El poder de cabecera concedido al presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales el senador ( FpV) Marcelo Fuentes, reavivó el malestar de los senadores de la oposicion
Por tal motivo se paso para este miércoles a partir de las 11 se tratarán los proyectos con la
presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario de
Justicia, Julian Alvarez; el ministro de Justicia de la Nación, Julio
Alak, y el secretario de Comercio Exterior y del Interior Augusto Costa.
19 de agosto de 2014
Condolencias por la muerte de familiares del Papa
La presidenta Cristina Fernández de
Kirchner expresó al Papa Francisco sus "sinceras condolencias ante el
profundo dolor" por el fallecimiento de tres familiares. El Papa
Francisco "siempre ha estado cerca de todos aquellos que sufren", dice
el comunicado de la Cancillería.
La cancillería argentina difundió un comunicado en el que informó que
"la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional y el
pueblo argentino expresan al Papa Francisco sus sinceras condolencias
ante el profundo dolor por el fallecimiento de sus familiares".
"El Papa Francisco siempre ha estado cerca de todos aquellos que sufren y hoy, en su hora de dolor, los argentinos nos sentimos conmovidos ante la tragedia que lo enluta a él y su familia y sabemos que tendrá la fortaleza necesaria para afrontar esta situación tan penosa", finaliza el texto.
Previamente, esta mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich,había lamentado el fallecimiento de tres familiares del papa Francisco en un accidente automovilístico en la autopista Córdoba-Rosario.
“Quisiéramos manifestar nuestras condolencias a Su Santidad el papa Francisco por los familiares y el accidente que han tenido”, dijo Capitanich, antes de comenzar la conferencia de prensa sobre la presentación de la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya, por el juicio con los fondos buitre.
El ministro coordinador envió sus condolencias al Sumo Pontífice junto al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y junto a la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruíz Cerutti.
“Esto nos conmueve profundamente y queremos acompañarlo en el dolor, en el rezo y en la oración diaria”, dijo Capitanich.
Esta madrugada, Emanuel Horacio Bergoglio, sobrino del Papa, chocó contra un camión en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad cordobesa de James Craik, informó la agencia de noticias Télam.
El sobrino del Sumo Pontífice sufrió graves heridas y se encuentra internado, mientras que su esposa Valeria Carmona y sus dos hijos, uno de dos años y otro de 8 meses, fallecieron por el impacto.
"El Papa Francisco siempre ha estado cerca de todos aquellos que sufren y hoy, en su hora de dolor, los argentinos nos sentimos conmovidos ante la tragedia que lo enluta a él y su familia y sabemos que tendrá la fortaleza necesaria para afrontar esta situación tan penosa", finaliza el texto.
Previamente, esta mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich,había lamentado el fallecimiento de tres familiares del papa Francisco en un accidente automovilístico en la autopista Córdoba-Rosario.
“Quisiéramos manifestar nuestras condolencias a Su Santidad el papa Francisco por los familiares y el accidente que han tenido”, dijo Capitanich, antes de comenzar la conferencia de prensa sobre la presentación de la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya, por el juicio con los fondos buitre.
El ministro coordinador envió sus condolencias al Sumo Pontífice junto al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y junto a la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruíz Cerutti.
“Esto nos conmueve profundamente y queremos acompañarlo en el dolor, en el rezo y en la oración diaria”, dijo Capitanich.
Esta madrugada, Emanuel Horacio Bergoglio, sobrino del Papa, chocó contra un camión en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad cordobesa de James Craik, informó la agencia de noticias Télam.
El sobrino del Sumo Pontífice sufrió graves heridas y se encuentra internado, mientras que su esposa Valeria Carmona y sus dos hijos, uno de dos años y otro de 8 meses, fallecieron por el impacto.
Señalizarán la base de Trelew y la ex Brigada de Investigaciones de Las Flores
La Secretaría de Derechos Humanos, a
través de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizará el viernes 22
la base aeronaval de Trelew y mañana la ex Brigada de Investigaciones
de Las Flores, Buenos Aires.
