El domingo 24 de marzo se realizo la marcha por
el golpe civicomilitar...
La oposición llamo a la concentración a las
14hs en Av.de Mayo y Saenz Peña para
marchar a Plaza de Mayo; el oficialismo concentro en 9 de julio y Av de Mayo a las 15hs para ir
hacia la Plaza.
Para evitar una confrontación la oposición tomo
un camino alternativo que fue Diagonal Norte hasta llegar a la Plaza y esperar
que el oficialismo terminara con su acto.Para realizar hacer ellos su acto.
A continuación los dos discursos
Discurso del oficialismo
Compañeros y
compañeras: estamos acá para compartir un año más este inmenso acto de
militancia, para recordar que hace 37 años, el 24 de marzo de 1976, se cometió
un golpe de Estado cívico-militar. Otro intento más para detener las luchas
populares. La Junta Militar, integrada por los genocidas Jorge Rafael Videla,
Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, inauguró un período de terror y
exterminio que intentó aniquilar a quienes estaban organizados para defender la
Patria Grande. El terrorismo de Estado se instaló y usó el método de la
desaparición forzada de personas para perseguir y exterminar. Cientos de
centros clandestinos fueron las sucursales del horror. Más de siete años de
dictadura, dejaron un saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos, miles de
asesinados, exiliados y más de diez mil presos políticos. Los delitos que se
cometieron a lo largo y ancho del país fueron de lesa humanidad: fueron
crímenes contra todo el pueblo.
Hoy estamos acá nuevamente, en esta Plaza que nos vio llegar en plena dictadura cívico-militar, esquivando las garras del horror. Acá vinimos para empezar a juntarnos, mientras la Casa Rosada era ocupada por el genocida Jorge Rafael Videla. Las Abuelas, Madres, Padres y Familiares veníamos con la exigencia de la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos. Nos reprimieron, echaron, persiguieron e incluso desaparecieron. Por eso hoy reivindicamos con todo nuestro amor a esas primeras Madres que fueron secuestradas por el Grupo de Tareas de la ESMA, entregadas por el genocida Alfredo Astiz. Acá decimos el PRESENTE por esas compañeras: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco.
Pasaron muchos años desde aquel terrorismo de Estado que empezó antes
del 24 de marzo de 1976. Su antecesor fue la Triple A: la Alianza Anticomunista
Argentina a la que le agregamos la cuarta A de asesina. Pasaron 37 años de
aquel día en el que se decidió por arriba del pueblo y se usurpó el poder del
Estado.
Nuestra historia está marcada por el dolor de muchos daños al pueblo.
Hace ya más de 500 años, sufrimos el genocidio con el que vinieron por nuestras
tierras y masacraron a sus legítimos ocupantes y nos robaron todo. Esos mismos
descendientes hoy siguen luchando por el derecho a la tierra, al reconocimiento
histórico de la propiedad colectiva. Son todas las comunidades que persisten a
pesar de los que intentan desalojarlos, reprimirlos y matarlos. Exigimos el
cese inmediato de la violencia empresarial e institucional que hostiga, reprime
y mata a los pueblos originarios.
Vamos a llegar a los 30 años de democracia. Tenemos que valorarla,
estar juntos para mejorarla, profundizarla, luchar por todo lo que falta. Los
enemigos de la democracia son los mismos de siempre, nunca se van. Pero cuando
el pueblo es más fuerte, no pueden hacer más que retroceder. En este tiempo que
vivimos, ya no permitimos que ningún monopolio de la palabra decida por arriba
del voto popular: ya no pueden pisar más nuestros votos, ni bajar gobiernos, ni
intentar gobernar con la mentira.
Tenemos que defender todas las victorias. Porque cuando decimos que vamos por más, decimos que vamos por todos nuestros derechos. Y eso sólo puede preocuparles a los pocos que se niegan a la redistribución de la riqueza, a los que no son capaces de sentir el sueño colectivo de una Patria para todos.
