23 de abril de 2014
La Cámara de Diputados debate desde el mediodía el acuerdo con Repsol
Con el objetivo de concluir la controversia internacional que abrió la expropiación de YPF en 2012, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados se dispone a sancionar la ley que ratifica el acuerdo entre la Casa Rosada y Repsol para indemnizar con 5.000 millones de dólares a la petrolera española.
La sesión especial convocada por el oficialismo comenzó a las 12.10, una vez que se formó el quórum con diputados kirchneristas, aliados y opositores de distintos partidos. La reunión comenzó con 132 legisladores, aunque podrían haber sido más si se tienen en cuenta todos los que permanecían parados.
Pese a que el único tema a debatir es el acuerdo con Repsol, se espera que la reunión se extienda por más de doce horas.
El bloque que conduce Juliana Di Tullio prevé sancionar la ley sin modificaciones, con los votos del Frente para la Victoria, sus aliados tradicionales (Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro, Movimiento Solidario Popular, PJ La Pampa) y de un puñado de disidentes que apoyan el acuerdo.
La Unión Cívica Radical, el interbloque Frente Amplio Progresista y los porteños de UNEN se opondrán firmemente al acuerdo, tal como lo hicieron sus representantes en la Cámara alta.
Los integrantes del Frente Amplio UNEN cuestionan no solo el monto de los 5.000 millones de dólares que se le pagarán a Repsol en concepto de indemnización, sino también los pasivos ambientes que a su entender no están contemplados en la compensación.
En cambio, los diputados de Unión Pro y del Frente Renovador confirmaron que se abstendrán, ya que si bien cuestionan algunos términos del acuerdo además de la expropiación de 2012, prefieren no oponerse a una medida que consideran le ahorrará problemas al país en el plano internacional. Otro que se inclinaría por la abstención es Francisco de Narváez.
El acuerdo
En el acuerdo, la Casa Rosada se comprometió a promulgar antes del 1º de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al convenio y la autorización para la emisión de deuda pública que será destinada al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
El entendimiento entre el Gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas desde la expropiación de mayo de 2012, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
El acuerdo contempla una compensación de alrededor de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
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