El próximo viernes 22 de agosto la Base Aeronaval "Almirante Zar" de
la ciudad de Trelew, por su funcionamiento durante el terrorismo de
Estado, en el marco de las actividades por el 42° aniversario de la
Masacre de Trelew. El acto comenzará a las 13 en el ingreso de la Base
Aeronaval, Ruta Nacional N° 3, Km 1458, ciudad de Trelew, provincia de
Chubut.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chubut inaugurarán los pilares que representan la Memoria, la Verdad y la Justicia durante un acto que contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, familiares de las víctimas, ex presos políticos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales, entre otros.
Además, durante la misma jornada se presentará el libro Trelew 72, realizado por el Área Audiovisual del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, y el Programa Memoria en Movimiento, perteneciente a la Secretaría de Información Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La Masacre de Trelew
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura encabezada por el general Alejandro Lanusse, veinticinco presos políticos pertenecientes a diversas organizaciones revolucionarias (PRT-ERP, FAR y Montoneros), se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al viejo aeropuerto de Trelew. El plan inicial era escapar en un vuelo hacia Chile, gobernado por Salvador Allende. Solo seis lo lograron. El resto del grupo no llegó a abordar el avión y, tras resistir por un breve período en el aeropuerto, se entregaron a las autoridades militares bajo la condición de que los retornaran al penal y garantizaran su seguridad. Sin embargo, en lugar de trasladarlos a Rawson, lo hicieron a la Base Aeronaval Almirante Zar, dependiente de la Armada.
Allí, en la madrugada del 22 de agosto, la guardia los obligó a salir de sus celdas y abrió fuego sobre los prisioneros. Fueron asesinados 16 de ellos: Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Kohon, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Otros tres, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar, aunque resultaron gravemente heridos, lograron sobrevivir y gracias a su testimonio fue posible la reconstrucción de los hechos que se conocen como la Masacre de Trelew. Tras la dictadura, Camps fue asesinado y sus restos fueron enterrados como NN e identificados en el año 2000; mientras que Berger y Haidar aún permanecen desaparecidos.
En marzo de 2006 se inició una investigación que puso en evidencia que, entre 2004 y ese año, desde la Base Aeronaval se realizaron espionajes ilegales, seguimientos y escuchas telefónicas a integrantes de organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales, políticos, miembros de comunidades originarias y activistas sociales. En julio de 2012, trece oficiales de la Armada fueron juzgados y condenados por realizar esas prácticas ilícitas en democracia.
Asimismo, en octubre de mismo año, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a tres de los responsables de la Masacre que fue considerada delito de lesa humanidad.
Brigada de Las Flores
En tanto mañana a las 11 se hará otra señalización en Avellaneda 705, Las Flores, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Las Flores y la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas de Terrorismo de Estado de Las Flores.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chubut inaugurarán los pilares que representan la Memoria, la Verdad y la Justicia durante un acto que contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, familiares de las víctimas, ex presos políticos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales, entre otros.
Además, durante la misma jornada se presentará el libro Trelew 72, realizado por el Área Audiovisual del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, y el Programa Memoria en Movimiento, perteneciente a la Secretaría de Información Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La Masacre de Trelew
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura encabezada por el general Alejandro Lanusse, veinticinco presos políticos pertenecientes a diversas organizaciones revolucionarias (PRT-ERP, FAR y Montoneros), se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al viejo aeropuerto de Trelew. El plan inicial era escapar en un vuelo hacia Chile, gobernado por Salvador Allende. Solo seis lo lograron. El resto del grupo no llegó a abordar el avión y, tras resistir por un breve período en el aeropuerto, se entregaron a las autoridades militares bajo la condición de que los retornaran al penal y garantizaran su seguridad. Sin embargo, en lugar de trasladarlos a Rawson, lo hicieron a la Base Aeronaval Almirante Zar, dependiente de la Armada.
