Hoy, a 39 años del 24 de marzo de 1976, estamos
en esta plaza para repudiar el golpe genocida más brutal en la historia de
nuestro pueblo, para reivindicar las banderas de nuestros 30.000 compañeros
detenidos desaparecidos y para ratificar nuestro compromiso en la lucha contra
la impunidad de ayer y de hoy.
Repudiamos a la dictadura que
buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo
para profundizar la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre al
servicio de un régimen económico y político a beneficio de los monopolios y las potencias
imperialistas.
30.000
detenidos-desaparecidos, asesinatos cotidianos de militantes, más de 600 campos
de concentración, miles de presos políticos, exilio, secuestro, tortura y robo de
niños, constituyó el
genocidio racional y planificado desarrollado contra nuestro pueblo.
El terror dictatorial tuvo el objetivo de
aniquilar el gigantesco despliegue del movimiento obrero y popular que, desde
los tiempos del Cordobazo, se proponía terminar con la opresión y la explotación.
A pesar del terror y del silencio impuesto,
nuestro pueblo resistió. Las Madres de Plaza de Mayo fueron la avanzada, y se convirtieron en el
símbolo de esa resistencia que armó lazos de solidaridad y que llegó a
expresarse en paros generales y movilizaciones realizadas en las peores
condiciones de la represión genocida.
Esa lucha tuvo su continuidad en estos casi 40
años de presencia en las calles, en los que varias generaciones expresamos
nuestra voluntad inquebrantable de conseguir castigo a los genocidas y terminar
con la impunidad de ayer y de hoy.
Nuestro pueblo luchó incansablemente contra las
infames leyes de impunidad de Alfonsín y los indultos de Menem.
La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, y la lucha inclaudicable de tantos años contra
la impunidad, fueron factores fundamentales para conseguir la anulación de las
leyes de punto final y obediencia debida, que permitió la reapertura de las causas contra los genocidas.
Lo decimos una vez más con orgullo: los juicios a
los genocidas son un logro histórico de nuestro pueblo.
Denunciamos también en esta plaza, como lo
venimos haciendo todos estos años, las enormes limitaciones de estos juicios,
que se desarrollan a cuentagotas. Cientos de represores mueren antes de ser
juzgados.
El Poder Ejecutivo tuvo y tiene la posibilidad
de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace. Los
genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban parte de la
cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a
pesar de sus condiciones de detención.
El Estado no ha
entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de
Concentración. El Poder
judicial no investiga ni aporta pruebas para juzgarlos .Sólo las víctimas,
familiares y organismos de derechos humanos que luchamos contra la impunidad
presentamos pruebas e impulsamos las causas para que los represores sean
juzgados por el delito que cometieron: genocidio.
No hay 900 condenados como dijo la Presidenta en
su discurso del 1 de marzo. La realidad es que existen, hasta hoy, sólo 538
condenas, de las cuales
muchas corresponden a un mismo procesado. Hay menos de un
condenado por campo de concentración. Apenas el 20% de esas sentencias se
encuentran firmes. El 68% de los condenados y la mitad de los procesados
cumplen prisión domiciliaria, que además violan sistemáticamente.
Los cómplices
civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta impunidad. Lo mismo ocurre con los dirigentes
sindicales colaboracionistas y entregadores, y con los jueces y fiscales que fueron
cómplices del genocidio y que aún continúan en funciones. Repudiamos los fallos
que en las últimas semanas beneficiaron, entre otros, al latifundista Pedro Blaquier –dueño del Ingenio Ledesma-, a Vicente Massot,
dueño del diario La Nueva Provincia y a Alejandro Bottinelli, del staff
editorial de Atlántida.
Exigimos:
¡¡¡CARCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
¡¡¡APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA
DICTADURA!!!
¡¡¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES
APROPIADOS!!!
El nombramiento
del genocida Milani al frente del Ejército revela, definitivamente, hasta donde
llega la hipocresía del gobierno K en materia de derechos humanos.
Milani ya había sido denunciado en 1984, en el
informe de la Conadep de La Rioja. Las pruebas contra él por su participación
en el Operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo,
en el secuestro y tortura de Pedro Adán Olivera y a su hijo, Ramón Alfredo, en
el secuestro y tortura de Verónica Matta y el periodista Schaller, son abrumadoras. Denunciamos al juez Bejas, de Tucumán, que se
negó a llamar a indagatoria a Milani, bajo los argumentos de la obediencia
debida. También denunciamos al juez federal de La Rioja Daniel Herrera
Piedrabuena por declarar nula la causa Olivera.
Milani es un ejemplo
paradigmático de los miles de represores que permanecen en las fuerzas de
seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura.