Se cumplen 10 años desde aquel 2003 en el que se asumió como política de Estado Nacional terminar con la impunidad para los asesinos de nuestro pueblo, reconociendo la lucha histórica por justicia. Una década en la que avanzamos como nunca y que nos permite ir por más y profundizar el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy podemos decir que hay más de 400 genocidas condenados. Pero la mayor parte de los fallos aún no está firme y eso nos preocupa: exigimos que el Poder Judicial, desde sus instancias de Casación y la Corte, confirmen los veredictos con mayor celeridad. Hay genocidas condenados, incluso a perpetua, que caminan entre nosotros porque los jueces los dejan sueltos hasta que se confirme el fallo, trámite que puede tardar años.
También exigimos que se agilicen aún más los tiempos de los juicios, que se trabaje mejor en las instancias de instrucción de las causas, que los juicios sean realmente orales y públicos y se transmitan para todo el país, que se encuentre a todos los genocidas prófugos. Y con la urgencia del primer día, exigimos una respuesta sobre qué pasó con los compañeros Silvia Suppo y Jorge Julio López.
En este momento hay juicios en todo el país y esto es algo inédito e histórico a nivel mundial. Sin ir más lejos, el nefasto Plan Cóndor está siendo juzgado acá, para que no quede impune aquel operativo conjunto de los Estados Unidos con los Estados terroristas de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Sabemos que las victorias de los pueblos no tienen fronteras y que este juicio es para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica que aún siguen luchando por justicia. Por eso también queremos decir una vez más que repudiamos la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, que optó por garantizar la impunidad: reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al pueblo uruguayo en la lucha por Juicio y Castigo.
En Argentina se juzga a genocidas, porque acá se decidió escuchar no sólo a los familiares y sobrevivientes, sino a todo un país reclamando por el Juicio y Castigo para todos los asesinos de nuestro pueblo. Eso pasó diez años atrás, cuando el ex Presidente Néstor Kirchner decidió que la impunidad no iba a ser eterna y que para construir otro proyecto de país, una Patria para todos, había que reconocer la lucha del pueblo y asumir el compromiso histórico del Estado para hacer justicia. Y cuatro años después, la Presidenta Cristina Fernández, lo reasumió y lo sigue profundizando.
Hay muchas cosas que quedan por hacer y otras sobre las que se avanzó como nunca, como es el caso de la participación civil en el terrorismo de Estado. Se ordenó investigar a la empresa Loma Negra y el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; se procesó a Pedro Blaquier, dueño de la empresa Ledesma; se destituyó a los jueces Otilio Romano y Luis Miret, y este último será juzgado junto con los ex jueces Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren y Gabriel Guzzo; el juez Pedro Hooft fue suspendido y será sometido a juicio político; dos civiles son juzgados en la mega causa ESMA, son Juan Alemann, ex Secretario de Hacienda, y Gonzalo Torres de Tolosa, ex funcionario judicial; y se avanzó en la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa. La justicia empieza a tener que reconocer la parte civil del Golpe, incluidos algunos miembros de su corporación.
Pero como dijimos el año pasado en esta misma Plaza: los grupos económicos también fueron la dictadura. No pueden quedar impunes y tenemos que avanzar en las responsabilidades de Mercedes Benz, Acíndar, La Veloz del Norte, Astarsa, Fiat, Techint, Macri, City Bank, La Nación, Clarín, Ledesma, la Sociedad Rural Argentina, Ford, Loma Negra y tantas otras empresas. Hace pocos días murió uno de los ideólogos de ese plan económico de hambre y exclusión que atentó contra las victorias y derechos de los trabajadores: José Martínez de Hoz. Murió impune, pero con la condena social de todo el pueblo.
El Poder Judicial debe avanzar sobre la participación de la Iglesia en el terrorismo de Estado: debe haber Juicio y Castigo para esa parte de la Iglesia que no sólo optó por el silencio, sino también por participar en los crímenes. Se hizo muy poco hasta ahora. Además, institucionalmente, jamás hemos escuchado un mensaje que condene el accionar de sus integrantes en la dictadura y sí vemos cómo se niegan a apartar a Christian Von Wernich, sacerdote condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad que sigue siendo parte de la Iglesia. Por otra parte, como un justo homenaje, queremos reivindicar a esos quienes desde la base de esa institución decidieron abrazar las luchas del pueblo y conformaron la Iglesia Tercermundista. Ahí estaban Angelelli, Murias, Longueville, Silva, Adur, Domon, Duquet y Mugica, luchando junto a muchos otros compañeros por una Iglesia del pueblo.