Allí, en la madrugada del 22 de agosto, la guardia los obligó a salir de sus celdas y abrió fuego sobre los prisioneros. Fueron asesinados 16 de ellos: Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Kohon, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Otros tres, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar, aunque resultaron gravemente heridos, lograron sobrevivir y gracias a su testimonio fue posible la reconstrucción de los hechos que se conocen como la Masacre de Trelew. Tras la dictadura, Camps fue asesinado y sus restos fueron enterrados como NN e identificados en el año 2000; mientras que Berger y Haidar aún permanecen desaparecidos.
En marzo de 2006 se inició una investigación que puso en evidencia que, entre 2004 y ese año, desde la Base Aeronaval se realizaron espionajes ilegales, seguimientos y escuchas telefónicas a integrantes de organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales, políticos, miembros de comunidades originarias y activistas sociales. En julio de 2012, trece oficiales de la Armada fueron juzgados y condenados por realizar esas prácticas ilícitas en democracia.
Asimismo, en octubre de mismo año, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a tres de los responsables de la Masacre que fue considerada delito de lesa humanidad.
Brigada de Las Flores
En tanto mañana a las 11 se hará otra señalización en Avellaneda 705, Las Flores, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Las Flores y la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas de Terrorismo de Estado de Las Flores.
En esta dependencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires operó
un centro de detención ilegal durante la última dictadura
cívico-militar. Según testimonios existentes en el Archivo Nacional de
la Memoria y en causas judiciales, la mayor parte de los hombres y
mujeres secuestrados aquí fueron posteriormente liberados o trasladados a
otros sitios de detención, y varios de ellos permanecen desaparecidos.
Bajo el control operacional del Primer Cuerpo de Ejército, dentro de la
llamada Subzona 12, la Brigada formó parte de un circuito represivo que
incluyó otros centros de detención de la región tales como Monte Peloni
(Olavarría), el Regimiento 10 y la Unidad Penal (Azul) y La Huerta
(Tandil). También se vinculó con el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield y
la Brigada de Investigaciones de La Plata, entre otros.
El 27 de noviembre de 2008, la ex Brigada fue declarada Bien de Interés
y Referencia Histórica, Cultural y Museo de la Memoria y en marzo de
2014 se desafectó su funcionamiento policial y se iniciaron las tareas
de investigación, preservación y puesta en valor del sitio donde
próximamente se inaugurará un espacio de memoria.
Alak: "Argentina será sancionada si deroga leyes contra el financiamiento del terrorismo"
El ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Julio Alak, sostuvo hoy en declaraciones radiales que "la
derogación de las leyes que penalizan el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo dejaría expuesto a nuestro país a
sanciones en el orden internacional".
El ministro Julio Alak dijo que “Argentina no puede
estar ajena al orden jurídico internacional en un tema tan sensible como
el terrorismo; máxime luego de los trágicos atentados perpetrados por
el terrorismo internacional contra la Embajada de Israel y la AMIA, que
causaron centenares de muertos y heridos. Por todo ello, el país debía
receptar especialmente esas convenciones”.
Alak recordó que “el Poder Ejecutivo no aplica la ley penal”, sino que “solamente hace las denuncias”, y sostuvo que la aplicación de la ley “es una facultad exclusiva de los jueces”.
Las leyes 26.733 y 26.734 permitieron crear el nuevo título XIII del Código Penal, que establece, como bien jurídico protegido, el orden económico y financiero. Allí se incorporaron los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y manipulación del mercado, entre otros.
El funcionario destacó que “en reiteradas oportunidades organismos especializados en política criminal de Naciones Unidas advirtieron la necesidad de perseguir y sancionar el flujo de capitales que financian las actividades terroristas en el mundo, motivo por el cual el Congreso argentino sancionó normas que le otorgan al país los máximos estándares internacionales en la materia”.
En tal sentido, subrayó que la Argentina “se encontraba obligada a incorporar al derecho penal interno los compromisos asumidos cuando firmó las Convenciones Interamericana contra el Terrorismo - suscripta por todos los países del continente americano-, mediante la Ley 26.023”.
