A un paso ser Ley...La vetara??

Los Diputados de la oposicion votaron con 133 afirmativos; del oficialismo con 94 negativos y 3 abstenciones el Proyecto de Ley para ponerle un freno a las tarifas para que no aumenten más que los salario.

Ahora deberá afrontar el debate en
el Senado. De repetirse el resultado, la ley va camino al veto presidencial.

A la hora de votar también hubo tres cambios el caso de las pymes a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La futura ley sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional, y las provincias podrían adherir. Otro de los puntos centrales es el que retrotae los valores a noviembre de 2017.

También se amplió el espectro de beneficiarios de la tarifa social -se incluyó, por ejemplo, a los clubes de barrio-, y se eliminó el tope de aumentos para el transporte automotor (colectivos) y peajes.

El Gobierno Nacional ya quiere convertir en Ley la Reforma Laboral

Las propuestas estaban incluidas en el proyecto ampliado de la denominada Reforma Laboral cuyo tratamiento no pudo ser tratada sobre el fin del año pasado en el Parlamento debido a la resistencia de los sectores sociales y gremiales y los reparos planteados por legisladores de la oposición.

No obstante, la administración macrista intentará aprobarla por partes luego de su paso por la Comisión de Trabajo, a la que llegará luego de un fin de semana largo que numerosos sectores patronales se encargaron de obturar para sus trabajadores a partir de los cambios en la ley de feriados que introdujo el Gobierno.

Al haber sido presentado el viernes en el Senado, el paquete de Reforma Laboral podría ser tratado en el recinto a fines de mayo o en junio, con el Mundial de Fútbol en marcha.

El proyecto de blanqueo de empleados en negro busca eximir a los empleadores de tener que pagar multas por haber violado la legislación laboral vigente y quitarlos del registro que los hacía pasibles de sanciones si se avienen a regularizarlos, supuesto para el que tendrán un año a partir de la reglamentación de la norma. En otras parabras, las patronales podrán seguir explotando a sus trabajadores en negro (y se ahorrarán las cargas sociales que por ley deben tributar) mientras se trate, se modifique, vuelva a tratarse, vuelva a cambiarse y vaya y vuelva de una Cámara a otra, se sancione y hasta 360 días más a partir de su reglamentación.

Como si esto fuera poco, la iniciativa limpia la deuda de los empresarios puesto que prevé la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.

El eufemístico “Sistema de Prácticas Formativas” incluido en el segundo proyecto, está orientado a regular el desempeño de “estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en Empresas o Instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aún cuando adopten la forma de cooperativas”.

Si bien se establece que la carga horaria y la duración de esas pasantías se regirán por las convenviones colectivas de cada actividad, regirá un convenio de Práctica Formativa que habilita al empleador a servirse del aspirante pagándole en negro hasta por un máximo de 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales. Dicha remuneración que se denominará “Asignación Estímulo” se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa".

En otras palabras, al ser este “estímulo” no remunerativo, por más que el “practicante” cumpla con la totalidad del horario (seis horas durante ciento días a la semana, como sucede en Prensa, por ejemplo), la empleadora no le pagará cargas, adicionales ni beneficio extra que prevean los convenios de cada actividad.

El último de los proyectos de ley crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.

Respecto a su incumbencia, sostiene que competerá a la AGNET la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio.

Intendentes de la Prov de Buenos Aires van al Congreso por tema tarifazo de luz

Intendentes van este miércoles a Diputados para modificar sus tarifas

La Comisión de Asuntos Municipales, que es presidida por el representante randazzista Eduardo “Bali” Bucca,  convocaron para hoy a las 11 a intendentes de diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires con el objeto de considerar el impacto de los incrementos de las tarifas de servicios públicos.

La idea es presentar hoy el dictamen de un proyecto que permita que a los municipios les cobren la tarifa de luz como servicio público esencial, a precio de generación y no a precio de distribución.

