En el expediente que es de autoría del diputado porteño de Verde Alameda Gustavo Vera, y lleva las firmas de sus compañeros de UNEN y de tres bloques más, se expresa la “profunda preocupación” ante la falta de reglamentación de la norma y se exige al Gobierno Nacional que “tome las medidas necesarias para subsanar esta situación”.
Además, se explica que la trata de personas se constituye como un delito federal “porque se consume generalmente en distintas jurisdicciones y fronteras dentro y fuera del país”. Y que es “un flagelo con efectos sociales inconmensurables que pone en riesgo la vida, la integridad física y psíquica de sus víctimas y familiares”.
“Los países de América Latina, entre ellos la República Argentina, están afectados, en distinto grado, por condiciones de inseguridad, inequidad social y económica, pobreza generalizada y falta de oportunidades, lo que convierte a la región en una zona especialmente vulnerable a este delito”, se advierte en la iniciativa presentada.
Los legisladores reclaman al Ejecutivo de la Nación porque en diciembre de 2012, con el voto unánime de oficialistas y opositores, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley N° 26.842, modificatoria de la Ley 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.
El nuevo texto, que reemplazó algunos artículos de la ley previa, sancionada en 2008, eliminó el consentimiento como causa de eximición de la pena y ordenó al Estado a brindar asistencia a las víctimas. También contempla una pena de prisión de cuatro a seis años “para quien explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. También, indica que el castigo se eleva de diez a quince años en caso de que la víctima sea menor de 18 años.
En esa oportunidad, el proyecto se aprobó en sesiones extraordinarias que fueron convocadas con urgencia por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la conmoción social que desató el fallo que absolvió a todos los acusados del secuestro y desaparición de Marita Verón.
Cumpliendo con los pasos correspondientes con la aprobación de una nueva norma, la ley de trata debería haberse reglamentado en marzo del 2013.
Los firmantes del expediente impulsado por Vera coinciden en que “la velocidad del trámite parlamentario no fue suficiente, ya que el Ejecutivo incumplió los 90 días que tenía para reglamentar la norma, que hoy por hoy no presenta efectos concretos”.
Por otra parte, advierten que “la omisión en la reglamentación posibilita la continuidad de un statu quo propicio a la vulneración de los derechos de miles de víctimas e impide la implementación de planes federales que podrán evitar o disminuir la comisión del delito de trata de personas o de formas tradicionales y naturalizadas de explotación”.
“Expresamos la necesidad urgente de que el Poder Ejecutivo Nacional reglamente una ley fruto de larguísimas discusiones y dificultosos consensos, aprobada hace más de un año evitando así formas de discrecionalidad gubernamental alejadas de la república imperante”, fundamentaron los legisladores porteños.
El proyecto fue presentado formalmente por Gustavo Vera (Verde Alameda), pero fue acompañado por los legisladores del Pro Jorge Garayalde, María Raquel Herrero, Héctor Huici, Diana Martínez Barrios, Oscar Moscariello, Carmen Polledo, Daniel Presti, Roberto Quattromano, Francisco Quintana, Helio Rebot, Cristian Ritondo y Paula Villalba.
También firmaron la iniciativa Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica; Cristina García y Graciela Ocaña, de Confianza Pública; y María Inés Gorbea de SUMA +; y Alejandro Bodart del MST.
En total, sumando a Vera, son 19 los legisladores porteños que presentaron el pedido, en forma de proyecto de declaración, para que el Gobierno Nacional reglamente la ley de trata, aprobada en diciembre de 2012.
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