16 de mayo de 2017

SIN SESIONES EN EL CONGRESO


En el Congreso de la Nacion, volverán a sesionar recién a fin de mes, tras haber aprobado la ley para ponerle un freno al 2x1 a represores habilitado por la Corte Suprema de Justicia

Sesión ordinaria el próximo miércoles 31. El temario todavía no fue acordado, pero la Cámara Alta tiene pendiente el régimen de protección de víctimas de delitos, que les garantiza, entre otras cosas, patrocinio jurídico gratuito.

Con una nueva visita del jefe de Gabinete, Marcos Peña. El ministro coordinador entregará el informe número 101, con respuestas a las 775 preguntas formuladas por los diputados acerca de la situación socio-laboral del país, la política previsional, la política energética y el fallo de la Corte sobre el 2x1, entre otros temas.

Entre las deudas más urgentes de la Cámara baja se encuentra el proyecto que establece un límite a las excarcelaciones, y que fue aprobado con modificaciones en el Senado. Si bien hay acuerdo para ratificar esos cambios, la iniciativa todavía no fue tratada en comisiones y se demora su sanción.

De acuerdo al texto aprobado en el Senado, los autores de delitos graves -homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo- no podrán gozar de salidas anticipadas, transitorias o libertad condicional. Sí contarán con este beneficio los responsables de los delitos de homicidio simple y contrabando.

Otra iniciativa relativa a la seguridad que está pendiente de tratamiento –pero encaminada- en Diputados es la creación de un Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (RENADESE), donde se pueda brindar información pública sobre los condenados por este tipo de delitos. El proyecto obtuvo dictamen en plenario de comisiones la semana pasada y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

También se dilata la aprobación de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, por la que milita la titular de la Oficina Anticorrrupción (OA), Laura Alonso. La propuesta del Poder Ejecutivo, que apunta a castigar a las personas jurídicas por los delitos contra la administración pública y soborno trasnacional, sufriría cambios.


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