La Cámara de Diputados empezó a sesionar hoy,con el propósito de debatir el proyecto de responsabilidad penal empresaria. El oficialismo y el Frente Renovador lograron el quórum para iniciar la sesión. El Frente para la Victoria se negó a dar quórum como forma de expresar su oposición al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, aunque sus legisladores se integraron luego a la sesión.
La sesión fue convocada para tratar el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que tiene fuerte impulso del presidente Mauricio Macri.
La iniciativa busca avanzar en la investigación y la sanción de la otra parte de la corrupción, la de los privados. En las leyes actuales las penas recaen sobre las personas físicas -directivos, gerentes o quienes tienen responsabilidad por los delitos- pero no sobre las organizaciones, como sí sucede en otros países. El proyecto fue presentado el 20 de octubre de 2016, pero nunca se trató hasta ahora en el recinto.
Si la iniciativa prospera, habrá cambios en el Código Penal para establecer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública, y por cohecho (soborno) trasnacional.
El proyecto de responsabilidad empresaria fue elaborado por la Oficina Anticorrupción con la colaboración de especialistas. La responsabilidad penal de "las personas jurídicas" incluye -según el texto- a sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, nacionales o extranjeras, tengan o no participación estatal.
Las personas jurídicas serán consideradas responsables de los delitos cuando fueren "consecuencia de un control y supervisión inadecuado", pero podrían eximirse de haber implementado un "programa de integridad" acorde con los riesgos de la actividad y con capacidad de prevenir y detectar los delitos, y ponerlos en conocimiento de las autoridades, señala el texto del proyecto.
Entre las sanciones se establecen multas del 1% al 20% de los ingresos brutos anuales de la persona jurídica. Y se prevé la posibilidad de acuerdos de colaboración con "informantes", que atenúen las sanciones o excluyan de la responsabilidad.
El Gobierno busca de este modo cumplir con las recomendaciones de la OCDE (organismo al que la Argentina aspira a ingresar) para la lucha contra la corrupción y el soborno trasnacional y actualizar la legislación en este sentido, como ya está vigente en vecinos como Chile y Brasil.
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