Confirmaron ya su concurrencia los intendentes Julio Zamora (Tigre), Luis Andreotti (San Fernando), Javier Osuna (General Las Heras), Javier Gastón (Chascomús), Sandra Mayol (San Miguel del Monte) y Germán Di Césare (General Alvarado). De acuerdo con los organizadores, la movida contaría con la asistencia de un grupo de quince intendentes, provenientes del PJ, vecinalistas y Unidad Ciudadana, entre los que estaría Verónica Magario, aunque la presencia de la intendenta de La Matanza aún no ha sido confirmada.

MEDIA SANCION AL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA

 El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que penaliza la corrupción empresaria, con  cambios con respecto a la redacción original. La iniciativa, requerida especialmente por el Gobierno, obtuvo unanimidad de votos -65- y fue devuelta a la Cámara de Diputados, que se encamina a ratificar el nuevo texto.

El corazón del proyecto apunta a sancionar los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas, para cumplir con una exigencia de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Si bien la Cámara baja había incluido todos los ilícitos, el Senado devolvió al texto  original, y sólo se penalizarán los actos de corrupción.

Así, se penalizará a empresas de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.

Los senadores acordaron que la acción penal prescriba a los seis años de la comisión del delito, a diferencia del texto aprobado en Diputados, que establecía la imprescriptibilidad

Si se da el caso de “responsabilidad sucesiva” -es decir, que la empresa tome otro nombre, se transforme o se fusione-, la posibilidad de que sea penalizada subsiste. También especifica que, si se verifica el delito pero no se conoce quién lo llevó adelante físicamente, la empresa igual deberá responder como responsable.

Para el nuevo esquema de penas se tendrá en cuenta la ganancia de la empresa al momento de cometer el delito, con multas que van de dos a cinco veces el beneficio obtenido indebidamente; la suspensión total o parcial de actividades -con un máximo de diez años-; la prohibición por diez años de participar en concursos o licitaciones estatales; y la disolución de la personería gremial cuando hubiese sido creada al solo efecto de delinquir, entre otras sanciones.

En el nuevo artículo 9 se indican tres condiciones que deberán ser cumplidas para lograr la eximición de la pena: que sea la persona jurídica -y no el Estado- la que detecte el delito; que haya implementado un sistema de control y supervisión adecuado (programas de integridad o “compliance”); y que haya devuelto el beneficio obtenido de forma ilegal.

Otro de los aspectos importantes, con respecto a la extinción de la acción penal, es que en el caso de fallecimiento del actor físico del delito, el proceso contra la persona jurídica continúa.

En el artículo 16 se prevén los “acuerdos de colaboración eficaz”, donde la persona jurídica podrá comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a colaborar y brindar “datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el recupero del producto de las ganancias del delito”, a cambio de la reducción de la pena.

La nueva redacción no incorpora, tal como había pedido la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el polémico artículo que abría a las empresas la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración eficaz de tipo administrativo, por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la ley. Ese beneficio podía aplicarse al caso de Odebrecht, la firma brasilera que confesó haber cometido delitos en varios países, entre ellos Argentina.

RECHAZO AL DECRETO 698/17 SOBRE DISCAPACIDAD

Los diputados nacionales del FPV-PJ Alberto Ciampini (presidente de la comisión de Discapacidad), Lucila Masin, Mabel Carrizo y María Isabel Guerín, y el diputado del BJ Sergio Ziliotto, recibieron hoy a representantes de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, quienes reclaman la anulación del DNU 698/17, que eliminó organismos y comisiones relacionados con la discapacidad.

También expresaron su inquietud por las bajas que se han producido en los cupos para personas con discapacidad en el transporte público y por la caída en los cupos que la ley exige a los organismos públicos, así como ante las bajas en pensiones para personas con discapacidad.
Participaron: Secretaría de Discapacidad ATE Capital y ATE Provincia; Secretaría Nacional de Discapacidad CTA Matanza; Secretaría de Discapacidad ATE Congreso; Universidad Nacional de General Sarmiento; Fundación Argentina de Equinoterapia; La Solidaria; Redes de Pensionados de Florencio Varela; Observatorio de la Discapacidad zona sur; Secretaría de Discapacidad Regional Oeste CTA; SITRAJU CABA; CEDIC Matanza; Departamento de Legales CGT.