Alak recordó que la Argentina también suscribió el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, a través de ley 26.024, firmado por la mayoría de los países de mundo.
Asimismo, explicó que “en el año 2000, durante el gobierno de la Alianza, Argentina ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como miembro pleno, y se comprometió desde entonces a cumplir con los más altos estándares normativos en la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo y el financiamiento del terrorismo”.
“Posteriormente, el GAFI advirtió déficits en la normativa interna que derivaron en la inclusión de la Argentina en un listado de países en seguimiento intensivo con posibilidad de recibir severas sanciones”, agregó.
“Tras cuatro años de trabajo en los cuales se introdujeron importantes reformas –amplió el ministro-, entre los que se incluyeron estas dos leyes, el pasado mes de julio Argentina recibió la felicitaciones de la presidencia del GAFI y de todos los estados miembros y se ordenó la salida del seguimiento intensivo”.
“La derogación de estas normas sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional y por el GAFI en especial, que consideraría esa medida un retroceso incomprensible e inaceptable”, remarcó.
Por otra parte, Alak recordó que la norma fue aprobada por el Congreso de la Nación con amplia mayoría de legisladores: 134 votos afirmativos y 90 negativos en Diputados, y 39 votos de a favor y 22 en contra en el Senado.
Alak recordó que “el Poder Ejecutivo no aplica la ley penal”, sino que “solamente hace las denuncias”, y sostuvo que la aplicación de la ley “es una facultad exclusiva de los jueces”.
Las leyes 26.733 y 26.734 permitieron crear el nuevo título XIII del Código Penal, que establece, como bien jurídico protegido, el orden económico y financiero. Allí se incorporaron los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y manipulación del mercado, entre otros.
El funcionario destacó que “en reiteradas oportunidades organismos especializados en política criminal de Naciones Unidas advirtieron la necesidad de perseguir y sancionar el flujo de capitales que financian las actividades terroristas en el mundo, motivo por el cual el Congreso argentino sancionó normas que le otorgan al país los máximos estándares internacionales en la materia”.
En tal sentido, subrayó que la Argentina “se encontraba obligada a incorporar al derecho penal interno los compromisos asumidos cuando firmó las Convenciones Interamericana contra el Terrorismo - suscripta por todos los países del continente americano-, mediante la Ley 26.023”.
Alak recordó que la Argentina también suscribió el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, a través de ley 26.024, firmado por la mayoría de los países de mundo.
Asimismo, explicó que “en el año 2000, durante el gobierno de la Alianza, Argentina ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como miembro pleno, y se comprometió desde entonces a cumplir con los más altos estándares normativos en la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo y el financiamiento del terrorismo”.
“Posteriormente, el GAFI advirtió déficits en la normativa interna que derivaron en la inclusión de la Argentina en un listado de países en seguimiento intensivo con posibilidad de recibir severas sanciones”, agregó.
“Tras cuatro años de trabajo en los cuales se introdujeron importantes reformas –amplió el ministro-, entre los que se incluyeron estas dos leyes, el pasado mes de julio Argentina recibió la felicitaciones de la presidencia del GAFI y de todos los estados miembros y se ordenó la salida del seguimiento intensivo”.
“La derogación de estas normas sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional y por el GAFI en especial, que consideraría esa medida un retroceso incomprensible e inaceptable”, remarcó.
Por otra parte, Alak recordó que la norma fue aprobada por el Congreso de la Nación con amplia mayoría de legisladores: 134 votos afirmativos y 90 negativos en Diputados, y 39 votos de a favor y 22 en contra en el Senado.
Se realizó exitosamente la auditoría del programa habitacional "Techo Digno"
La Sindicatura General de la Nación
informó que el programa de Desarrollo de Infraestructura Habitacional
"Techo Digno", realizado por el Ministerio de Planificación Federal,
cuenta con todos los controles y con un monitoreo permanente.
Todos los informes, además de ser analizados en los Tribunales de Cuentas provinciales y municipales y la Sindicatura General de la Nación, también son tratados por el Comité de Auditoría Federal de la Red Federal de Control Público, lo que garantiza el control total y exhaustivo del Programa.