Nos preocupa la falta de avance sobre la causa por los crímenes de la Triple A: debe haber Juicio y Castigo para los responsables. Ya hay procesados, pero la causa no avanza. Así como el año pasado se juzgó y condenó a algunos de los fusiladores de la Masacre de Trelew exigimos que se avance sobre los asesinos de la Triple A.
Tenemos que defender todas las victorias. Porque cuando decimos que vamos por más, decimos que vamos por todos nuestros derechos. Y eso sólo puede preocuparles a los pocos que se niegan a la redistribución de la riqueza, a los que no son capaces de sentir el sueño colectivo de una Patria para todos.
Se cumplen 10 años desde aquel 2003 en el que se asumió como política de Estado Nacional terminar con la impunidad para los asesinos de nuestro pueblo, reconociendo la lucha histórica por justicia. Una década en la que avanzamos como nunca y que nos permite ir por más y profundizar el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy podemos decir que hay más de 400 genocidas condenados. Pero la mayor parte de los fallos aún no está firme y eso nos preocupa: exigimos que el Poder Judicial, desde sus instancias de Casación y la Corte, confirmen los veredictos con mayor celeridad. Hay genocidas condenados, incluso a perpetua, que caminan entre nosotros porque los jueces los dejan sueltos hasta que se confirme el fallo, trámite que puede tardar años.
También exigimos que se agilicen aún más los tiempos de los juicios, que se trabaje mejor en las instancias de instrucción de las causas, que los juicios sean realmente orales y públicos y se transmitan para todo el país, que se encuentre a todos los genocidas prófugos. Y con la urgencia del primer día, exigimos una respuesta sobre qué pasó con los compañeros Silvia Suppo y Jorge Julio López.
En este momento hay juicios en todo el país y esto es algo inédito e histórico a nivel mundial. Sin ir más lejos, el nefasto Plan Cóndor está siendo juzgado acá, para que no quede impune aquel operativo conjunto de los Estados Unidos con los Estados terroristas de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Sabemos que las victorias de los pueblos no tienen fronteras y que este juicio es para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica que aún siguen luchando por justicia. Por eso también queremos decir una vez más que repudiamos la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, que optó por garantizar la impunidad: reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al pueblo uruguayo en la lucha por Juicio y Castigo.
En Argentina se juzga a genocidas, porque acá se decidió escuchar no sólo a los familiares y sobrevivientes, sino a todo un país reclamando por el Juicio y Castigo para todos los asesinos de nuestro pueblo. Eso pasó diez años atrás, cuando el ex Presidente Néstor Kirchner decidió que la impunidad no iba a ser eterna y que para construir otro proyecto de país, una Patria para todos, había que reconocer la lucha del pueblo y asumir el compromiso histórico del Estado para hacer justicia. Y cuatro años después, la Presidenta Cristina Fernández, lo reasumió y lo sigue profundizando.
Hay muchas cosas que quedan por hacer y otras sobre las que se avanzó como nunca, como es el caso de la participación civil en el terrorismo de Estado. Se ordenó investigar a la empresa Loma Negra y el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; se procesó a Pedro Blaquier, dueño de la empresa Ledesma; se destituyó a los jueces Otilio Romano y Luis Miret, y este último será juzgado junto con los ex jueces Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren y Gabriel Guzzo; el juez Pedro Hooft fue suspendido y será sometido a juicio político; dos civiles son juzgados en la mega causa ESMA, son Juan Alemann, ex Secretario de Hacienda, y Gonzalo Torres de Tolosa, ex funcionario judicial; y se avanzó en la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa. La justicia empieza a tener que reconocer la parte civil del Golpe, incluidos algunos miembros de su corporación.
Pero como dijimos el año pasado en esta misma Plaza: los grupos económicos también fueron la dictadura. No pueden quedar impunes y tenemos que avanzar en las responsabilidades de Mercedes Benz, Acíndar, La Veloz del Norte, Astarsa, Fiat, Techint, Macri, City Bank, La Nación, Clarín, Ledesma, la Sociedad Rural Argentina, Ford, Loma Negra y tantas otras empresas. Hace pocos días murió uno de los ideólogos de ese plan económico de hambre y exclusión que atentó contra las victorias y derechos de los trabajadores: José Martínez de Hoz. Murió impune, pero con la condena social de todo el pueblo.