El DNU se trato hoy las 18.30 por la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

Buenos Aires,      de septiembre de 2017.-

Al Señor Presidente de la

Comisión Bicameral Permanente

De Trámite Legislativo – Ley 26.122

Dip. Nac. Marcos Cleri

S/D

            En nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Discapacidad, en respuesta a su nota de fecha 12 de septiembre de 2017, y agradeciendo la notificación efectuada, hacemos llegar a Ud. nuestra posición en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 698/17 dictado el 6 de septiembre pasado mediante, el cual se crea la Agencia Nacional de Discapacidad.

            Desde ya solicitamos que esa Comisión, en el marco de las facultades que le otorga el primer párrafo del art. 10 de la Ley 26.122, dictamine la invalidez del decreto en cuestión, ello sobre la base de los argumentos que pasamos a exponer:

1)    En primer lugar, debemos destacar que no existen los supuestos que justifican haber dictado el Decreto 698/2017. Qué situación de necesidad y urgencia puede motivar al Poder Ejecutivo a disolver dos importantes organismos que fueron creados y vienen funcionando para el resguardo de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La exigencia de necesidad y urgencia es esencial para la validez de cualquier DNU, mucho más cuando se tratan materias reservadas exclusivamente al Congreso de la Nación, como es la de legislar en materia de derechos humanos.

En este sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en autos “Consumidores Argentinos v. EN - PEN - Dto. 558/02 - SS - ley 20.091 s/amparo ley 16.986, 19-5-10”) resolviendo que: “Cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición contenida en el art. 99, inc. 3 de dicho texto (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay)”.

“Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 558/02 - que introdujo modificaciones a la ley 20091 - de entidades de seguros y su control-, pues dichas reformas incorporadas por el Poder Ejecutivo no traducen una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional en el sector, sino que, por el contrario, revisten el carácter de normas permanentes modificatorias de leyes del Congreso Nacional”.

“Dado que el texto constitucional no habilita a concluir en que la necesidad y urgencia a la que hace referencia el inciso 3 del art. 99 de la Constitución Nacional sea la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en imponer su agenda- habitualmente de origen político circunstancial- sustituyendo al Congreso de la Nación en el ejercicio de la actividad legislativa que le es propia-, cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 558/02 - que introdujo modificaciones a la ley 20.091 (de entidades de seguros y su control), pues tal norma no supera el test de validez constitucional fundado en el examen de la concurrencia de dichas razones excepcionales (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda)”.

2)    La necesidad y urgencia invocadas en los fundamentos del decreto en cuestión, queda totalmente desdibujada si se tiene en cuenta que el Honorable Congreso se encuentran actualmente en período de sesiones, y existe actualmente un proyecto de ley en este sentido, aprobado por unanimidad en la Comisión de Discapacidad de esta Cámara de Diputados.

Podemos ver claramente que la única necesidad y urgencia en el caso del decreto que nos ocupa, es la de disolver dos organismos que otrora han proporcionado vastos derechos a un sector de la población en situación de vulnerabilidad, creando ahora instituciones que desde su propia gestación violan la Constitución. Nos referimos específicamente a  la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 26.378 y con rango constitucional otorgado por Ley 27.044.

3)    La Convención, en su artículo 4, punto 3, establece que: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”; y luego en el punto 3 del Artículo 33 “Aplicación y seguimiento”, dispone que: “La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento” [respecto del cumplimiento de la Convención].

4)    Pues bien, el Decreto 698/2017 eliminó las comisiones asesoras que sí contenía la CONADIS, por medio de las cuales se aseguraba la participación y voz de las organizaciones de y para personas con discapacidad, y lo que es más grave aún, el referido decreto fue dictado sin escuchar previamente la voz de las personas involucradas, sin convocar a una audiencia previa, y confiriendo al nuevo organismo creado (Agencia Nacional de Discapacidad) una impronta meramente política, sin intervención alguna de las asociaciones y de las personas con discapacidad.