Este procedimiento se aplica a cada Programa Social de los ministerios nacionales que se ejecutan en todo el país.
Al respecto, el presidente del Secretariado Permanente de los Tribunales de Cuentas de la República Argentina, Rubén Quijano, señaló: “Sin la Red Federal de Control Público funcionando de manera coordinada y en un marco de respeto institucional Nación, Provincias y Municipios difícilmente se podrían llevar adelante los controles de los planes sociales debido a la bastedad del territorio del país y por sus diferencias y particularidades geográficas y culturales".
Por su parte, el síndico General de la Nación y presidente de la Red Federal de Control Público, Daniel Reposo, expresó: “El Programa Habitacional y todos los programas sociales cuentan con controles concomitantes desarrollados en una amplia red de diversos interlocutores que trabajan de manera contributiva y articulada, asegurando total garantía a los ciudadanos de la aplicación eficaz y eficiente de las políticas de inclusión social".
La Red Federal de Control Público es un acuerdo organizacional que integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría nacionales, provinciales y municipales, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales financiados por las jurisdicciones de carácter nacional. Se constituyó como la garante de cobertura de control, a través de relevamientos y acciones directas en el lugar donde se ejecutan los programas.
Nacida hace 10 años por un acuerdo federal, en enero de 2014 la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner dictó el Decreto N° 38/2014 por el cual se reconoció a la Red Federal como instrumento de integración federal y de ordenamiento territorial que contribuye al ejercicio del control de la gestión de los programas de inclusión social implementados y/o financiados por el Gobierno Nacional.
El citado Decreto además dispone que la Red Federal quedará integrada por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por los MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL, DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE EDUCACION, DE SALUD, DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Y DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA y las respectivas Unidades de Auditoría Interna de cada Ministerio, por el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES, por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y por los órganos de control provinciales y municipales adheridos.
A los efectos de desarrollar su actividad, la Red Federal, año a año, planifica formalmente su labor, estableciendo los proyectos de auditoría a llevar a cabo en cada período en los respectivos ámbitos de actuación territorial, determinando asimismo los programas que serán objeto de su control.
Una de las mayores fortalezas de la Red Federal de Control Público consiste en que las auditorías son realizadas por técnicos de cada jurisdicción, conocedores de la realidad y problemáticas locales, lo que posibilita la creación de un método articulado y federal para un control más eficaz, que atiende las particularidades de cada región.
En este marco, el Programa Desarrollo Infraestructura Habitacional “Techo Digno”, ha sido incorporado al planeamiento de la Red Federal desde el año 2011 hasta el presente. Ello implica que Tribunales de Cuentas Provinciales y Municipales, otros organismos de control público local, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación junto a la Sindicatura General de la Nación y el Comité de Auditoría Federal de la Red Federal de Control Público han desarrollado tareas de control sobre diferentes proyectos y actividades que, enmarcados en el mencionado programa, se vienen ejecutando.
Finalmente, recordemos que el Secretariado Permanente de los Tribunales de Cuentas de la República Argentina está integrada por todos los Tribunales de Cuentas y Organismos de Control provinciales y municipales del país.
Trabajo y docentes universitarios de La Plata firmaron un convenio de formación sindical
El ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, junto al secretario General de la Asociación de Docentes de la
Universidad de La Plata (ADULP), Octavio Ismael Miloni, firmaron hoy un
convenio de formación sindical para 660 trabajadores afiliados, no
afiliados y delegados gremiales.
El acto se llevó a cabo en la sede de ADULP de la ciudad de La Plata y
contó con la presencia del coordinador de Apoyo a la Formación Sindical
del MTEySS, Ricardo Gringras. Al finalizar el
encuentro, Tomada sostuvo que “forma parte de la construcción de
democracia apostar a la formación y capacitación sindical” y agregó que
“los sindicatos tienen un rol fundamental en la construcción de la
democracia, y ahí también tuvimos que buscar el vínculo entre educación y
trabajo”.
