Este lunes 9 de septiembre a las 19.10 ingreso por Mesa de Entradas de la Cámara baja con 13 firmas, correspondientes a representantes del Frente de Todos, el bloque Justicialista, los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia el proyecto de Emergencia Social Alimentaria.
“Logramos unificar un proyecto de emergencia alimentaria para ser tratado el jueves en sesión especial. La oposición está unida y decidida a aprobar la emergencia alimentaria porque entendemos que es una necesidad urgente”, afirmó Leonardo Grosso (Movimiento Evita), uno de los principales promotores de la medida.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, señaló este lunes tras una reunión con la cúpula de la CGT que “la emergencia alimentaria depende del Congreso”, con lo cual descartó que el Gobierno vaya a declarar por decreto la medida que exige la oposición junto a movimientos sociales.
El proyecto consensuado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que vence el 31 de diciembre este año, según la Ley 27.345, sancionada en 2016, que extendió a su vez la emergencia social por el mismo período.
La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
Se establece en este sentido que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘’Servicios sociales’’’.
Por último, el proyecto indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá realizar de manera anual un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación saludable como “política de Estado”.
En cuanto al Frente de Izquierda, aseguró su presencia en la sesión del jueves pero formuló un reclamo más amplio.
“Si hay sesión vamos a ir a defender nuestro paquete de leyes para la situación social: prohibición de despidos, aumento de salarios y jubilaciones, entre otros, además de defender el reclamo de las organizaciones sociales que se movilizaron para reclamar soluciones inmediatas que partan del poder político”, explicaron fuentes del espacio.
En los fundamentos del proyecto presentado, los diputados sostienen que “comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina”.
“La declaración de la emergencia alimentaria y nutricional es una demanda que ha sido reclamada por gobiernos provinciales y municipales, partidos políticos, la CGT y diversas centrales sindicales, iglesias, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de estudios”, enumeraron los legisladores.
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