El empeño del gobierno en sostener a Milani, a
pesar de las contundentes evidencias en su contra, se explica por su rol en la
reorganización de un aparato de inteligencia dirigido al espionaje interno. La
nueva ley de inteligencia le otorga un poder y un presupuesto fenomenales.
La presidenta, por cadena nacional, y en
presencia de Milani, llamó a superar los prejuicios hacia los militares. Su
objetivo es naturalizar la ingerencia de las fuerzas armadas en la seguridad
interior. Mostró, una vez más, su política de reconciliación con los genocidas.
¡¡FUERA MILANI!!
Desde esta plaza denunciamos la política de
entrega y ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos locales, respaldada
por las grandes patronales y la burocracia sindical, que descarga la crisis
sobre los trabajadores y el pueblo.
Repudiamos el
pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, la megaminería a cielo
abierto, la presencia de Monsanto, los acuerdos con Chevrón y con China y la
instalación de una base militar china en nuestro territorio.
Denunciamos el ataque cotidiano a los derechos
básicos a la vivienda, al trabajo, a salarios y jubilaciones acordes a la
canasta familiar, a la salud y la educación. Nos solidarizamos activamente con
todas las luchas populares, con los obreros industriales, con los docentes, con
los trabajadores de la salud, con los desocupados y con los jubilados.
El asesinato de
numerosos luchadores populares, la sanción de la ley antiterrorista, la
criminalización de la protesta, con presos políticos y miles de procesados, los
trabajadores de Las Heras condenados a cadena perpetua y la persecución a los
pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios ancestrales y de
su cultura; el espionaje a las organizaciones y militantes obreros,
estudiantiles y populares, la represión a las movilizaciones de desocupados, la
militarización de los barrios y la criminalización de la pobreza, como en el
desalojo del Barrio papa Francisco, y la complicidad del Estado con los
distintos grupos narcos que operan en el país, han sido la marca de la política
en materia de libertades democráticas del gobierno kirchnerista.
Con Berni al frente de la represión, durante el
último año se agudizó la militarización de los conflictos obreros que comenzó
con Gestamp, continuó en Emfer y se profundizó con las 18 represiones en la
Panamericana contra los obreros de Lear. Este avance represivo es producto del
acuerdo entre el gobierno, estas patronales y la burocracia sindical.
La masacre de Cromañón, la tragedia de Once y el
incendio intencional de Iron Mountain desenmascararon los grandes negociados y
la corrupción que atraviesa impunemente al Estado y que pagamos con la vida de
cientos de jóvenes y hombres y mujeres trabajadores. Denunciamos la complicidad
de todos los estamentos del Estado con el narcotráfico y la trata de personas.
Centenares de mujeres permanecen desaparecidas víctimas del negocio de la
trata.
La muerte de miles de jóvenes a manos del
gatillo fácil y de la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad,
la tortura y muerte en cárceles y comisarías, con la complicidad de jueces y
fiscales, marcan también dolorosamente la impunidad del presente.
Son más de 4350
los jóvenes asesinados desde 1983.
El crimen de Luciano Arruga puso de manifiesto con claridad la red de
encubrimiento y complicidades entre el poder político, la justicia y la
policía. Luciano fue encontrado después de seis años de lucha, durante los
cuales la policía de Scioli, Casal y Granados se dedicó a espiar y amedrentar a
sus familiares y amigos. No fue un accidente. A Luciano lo mató la policía y lo
desapareció el Estado.
BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y LA POBREZA
FUERA BERNI
Como cada 24 de marzo, denunciamos la represión
y la impunidad promovida por los gobiernos provinciales y el gobierno de Macri.
Estos gobiernos, a pesar de sus disputas, coinciden en dar una respuesta
represiva a las luchas obreras y populares.
Denunciamos la responsabilidad del gobierno
nacional y los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en el
encubrimiento de la bonaerense y en la impunidad de los responsables de la
segunda desaparición de Julio López y del asesinato de Silvia Suppo.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
La muerte del fiscal Nisman confirmó lo que
venimos denunciando hace años: la impunidad es política de Estado. Sacó a la luz la feroz disputa entre
diferentes sectores del aparato represivo, los servicios de inteligencia y de
las clases dominantes.
La muerte de Nisman es una muerte política,
inscripta en los 21 años de encubrimiento y manipulación, por parte del Estado
y la justicia, de la causa que investiga la masacre de la AMIA.
El gobierno nacional no puede negar su relación
y colaboración directa durante más de 10 años con Stiusso y Nisman, que
operaban con la CIA y el MOSSAD, y con los servicios que hoy cuestiona.
En su discurso del 1 de marzo, la Presidenta
mostró que el Estado argentino sigue poniendo el atentado a la AMIA al servicio de
las políticas de las grandes potencias imperialistas. Pretende desligar la responsabilidad del
Estado Nacional en la masacre y en la trama de impunidad y encubrimiento de la
conexión local, sostenida desde el mismo momento del atentado por los
diferentes gobiernos y la justicia cómplice.