El Poder Judicial debe avanzar sobre la participación de la Iglesia en el terrorismo de Estado: debe haber Juicio y Castigo para esa parte de la Iglesia que no sólo optó por el silencio, sino también por participar en los crímenes. Se hizo muy poco hasta ahora. Además, institucionalmente, jamás hemos escuchado un mensaje que condene el accionar de sus integrantes en la dictadura y sí vemos cómo se niegan a apartar a Christian Von Wernich, sacerdote condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad que sigue siendo parte de la Iglesia. Por otra parte, como un justo homenaje, queremos reivindicar a esos quienes desde la base de esa institución decidieron abrazar las luchas del pueblo y conformaron la Iglesia Tercermundista. Ahí estaban Angelelli, Murias, Longueville, Silva, Adur, Domon, Duquet y Mugica, luchando junto a muchos otros compañeros por una Iglesia del pueblo.
Nos preocupa la falta de avance sobre la causa por los crímenes de la Triple A: debe haber Juicio y Castigo para los responsables. Ya hay procesados, pero la causa no avanza. Así como el año pasado se juzgó y condenó a algunos de los fusiladores de la Masacre de Trelew exigimos que se avance sobre los asesinos de la Triple A.
Los juicios son orales y públicos, por eso les decimos, una vez más,
que hay que asistir: los juicios a los genocidas son ahora. Tenemos que
defender los juicios y acompañar a los testigos. Les pedimos que participen
más, que llenemos las salas de compromiso.
Ahí están los genocidas en el banquillo, mudos con sus pactos de silencio. No nos dicen nada. No dan ni un solo dato que nos ayude a encontrar a los casi 400 nietos que buscamos, ni sobre los cuerpos de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. No somos sólo los familiares los que necesitamos la verdad: todos tenemos el derecho a saber qué pasó con los detenidos-desaparecidos, a encontrarlos y decidir dónde hacer un duelo, y también tenemos el derecho a saber qué les hicieron, quiénes lo hicieron y que no queden impunes. Sabemos que esa verdad es un reclamo masivo: falta que lo sepan ellos y hablen. Para tener la verdad también necesitamos
que se abran y desclasifiquen todos los archivos que faltan.
Tenemos un largo camino recorrido buscando que el Poder Judicial nos represente. Puertas cerradas en la cara, hábeas corpus rechazados, jueces amigos de asesinos, jueces devenidos en abogados defensores de genocidas, secretarios y fiscales en las sesiones de torturas, jueces que cajonean causas o filtran información para los imputados; es parte de todo lo que vimos en 37 años de búsqueda de justicia. Hoy llegó la hora de gritar muy fuerte que el tiempo de las corporaciones se terminó y que en la calle se exige un cambio fundamental para que empiece a ser un Poder que nos represente a todos.
Cuando Susana Trimarco cuenta que en la búsqueda de su hija Marita Verón vive casi las mismas situaciones que nosotros hace más de 30 años, comprobamos que falta demasiado, que el Poder Judicial sigue estando al servicio de unos pocos: de los poderosos. Porque no nos representa el fallo de la vergüenza y la absolución que dejó impunes a los culpables del secuestro y trata de Marita Verón, no nos representan los jueces de la dictadura que cometieron delitos de lesa humanidad y siguen en actividad, no nos representan los miembros de la corporación judicial que impiden la vigencia plena de la ley de medios.
Tampoco nos representa ese Poder Judicial que criminaliza la pobreza y la protesta, que nos hace correr detrás de medidas cautelares para que los espacios públicos de la ciudad sigan siendo lugares de salud, como el Borda.
No nos representa el Poder Judicial que garantiza la impunidad para los asesinos de José Luis Cabezas, de María Soledad Morales, para quienes desaparecieron a Miguel Brú, y para los asesinos del 2001. Pasaron más de 10 años: sobró tiempo para investigar, juzgar y condenar. También pasaron 18 años del atentado a la AMIA, y seguimos diciendo que necesitamos llegar a la verdad y la justicia.