“La formación y la capacitación sindical es también un instrumento de
liberación, de avance y de progreso social”, concluyó el Ministro.El Programa de Apoyo a la Formación Sindical (PAFS) está orientado a apoyar el fortalecimiento de los sindicatos por medio de la formación de sus afiliados, cuadros medios y dirigentes. A la vez, permite fomentar en todo el territorio nacional el debate sobre la necesidad y los alcances de la formación de cuadros político-sindicales para el fortalecimiento de la democracia, como también la creación de áreas permanentes dedicadas a esa problemática dentro de las organizaciones sindicales.
Este programa brinda asistencia técnica y financiera para el desarrollo de actividades de formación sindical. Su principio fundamental es el respeto por la autonomía de las organizaciones. Es por ello que son los propios sindicatos los que determinan los objetivos, contenidos y participantes de las actividades en función de sus propias necesidades y fines.
La carga horaria de todo el proyecto es de 95 horas, siendo 9 los cursos. La metodología consiste en talleres teórico - prácticos con espacios de reflexión conducidos por los coordinadores talleristas o facilitadores. Se realizarán dinámica de grupos, construcción pedagógica dialogada y punto de partida en la experiencia de los participantes. Se buscará reflexionar sobre los saberes propios y reconocer nuevos escenarios para la aplicación de distintas estrategias de conducción y liderazgo. Las acciones se extenderán durante 10 meses.
El Intendente Juan Pablo Anghileri y el Gobernador Daniel Scioli firmaron el convenio de adhesión para la Policía Local
Hoy por la mañana, el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli, y el Intendente, Juan Pablo Anghileri, firmaron el
convenio de adhesión del Municipio de General Rodríguez a la Policía Local.
Durante el acto, que se desarrolló en el Centro
Argentino de Seguridad (CAS) ubicado sobre la ruta provincial N° 24, también se
firmó el convenio para la implementación del programa de eficiencia energética
de luminarias led, en el distrito.
Al pronunciar unas palabras, el Intendente agradeció
el trabajo que viene realizando en materia de seguridad tanto el ministro
Alejandro Granados como el gobernador Daniel Scioli. “Con este convenio
vamos a tener la policía comunal y van a ser nuestros jóvenes, que luego de
sumarse a la campaña de reclutamiento y capacitarse, salgan a las calles a
cuidarnos”, sostuvo.
Asimismo, Anghileri destacó otra decisión importante
que ha tomado el gobierno provincial, tal como crear el departamento judicial
Moreno- General Rodríguez y la próxima apertura de fiscalía locales.
“Esto nos va servir para que la justicia sea más rápida, eficiente y
llevar más tranquilidad a los vecinos”, agregó.
Por su parte, el Gobernador explicó a los presentes
que a través de esta nueva policía “buscamos que, como sucede con el
Operativo Sol, se vea en la calle más policías y más móviles”.
En su discurso, Scioli también homenajeó al empresario
recientemente fallecido, Pascual Mastellone, recordándolo como “un hombre
que marcó una época, una impronta, un estilo”.
De la rúbrica de los convenios participaron el
secretario de Servicios Públicos bonaerense, Francisco La Porta; el subsecretario
de Planificación del Ministerio de Seguridad, Fernando Jantus de Estrada.
Además, estuvieron presentes el subsecretario de
Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Edgardo Amarilla, el
secretario de Seguridad del Municipio, Daniel Evangelista, entre otros
funcionarios, concejales, empresarios y autoridades policiales.
Cabe destacar que con la adhesión a la Policía Local,
el objetivo es fortalecer la prevención del delito, potenciar la
descentralización operativa y crear una policía con arraigo y proximidad a las
necesidades de cada territorio.
En tanto, con el segundo convenio firmado se llevará a
cabo la implementación del plan de eficiencia energética, por el cual se
reiluminará los bulevares del distrito. Esto permitirá brindar mayor calidad de
servicio, uso racional de la energía y seguridad en la vía pública.
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