De esta manera, la normativa propone modificar el artículo 11 para establecer que en “los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato” y que “si la administración de la mencionada locación fuera ejercida por un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los inquilinos”.
Es así que la propuesta exime a los inquilinos del pago de la comisión inmobiliaria y del pago de la certificación de firmas y documentación, brinda asesoramiento legal gratuito y elimina el sistema de garantías que tanto complica a la hora de alquilar.
Por su parte, desde el Colegio Profesional Inmobiliario aseguraron que “dicha norma injusta y arbitraria tendrá como consecuencia el cierre de inmobiliarias con la afectación a sus empleados y familiares”, y afirmaron que el proyecto “persigue a la profesión y aumentará el precio de los alquileres”.
El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, precisó que “en la Ciudad hay más de un millón de inquilinos que pagamos la comisión inmobiliaria hace más de diez años y este tema ha tenido distintas situaciones” y explicó que “en principio una ley que planteaba que se podía cobrar sólo un mes de comisión pero durante diez años se cobraron dos meses; ahora junto con el Gobierno porteño presentamos una modificación para que la comisión la pague el propietario que son quienes contratan a las inmobiliarias”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario