El canciller Héctor Timerman impulsará mañana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, la aprobación de una resolución presentada por el país para investigar el impacto de las actividades de los fondos buitre sobre los derechos económicos, sociales y culturales.
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Timerman presentará mañana la resolución titulada “Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Las actividades de los fondos buitres”.
De aprobarse, la comunidad de naciones daría otro importante paso condenando a los fondos buitre luego del impacto conseguido por la histórica resolución, aprobada recientemente en la Asamblea General de la ONU, que llama a establecer un marco legal para las reestructuraciones de deuda.
El debate de una resolución en el máximo foro mundial en materia de derechos humanos abona la línea sostenida por la Argentina, que señala que este asunto excede con creces una problemática financiera, por tratarse de un asunto político con profundas consecuencias en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.
La resolución presentada por la Argentina solicita que el Consejo de Derechos Humanos elabore un informe de investigación sobre el impacto de las actividades de los fondos buitres sobre los derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos en varias resoluciones y decisiones resaltó los desafíos que la carga de la deuda externa representa para la plena realización de los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, ya que crea dificultades adicionales para los países en desarrollo, afectando el derecho al desarrollo, reduciendo la capacidad fiscal y, por lo tanto, contribuyendo a la extrema pobreza.
El experto Independiente en Deuda Externa del Consejo de Derechos Humanos, Cephas Lumina, señaló recientemente que los denominados “fondos buitre” intentan, mediante litigios, embargo de activos, presión política y otros medios, obligar a los países deudores a desviar los recursos financieros ahorrados por la cancelación de la deuda; y anulan los posibles beneficios del alivio de la deuda para estos países, menoscabando de este modo la capacidad de los gobiernos de garantizar el disfrute de los derechos humanos de su población.
Al finalizar el debate y la votación, Timerman brindará una conferencia de prensa en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.
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