Tampoco nos representa ese Poder Judicial que deja impunes a quienes persiguen y matan a los pueblos originarios, y que dispone medidas cautelares para impedir que el Estado Nacional recupere el predio que la Sociedad Rural Argentina obtuvo a un precio vil. Esa misma Sociedad Rural que integró el sector civil de la última dictadura cívico-militar.
No nos representan Romero Victorica, Bisordi, Lona, Rueda y De Las Carreras. Este tiempo político, este proceso histórico de transformación social, necesita un Poder Judicial que represente al pueblo. ¡Basta de corporación! ¡Basta de jueces que defienden a los poderosos de siempre! ¡Basta de jueces al servicio de la injusticia y la impunidad!
El Poder Judicial actúa de forma corporativa: Los mismos que dieron el Golpe hoy vuelven a estar unidos a la corporación judicial para preservar sus intereses políticos y económicos. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una lucha que empezó hace décadas y que fue reconocida por dos Poderes del Estado, pero no por el Judicial. Ahí se cristaliza el funcionamiento de ese Poder. El pueblo luchó por esta ley de la democracia, el Gobierno Nacional acompañó, los representantes elegidos por el voto popular en el Congreso también acompañaron, pero el Poder Judicial traba la plena vigencia. Así, ese Poder está eligiendo entre dos opciones: defender los intereses del pueblo o los de Clarín. Exigimos que la ley de medios tenga vigencia plena y podamos tener de una vez por todas una Patria con todas las voces.
Si no es democrático, el Poder Judicial es de clase: es para pocos, para los que más tienen y menos quieren redistribuir. Siempre fue así. Por eso, así como decimos que los grupos económicos también fueron la dictadura, la corporación judicial también lo fue, y estaban de la mano. Empresas y jueces al servicio del capital financiero e internacional.
Por eso es urgente democratizar la Justicia, porque queremos que la justicia sea un derecho y no un privilegio. A la justicia le falta pisar la calle, oler a pueblo, caminar la realidad. Democratizar la justicia implica hacerla representativa e igualitaria. El Poder Judicial debe llenarse de pueblo. Debe llenarse de las experiencias de aquellos abogados militantes, compañeros defensores de presos políticos que fueron desaparecidos. Hoy acá queremos reivindicar a Ortega Peña, De Pedro, Antokoletz, Santucho, Fresneda, Bustos, La Blunda, Amaya, Taboada y en ellos a todos aquellos abogados y abogadas que decidieron luchar con y por el pueblo.
Esperamos que la justicia esté a la altura de los hechos cuando en pocas semanas dicte el fallo a los asesinos del compañero Mariano Ferreyra. Vamos a estar todos en la sentencia esperando escuchar la condena a prisión perpetua para Pedraza. Y con ese reconocimiento a la figura del instigador, esperamos que la justicia también avance con Sobisch por el asesinato de Carlos Fuentealba, y con Duhalde por los de Maxi Kosteki y Darío Santillán.
La impunidad sólo genera más impunidad: con esa consigna siempre dijimos que el desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura debía ser efectivo en lo material y en lo ideológico. La violencia institucional es una de las tantas consecuencias de que durante décadas la única política oficial sobre delitos de lesa humanidad hayan sido el olvido y el silencio.
Son las mismas prácticas criminales de las Fuerzas de Seguridad las que ahora nos arrancaron a todos a Luciano Arruga en Lomas del Mirador y a Facundo Rivera Alegre en Córdoba. Son las mismas prácticas, profundizadas por la impunidad, las que deben ser erradicadas por completo, porque esta democracia no puede seguir teniendo a miembros de las Fuerzas que no respeten los derechos humanos ni a responsables políticos que no los hagan respetar. Las cárceles y comisarías tienen que dejar de ser centros de tortura y asesinatos, tienen que dejar de ser sucursales de la violencia institucional.
Tenemos que unirnos todavía más para erradicar la violencia institucional. Por eso, tenemos que gritar muy fuerte: ¡ni un pibe menos, ni uno solo!
Las Fuerzas de Seguridad tienen que terminar de aprender a ser democráticas. Cuando se salen del camino institucional, son peligrosas. Por eso tenemos que decir que repudiamos los espionajes ilegales que hagan las Fuerzas, porque ya hemos vivido eso y conocemos sus consecuencias.