5)    También corresponde informar sobre algunas de las tantas cuestiones estrictamente técnicas, respecto de la terminología y la hermenéutica de decreto en sí mismo:

                       A) En el artículo 1° se utiliza la terminología: “PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD” en violación a la “CONVENCIÓN Y PROTOCOLO FACULTATIVO”, la terminología correcta es “PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.

                        B) Por otra parte, la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD también tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas que reciben beneficios mensuales para personas hemofílicas infectadas con HIV (LEY 25.869) y personas que comprendidas en el sistema de protección integral para personas trasplantadas (LEY 26.928). Preocupa a esta Comision de Discapacidad que se crucen problemáticas de salud con la discapacidad, es sabido que esta, no es ni puede considerarse una enfermedad. Por lo tanto, que la misma agencia tenga a su cargo estos temas de tan distinta génesis por lo menos resulta preocupante.

                       C) En el marco de la gestión financiera (que refiere el art. 3° inc. 2 del DNU) no ha dispuesto la pertinente modificación de la Ley de Cheques. Recordemos que la Ley 24.452 y sus modificatorias (conforme anexo II integrado al art. 7) y la Ley 25.730 – con sus modificatorias- dispone un fondo constituido por las multas por rechazo de los cheques bajo la administración de la CONADIS ahora disuelta. Por lo cual ese fondo queda sin administración responsable. ESTOS RECURSOS SON LOS QUE FINANCIAN LOS PROYECTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE APRUEBA EL COMITÉ ASESOR Y LA PRESIDENCIA DE LA CONADIS.

                       D) El inc. 4 del mismo art. 3 de DNU cuestionado, autoriza a tomar créditos internacionales o nacionales (contraer deudas) sin límites, sin especificar prohibición de financiar gastos corrientes y sin establecer normas de contralor previas, pudiendo constituirse en persona jurídica sin especificar, de que tipo, y sin intervención de la SIGEN y de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN. Es decir, esta nueva agencia con autarquía, autonomía que se ha creado para ejecutar supuestas políticas para la temática de la discapacidad, escapa a todo control, no ya de la sociedad civil, sino también a los controles del propio Estado.

                       E) En los inc. 7, 8, 9 y 10 del art. 3 del DNU, se observa una superposición de funciones con el Ministerio de Trabajo, ya que solo dispuso la supresión de funciones con relación al Ministerio de Desarrollo Social.

                       F) Debemos destacar que en la redacción del DNU, encontramos una seria “desprolijidad” normativa que lleva a grandes confusiones y conflictos normativos, lo cual redundará (sin dudas) en perjuicio de los derechos de las personas con discapacidad. Por un lado, se dispone la supresión (desaparición) de la CONADIS. Luego se establece la continuidad limitada a los fines del art. 1 del decreto, que crea la agencia que reemplazará a la CONADIS y a la COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES.

Al disponerse la supresión (disolución, desaparición, inexistencia) de la CONADIS y no estableciéndose la derogación implícita o expresa de los Decretos 1101/87 y 984/92 de CREACIÓN y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES de la CONADIS, Decreto 806/11 de CAMBIO DE NOMBRE, y el Decreto 1455/96 de CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES, debe destacarse que todos estos decretos siguen vigentes por lo que hay una colisión normativa, que como ya se dijo perjudicará la interpretación y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La confusión de normas solo hará que los operadores del sistema de prestaciones o cualquier otro intérprete interesado no tenga claridad en la norma aplicable.

                       G) POR OTRA PARTE AL SEGUIR VIGENTE EL DECRETO 806/11 QUE DISPONE EL FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CONADIS Y AL ESTAR SUPRIMIDA LA CONADIS, EL OBSERVATORIO QUEDA SIN ESPACIO PARA SU FUNCIONAMIENTO AFECTÁNDOSE A LAS ORGANIZACIONES DE Y PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN EL MISMO.

H) FINALMENTE SE AFECTA LAS AUTONOMÍAS PROVINCIALES Y EL FEDERALISMO POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

                       I.- NO SE HA MODIFICADO LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD PARA DISPONER EL REEMPLAZO DE LA CONADIS POR LA AGENCIA CON LO CUAL NO ESTA GARANTIZADA LA ARTICULACIÓN ENTRE LA NACIÓN Y LAS JURISDICCIONES.

