Madres de Plaza de Mayo, aquellas que no claudican y luchan
por los derechos humanos de ayer y de hoy, encabezaron la movilización. Junto a
ellas estaba Ramón Cortés, uno de los trabajadores petroleros de Las Heras
condenado a prisión perpetua, e integrantes de la Asociación Ex
Detenidos-Desaparecidos, como Enrique Fukman y Nilda Eloy. Detrás, inmensas
columnas continuaban la marcha: agrupaciones sindicales, partidos políticos de
izquierda, organismos de DDHH, centros de estudiantes, bachilleratos populares,
organizaciones de cultura, entre otros.
Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
24 de marzo 2014
Compañeros y compañeras:
Hoy, a 38 años del 24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para repudiar el
golpe genocida más brutal en la historia de nuestro pueblo.
Como todos los años esta es la cita con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Nuestra cita es con la Memoria que no se deja domesticar, con la memoria que no
estafa, con la memoria que rinde homenaje a nuestros 30000 compañeros detenidos
desaparecidos y a sus sueños y se compromete con las luchas obreras y populares
del presente.
Este 24 de marzo nos encuentra luchando contra la impunidad de los genocidas,
contra las impunidades del presente, contra la represión y la criminalización
de la protesta, contra el ajuste a los trabajadores y el saqueo del país.
Por eso en este acto denunciamos que el genocida Milani, fue nombrado Jefe del
Ejército por la presidenta de la Nación. No nos olvidamos de los soldados
conscriptos que desaparecieron bajo su mando, ni olvidamos las torturas
sufridas y denunciadas por aquellos que fueron secuestrados y después
torturados por el entonces teniente Milani, que era en aquellos años tan joven
como el famoso genocida Astiz. Porque el genocidio por el que exigimos castigo
cubrió todo nuestro país y los crímenes cometidos en la provincia de La Rioja
fueron los mismos que se cometieron en todo el país.
En este acto, reivindicando la lucha de los 30000 detenidos desaparecidos,
repudiamos el discurso del 1 de marzo de la presidenta Cristina Fernández, en
el que llamó a reglamentar el derecho a manifestarse, agredió a los maestros en
conflicto y festejó el fallo aberrante que basado en testimonios arrancados
bajo tortura condenó a cuatro trabajadores de Las Heras a cadena perpetua.
El discurso de Cristina Fernández se presenta como un serio avance sobre las
libertades democráticas de nuestro pueblo y anuncia mayor criminalización de
las luchas con la vista puesta en hacer pasar el ajuste. Por eso Milani, por
eso Berni, por eso perpetua para los trabajadores de Las Heras, por eso la ley
antiterrorista, por eso el proyecto equis y por eso luchadores populares presos
y procesados.
Compañeros y compañeras:
Como cada 24 de marzo, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de
nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el
hambre.
Repudiamos la brutal represión, racional y planificada contra nuestro pueblo,
que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de
hombres, mujeres, jóvenes , niños, para sembrar el terror y que tuvo como
objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía
conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó
destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo.
Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la
cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños, que destruyó
miles de familias.
Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse
antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de
la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.
Estamos aquí para repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y
financiaron el golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la
miseria sistemática para nuestro pueblo.
Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que
entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford;
a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que
los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de
comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los
atropellos que sufrió nuestro pueblo:
¡Denunciamos y exigimos justicia!!
El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la
dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de
solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos casi 40 años de
presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra
voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas.
Nuestro pueblo luchó incansablemente contra las infames leyes de impunidad de
Alfonsín y el indulto de Menem. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre
del 2001, golpeó al régimen político que amparaba la impunidad y posibilitó la
anulación de estas leyes y la reapertura de las causas.
Hoy, a 10 años de la reapertura de las causas, hemos logrado que se realicen
juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 468
represores condenados, 61 absueltos y 6 de ellos muertos antes de escuchar
sentencia.
Esto quiere decir que sólo alrededor del 30% del total de los 2.100 procesados
desde 2003 fue llevado a juicio. Tomando como dato los 600 Centros Clandestinos
de Detención y Exterminio que funcionaron en todo el país durante la dictadura,
sólo 468 están condenados.
A 10 años de anuladas las leyes, menos de 1 represor condenado por Centro
Clandestino de Detención.
Por eso afirmamos que la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado
a su fin.
Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura
es un día ganado por la impunidad biológica: 320 son los represores que en el
transcurso de estos diez años murieron impunes antes de llegar a la justicia.
Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en
todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
Las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y
funcionales a ocultar la magnitud del genocidio.
Denunciamos a los jueces y fiscales cómplices de los genocidas que entorpecen y
demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la
posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no
lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban
parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los
sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención. El Estado no ha
entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de
Concentración.
Por eso desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se
realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de
concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros
compañeros.
Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres,
las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que hasta hoy la
política oficial no abre, y que contienen la información sobre el destino de
todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras
detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados.
Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con
ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices.
Los jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 110 y la cantidad
de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos
Genéticos sólo son 246 y estas no alcanzan para la restitución de la identidad
de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por la
dictadura.
La política oficial continúa siendo que quienes tengan dudas sobre su identidad
se ocupen de buscarla, poniendo nuevamente la carga de la prueba en las
víctimas.
El oficialismo intenta transferir el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
desde su histórico ámbito en el Hospital Durand, a la órbita del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por lo cual perdería su autonomía.
Este traslado convertirá al Banco Nacional de Datos Genéticos en la plataforma
de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales
privados. Este despojo fue producto de un nuevo acuerdo del gobierno nacional
con el macrismo.
Cárcel común y efectiva a todos los genocidas.
Apertura y publicación de todos los archivos de la dictadura.
Restitución de la identidad de los jóvenes apropiados.
