese traspaso es concordante con la reforma de las normas de procedimiento aprobadas el año pasado, estableciendo un proceso acusatorio en lugar del inquisitorio”.
El senador neuquino atribuyó a la campaña electoral que se haga “centro en la figura de la procuradora general, descalificando cualquier medida que tenga que ver con el órgano que ella encabeza a partir de un ataque a su figura”.
“Dicen que debería hacerse cargo la Corte Suprema. ¿Qué tiene que ver la Corte con esto? No es un rol que le corresponda. La Procuraduría es independiente a los tres poderes”, precisó.
Consultado sobre la comisión bicameral que se encarga del tema, dijo que sus funciones “están claras y su trabajo también, aunque no siempre sea público por las características que tiene. Sus miembros quedan encuadrados bajo los requisitos de confidencialidad y reserva que la ley establece para todos los que trabajan en el ámbito de Inteligencia. Y respecto de su funcionamiento, no hubo ninguna denuncia que llegara a la comisión y que no fuera objeto de tratamiento”.
Con relación a cambios que vayan a aplicarse sobre el proy ecto, dijo que habrá que ver “si la oposición se presenta a debatir o no. Además hay que coordinar con el Gobierno nacional, que es el propulsor del proyecto”.
Asimismo defendió la potestad del Gobierno para aplicar una reforma de estas características, remarcando que “no hay en nuestro sistema constitucional una categorización de la segunda mitad de un mandato, que ordene al Gobierno abstenerse de gobernar”.
“Como dice la Presidenta, ésta es una deuda de la totalidad de la democracia y de los partidos políticos -agregó-. La oposición debe tener el criterio patriótico y la idoneidad de saber que es una cuestión de Estado y no un tema de campaña política. La construcción de la democracia requiere calidad tanto de parte del oficialismo como de la oposición. Hay que distinguir cuestiones de Estado de cuestiones electorales, y discutir las primeras en el marco de las segundas, carece de seriedad”.
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