Sabemos que ya está en la justicia la causa por las acciones de Gendarmería, esperamos que se actúe pronto para esclarecer qué pasó y quiénes son los responsables.
Necesitamos seguir fortaleciendo la democracia entre todos. Este acto, este encuentro, es un gran momento de democracia. Y vamos a seguir caminando juntos para profundizar el proyecto de la Patria Grande.
Este proceso histórico de lucha contra la impunidad nos abrió también la posibilidad de resinificar los ex centros clandestinos y crear sitios de memoria. Vamos dando pasos colectivos para hacer de esos lugares que fueron territorio del terror, espacios de vida, memoria, militancia, compromiso, reivindicación, solidaridad y proyectos. No podemos pensar en una memoria estática, en blanco y negro: debemos seguir fortaleciendo un relato sobre lo que pasó ahí, sobre el funcionamiento de los cientos de centros clandestinos de detención, tortura, exterminio y robo de bebés, para profundizar la memoria, denunciar los delitos y para que se sepa qué hizo el horror con los compañeros detenidos-desaparecidos. Pero también queremos que se cuente quiénes eran esos compañeros y por qué luchaban. El relato y el recuerdo no pueden ser monopolizados por el horror, no puede quedarse ahí la memoria, porque tenemos que contar quiénes eran esos militantes para conocer la historia que reivindicamos.
Pero en esta Ciudad que habitamos y que queremos cambiar no hay políticas del Gobierno de la Ciudad para apoyar los avances en la construcción de sitios de memoria: la política oficial es más cercana al silencio y al olvido. Por eso, denunciamos una vez más que el Gobierno de Mauricio Macri no trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, y eso es muy grave. Vamos a defender los espacios de memoria, a pesar de las embestidas, porque el recuerdo ayuda a no repetir la historia y a reivindicar a los compañeros.
Ahí están los genocidas en el banquillo, mudos con sus pactos de silencio. No nos dicen nada. No dan ni un solo dato que nos ayude a encontrar a los casi 400 nietos que buscamos, ni sobre los cuerpos de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. No somos sólo los familiares los que necesitamos la verdad: todos tenemos el derecho a saber qué pasó con los detenidos-desaparecidos, a encontrarlos y decidir dónde hacer un duelo, y también tenemos el derecho a saber qué les hicieron, quiénes lo hicieron y que no queden impunes. Sabemos que esa verdad es un reclamo masivo: falta que lo sepan ellos y hablen. Para tener la verdad también necesitamos
que se abran y desclasifiquen todos los archivos que faltan.
Tenemos un largo camino recorrido buscando que el Poder Judicial nos represente. Puertas cerradas en la cara, hábeas corpus rechazados, jueces amigos de asesinos, jueces devenidos en abogados defensores de genocidas, secretarios y fiscales en las sesiones de torturas, jueces que cajonean causas o filtran información para los imputados; es parte de todo lo que vimos en 37 años de búsqueda de justicia. Hoy llegó la hora de gritar muy fuerte que el tiempo de las corporaciones se terminó y que en la calle se exige un cambio fundamental para que empiece a ser un Poder que nos represente a todos.
Cuando Susana Trimarco cuenta que en la búsqueda de su hija Marita Verón vive casi las mismas situaciones que nosotros hace más de 30 años, comprobamos que falta demasiado, que el Poder Judicial sigue estando al servicio de unos pocos: de los poderosos. Porque no nos representa el fallo de la vergüenza y la absolución que dejó impunes a los culpables del secuestro y trata de Marita Verón, no nos representan los jueces de la dictadura que cometieron delitos de lesa humanidad y siguen en actividad, no nos representan los miembros de la corporación judicial que impiden la vigencia plena de la ley de medios.
Tampoco nos representa ese Poder Judicial que criminaliza la pobreza y la protesta, que nos hace correr detrás de medidas cautelares para que los espacios públicos de la ciudad sigan siendo lugares de salud, como el Borda.
No nos representa el Poder Judicial que garantiza la impunidad para los asesinos de José Luis Cabezas, de María Soledad Morales, para quienes desaparecieron a Miguel Brú, y para los asesinos del 2001. Pasaron más de 10 años: sobró tiempo para investigar, juzgar y condenar. También pasaron 18 años del atentado a la AMIA, y seguimos diciendo que necesitamos llegar a la verdad y la justicia.
