La iniciativa, que tomó ese nombre en homenaje a Micaela García -la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay- establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías.
Según este proyecto, cada organismo estatal definirá la modalidad de las capacitaciones, que deberán ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), como autoridad de aplicación de la norma, deberá certificar la calidad de esas capacitaciones, y tendrá a su cargo las que correspondan a las máximas autoridades de cada poder.
La presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara baja resaltó la “revolución cultural” que vienen desarrollando las mujeres en la Argentina, que decidieron “no callarse más”. “Las mujeres de todos los partidos hemos decidido trabajar en forma transversal, comprendiendo que estamos viviendo una bisagra histórica, que nos interpela”, señaló, destacando los hechos de abuso conocidos recientemente, y concluyó: “Necesitamos dar una respuesta institucional”.
“De nada sirve que día a día busquemos mejorar las instituciones o la protección legal de los derechos de las mujeres si quienes tienen que interpretarlas a estas leyes no lo hacen con visión de género, y en especial en defensa de los derechos humanos de las mujeres”, agregó.
“Si no era por el movimiento de mujeres, este proyecto perdía estado parlamentario”, insistió, y remarcó: “Sin esta sororidad esto no hubiera sido posible”.
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