                       II.- ESTA FALTA DE GARANTÍA REFUERZA EL CENTRALISMO DE LA AGENCIA CUYAS FUNCIONES ESTÁN ORIENTADAS A NIVEL NACIONAL Y AL SECTOR PRIVADO PRIMORDIALMENTE.

                       I) Reiterando lo ya manifestado, y dado que resulta la mayor crítica que podemos realizar a este DNU, por la violación a la CONVENCIÓN, al suprimir LA CONADIS trae como efecto lógico y necesario la supresión del COMITÉ TÉCNICO que estaba integrado por titulares y suplentes representantes de  los MINISTERIOS de EDUCACIÓN, TRABAJO, ECONOMÍA, SALUD, RELACIONES EXTERIORES, SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, DEFENSA, INTERIOR, y de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, entre otros, con lo cual, se agudizó la centralización en la funciones sin coordinar ni trabajar en red hacia dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Y como lógica consecuencia de la supresión de la CONADIS, queda sin funcionamiento el COMITÉ ASESOR, que estaba integrado por las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad. CON ESTA ULTIMA SUPRESIÓN DEL COMITÉ ASESOR SE AGRAVA LA VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN YA QUE SE VULNERA EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

                       J) También debe observarse que en la planilla anexa al artículo 1°, se menciona en reiteradas oportunidades el término “personas en situación de discapacidad”, cuando no hay DEFINICIÓN LEGAL DE SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, ni en “LA CONVENCIÓN” ni en el “PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD ES UNA DEFINICIÓN DOCTRINARIA (DE AUTORES) A PARTIR DEL ENFOQUE DEL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. Todo lo cual resulta una terminología que podríamos tachar de discriminatoria.

Por último, no podemos dejar de realizar un análisis político, tanto de las circunstancias por la cual los legisladores nos enteramos del dictado de este DNU, sino también del accionar del Poder Ejecutivo en relación al Parlamento.

El miércoles 30 de agosto pasado, concurrió a la Comisión de Discapacidad el Lic. Javier Ureta Sáenz Peña nombrado recientemente Presidente de la COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD quien sorpresivamente no tenía respuesta alguna acerca del Plan Nacional de Discapacidad -publicitado y promovido por la Vicepresidenta Gabriela Michetti-, ignorando también todo lo respectivo a la disolución de la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES.

El funcionario, que desconocía en qué consistía el plan, que no sabía cuántas y cómo se habían restituido las pensiones a las personas con discapacidad, no mencionó ni una sola palabra respecto de la disolución de la CONADIS y de la Comisión Nacional de Pensiones. Así como el Poder Ejecutivo ha ignorado a las organizaciones de y para las personas con discapacidad, el funcionario citado a la Comisión de Discapacidad que integramos, también ignoró a los representantes del pueblo. Era obvio que sabía de la puesta en marcha del Ejecutivo respecto de la creación de esta nueva Agencia.

El hermetismo del Lic. Javier Ureta Sáenz Peña, respondía a la estrategia que viene desarrollando este gobierno en cuanto a paralizar toda la labor parlamentaria, desconocer nuestra actividad y obstruir el proceso legislativo.

Desde la Comisión de Discapacidad se ha dictaminado un proyecto de ley que actualiza todo nuestro sistema jurídico en materia de discapacidad, y que concretiza los derechos reconocidos por la Convención. Este proyecto se encuentra literalmente paralizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dicho proyecto que adopta un nuevo criterio y paradigma, dejando atrás la obsoleta Ley 22.431, no es tenido en cuenta por el Oficialismo. Pero mediante un DNU, que ni siquiera cumple con los requisitos de la necesidad y la urgencia, viene a legislar en la materia, no sólo desconociendo el trabajo legislativo que se ha elaborado durante estos años, sino que se ratifica el carácter tuitivo y paternalista de la Ley 22.431.

