La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó hoy, a las 10.10, a la Argentina luego de una gira que incluyó una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, y su participación en la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner partió rumbo a Roma el jueves 18 de septiembre, para mantener el sábado pasado un almuerzo con el Papa Francisco en Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano.
De allí se trasladó a Nueva York, donde el lunes se reunió con el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon; con el empresario George Soros, y con representantes de organizaciones sindicales internacionales.
Ayer la Jefa del Estado expuso en la reunión anual de la ONU, donde pidió a la Asamblea General que "retome los poderes que delegó en el Consejo de Seguridad". Además, afirmó que la Argentina se presenta como triple leading case por su conflicto con los fondos buitre; por los atentados sufridos en la AMIA y la Embajada de Israel; y por su reclamo sobre las Islas Malvinas.
Luego ofreció un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que invitó a revisar las metodologías con las que se lucha contra el terrorismo. “Lo que no puede hacerse con los caníbales es comérselos”, afirmó Cristina Fernández y agregó que la lógica del terrorismo “está basada en generar una reacción simétrica que lo justifique”.
Finalmente, la Jefa del estado mantuvo una audiencia con el CEO de la compañía eléctrica AES Corporation, Andres Glusky, y la vicepresidenta de la firma, Scarlett Álvarez.
Antes de partir rumbo a Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa. Allí sostuvo que la Argentina ratifica su voluntad del pago de la deuda soberana y opinó que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, “ha puesto los depósitos efectuados (para el pago a los bonistas que entraron en la reestructuración de la deuda) en un limbo, porque no están ni embargados ni tampoco los devuelve". Destacó la importancia de que la ONU avance en la redacción de un marco legal internacional sobre las reestructuraciones de deuda soberana y advirtió sobre la existencia de terrorismo financiero.
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