La apertura de los archivos anunciado por la
presidenta es una farsa. Los archivos permanecen cerrados. Para arribar a la
verdad, es imprescindible la formación de una Comisión Investigadora Independiente
con plenos poderes y que se abran todos los archivos secretos de la causa. De
los 21 años de impunidad, doce corresponden a los gobiernos kirchneristas.
La orientación que los distintos gobiernos
postdictadura dieron a los servicios de inteligencia fue dirigirlos hacia la
infiltración y el espionaje interno. Lejos de ayudar al esclarecimiento del
atentado a la AMIA o de la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, han
contribuido a su encubrimiento. Estos mismos servicios estuvieron activamente
involucrados en la masacre de La Tablada, de Puente Pueyrredón, en la
desaparición de Julio López y en tantos otros crímenes contra el pueblo.
El gobierno de los Kirchner continuó y
profundizó esas prácticas, con las leyes antiterroristas y el proyecto X con el
que espió e infiltró a obreros en lucha, con el espionaje a estudiantes
secundarios, a militantes de derechos humanos y de diferentes movimientos
sociales y partidos políticos y a todos los que luchan en defensa de los
derechos populares.
Exigimos:
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO Y DE
ESPIONAJE. NI SIDE-NI AFI.
NO AL PROYECTO X-NO A LA LEY ANTITERRORISTA.
BASTA DE MANIPULACIÓN Y ENCUBRIMIENTO DEL ESTADO
Y LA JUSTICIA EN LA CAUSA AMIA. COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
Existe una disputa entre el gobierno y sectores
de la oposición tradicional por el control de un aparato judicial que siempre
utilizaron contra los trabajadores. Esta pelea fracturó como nunca el poder
judicial. Seamos claros: el poder judicial está dividido entre un sector dirigido
por el gobierno y otro hegemonizado por jueces y fiscales involucrados también
con la impunidad y la criminalización de la protesta, apoyados por sectores
reaccionarios como Macri- que fundó la Metropolitana con el Fino Palacios y
creó su propio servicio de espionaje - y por Massa, cuyo jefe de campaña es
Juan José Álvarez, uno de los responsables de la masacre de Puente Pueyrredón y
hombre de los servicios de inteligencia.
Sin ningún rubor, la presidenta denunció la
existencia de un partido judicial cuando muchos de los funcionarios y jueces
que denuncia le fueron funcionales durante estos doce años de gobierno e
incluso fueron nombrados a iniciativa del Ejecutivo. El gobierno no dudó en
manipular jueces y fiscales a su antojo para frenar causas que lo involucraban
en hechos de corrupción.
Más que nunca, hoy es evidente para millones de
argentinos aquello que desde hace años venimos reclamando desde el EMVJ: la
necesidad de liquidar los aparatos de inteligencia heredados de la dictadura y
la apertura de todos sus archivos secretos.
Sólo se ha abierto un número mínimo, de
contenido casi inocuo, de aquellos archivos. Esto es particularmente grave,
porque con ellos sería posible conocer el destino de nuestros compañeros
desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados.
También sería posible descubrir infiltrados en el movimiento popular, como se
demostró con los agentes del Batallón 601 Gerardo Martínez y Raúl Tarifeño de
Neuquén.
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA
La recuperación de la identidad de los hijos de
desaparecidos es una necesidad y un derecho del presente. Es una
responsabilidad del Estado y no puede depender de la voluntad individual de
cada joven.
El traslado del
Banco Nacional de datos genéticos del Hospital Durand y su privatización no
sólo abre la puerta a un gran negociado sino que además acota el acceso al
derecho a la identidad.
Del mismo modo, afirmamos: la memoria popular es
una construcción colectiva y por eso denunciamos la manipulación del gobierno
nacional sobre los sitios de memoria, manipulación que resulta coherente con su
política de reconciliación con los genocidas, como lo demuestra su cerrada
defensa del genocida Milani.
Compañeras y compañeros:
En esta marcha popular, queremos
repudiar la brutal amenaza del imperialismo yanqui a Venezuela y expresamos
toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.
La dictadura genocida que estamos repudiando en
esta plaza se propuso terminar con la lucha de los trabajadores y el pueblo por
conquistar un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para
todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.
Hoy, luchando contra la impunidad de ayer y de
hoy y contra las distintas formas de represión y persecución a los trabajadores
y el pueblo afirmamos que las banderas por las que lucharon nuestros 30000
compañeros detenidos desaparecidos están vigentes cada día más. Ratificamos
nuestro compromiso de continuar la lucha por conquistar una Argentina sin
opresión, sin represión y sin explotación.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos
¡¡¡Presente!!!
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