Por todo lo expuesto, y agradeciendo nuevamente la consulta y el pedido de participación, le manifestamos Señor Presidente, que las autoridades y los integrantes de la Comisión de Discapacidad, participaremos del debate en la Comisión Bicameral que Ud. preside. -

EDUCACION PARA UN TRABAJO MEJOR.SIGLO XXI

El Gobierno de la Ciudad impulsa una reforma de raíz de la escuela secundaria a partir de 2018. Los cambios son : no habrá materias independientes, si no que estarán integradas dentro "áreas de conocimiento"; se reemplazará las notas numéricas de 1 al 10 por una sistema de créditos; no habrá más repitencia completa del año (se recuperarán contenidos), y algo que ya es cuestionado por el sector docente: trabajar en el último año de clases.

La reforma se trata de una serie de cambios que impulsa el Ministerio de Educación nacional y el Consejo Federal, el organismo que reúne a las carteras educativas de todas las provincias, con el objetivo de desalentar la deserción y ajustar las escuelas a los requerimientos del mercado laboral.

El nuevo esquema educativo en análisis, denominado como "Secundario del Futuro", incluye dos años de ciclo básico, dos años de ciclo orientado y un quinto año que será "integrador y formativo más allá de la escuela".

Em este sentido, el último año de escolaridad estará orientado al aprendizaje dentro de las empresas y al desarrollo de habilidades vinculadas al emprendedorismo. Según la visión oficial, se trata de un esquema que permite articular la educación con el mundo del trabajo, pero desde los gremios rechazan la idea ya que apuntaría a incluir en las compañías "mano de obra" flexible y barata. Es más, una de las consignas del paro docente que realizaron algunos sindicatos el viernes pasado fue el rechazo a esta reforma en carpeta, a la que califican de "neoliberal" y al "servicio de las empresas".

Andrea Bruzos, subsecretaria de Coordinación Pedagógica del ministerio de Educación porteño, aseguró que los contenidos a dictarse serán los mismos a los de la vigente "Nueva Escuela Secundaria" (NES), que se está aplicando hace cuatro años, y que la reforma tiene que ver con un cambio en el "paradigma cultural" de enseñar.

Un ejemplo del giro pedagógico es que las materias estarán más integradas unas con otras. Se agruparán en cuatro áreas de conocimiento: ciencias sociales y humanidades, científico tecnológico, comunicación y expresión, y orientacione.

También habrá otro método de aprendizaje, con el eje puesto a que los estudiantes logren una mayor autonomía y puedan trabajar de manera colaborativa. Se prevé que en el 30% de la clase el docente introduzca los contenidos, mientras que el 70% restante se dedique al desarrollo de las capacidades autogestivas.

Con respecto a la inserción laboral en el último año, el sistema de pasantías o de "prácticas profesionalizantes" no estaría únicamente dirigido a empresas. Deberá estar planificado, junto con el Ministerio de Educación, desde una perspectiva pedagógica. Este esquema similar ya se aplica en escuelas técnicas y colegios privados.

Existirá también la opción para los estudiantes de quinto año de que arranquen en ese tramo con las materias comunes del CBC de la UBA, u otras de institutos terciarios.

El régimen escolar proyectado empezará a correr para los alumnos que arranquen en primer año en 2018; para el resto, continuará el esquema vigente. Se aplicará primero en 17 escuelas públicas, para completar las 143 del distrito en 2021.

ALQUILERES PORTEÑOS. LOS CUATROS PUNTOS FUNDAMENTALES A FAVOR DE LOS INQUILINOS

  La comisión inmobiliaria no será pagada por los inquilinos, sino por los dueños. 

· Las inmobiliarias no podrán cobrar por los gastos de gestoría ni de administración.

· Los derechos de los inquilinos y de los propietarios deberán estar visibles en los sitios de Internet y en las oficinas de las inmobiliarias. De la misma manera, estarán presentes en las redes sociales y sitios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

· El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) será el encargado de velar por los derechos de los inquilinos y de los propietarios, que trabajará en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para brindar asistencia legal gratuita.