Tampoco nos representa ese Poder Judicial que deja impunes a quienes persiguen y matan a los pueblos originarios, y que dispone medidas cautelares para impedir que el Estado Nacional recupere el predio que la Sociedad Rural Argentina obtuvo a un precio vil. Esa misma Sociedad Rural que integró el sector civil de la última dictadura cívico-militar.
No nos representan Romero Victorica, Bisordi, Lona, Rueda y De Las Carreras. Este tiempo político, este proceso histórico de transformación social, necesita un Poder Judicial que represente al pueblo. ¡Basta de corporación! ¡Basta de jueces que defienden a los poderosos de siempre! ¡Basta de jueces al servicio de la injusticia y la impunidad!
El Poder Judicial actúa de forma corporativa: Los mismos que dieron el Golpe hoy vuelven a estar unidos a la corporación judicial para preservar sus intereses políticos y económicos. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una lucha que empezó hace décadas y que fue reconocida por dos Poderes del Estado, pero no por el Judicial. Ahí se cristaliza el funcionamiento de ese Poder. El pueblo luchó por esta ley de la democracia, el Gobierno Nacional acompañó, los representantes elegidos por el voto popular en el Congreso también acompañaron, pero el Poder Judicial traba la plena vigencia. Así, ese Poder está eligiendo entre dos opciones: defender los intereses del pueblo o los de Clarín. Exigimos que la ley de medios tenga vigencia plena y podamos tener de una vez por todas una Patria con todas las voces.
Si no es democrático, el Poder Judicial es de clase: es para pocos, para los que más tienen y menos quieren redistribuir. Siempre fue así. Por eso, así como decimos que los grupos económicos también fueron la dictadura, la corporación judicial también lo fue, y estaban de la mano. Empresas y jueces al servicio del capital financiero e internacional.
Por eso es urgente democratizar la Justicia, porque queremos que la justicia sea un derecho y no un privilegio. A la justicia le falta pisar la calle, oler a pueblo, caminar la realidad. Democratizar la justicia implica hacerla representativa e igualitaria. El Poder Judicial debe llenarse de pueblo. Debe llenarse de las experiencias de aquellos abogados militantes, compañeros defensores de presos políticos que fueron desaparecidos. Hoy acá queremos reivindicar a Ortega Peña, De Pedro, Antokoletz, Santucho, Fresneda, Bustos, La Blunda, Amaya, Taboada y en ellos a todos aquellos abogados y abogadas que decidieron luchar con y por el pueblo.
Esperamos que la justicia esté a la altura de los hechos cuando en pocas semanas dicte el fallo a los asesinos del compañero Mariano Ferreyra. Vamos a estar todos en la sentencia esperando escuchar la condena a prisión perpetua para Pedraza. Y con ese reconocimiento a la figura del instigador, esperamos que la justicia también avance con Sobisch por el asesinato de Carlos Fuentealba, y con Duhalde por los de Maxi Kosteki y Darío Santillán.
La impunidad sólo genera más impunidad: con esa consigna siempre dijimos que el desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura debía ser efectivo en lo material y en lo ideológico. La violencia institucional es una de las tantas consecuencias de que durante décadas la única política oficial sobre delitos de lesa humanidad hayan sido el olvido y el silencio.
Son las mismas prácticas criminales de las Fuerzas de Seguridad las que ahora nos arrancaron a todos a Luciano Arruga en Lomas del Mirador y a Facundo Rivera Alegre en Córdoba. Son las mismas prácticas, profundizadas por la impunidad, las que deben ser erradicadas por completo, porque esta democracia no puede seguir teniendo a miembros de las Fuerzas que no respeten los derechos humanos ni a responsables políticos que no los hagan respetar. Las cárceles y comisarías tienen que dejar de ser centros de tortura y asesinatos, tienen que dejar de ser sucursales de la violencia institucional.
Tenemos que unirnos todavía más para erradicar la violencia institucional. Por eso, tenemos que gritar muy fuerte: ¡ni un pibe menos, ni uno solo!
Las Fuerzas de Seguridad tienen que terminar de aprender a ser democráticas. Cuando se salen del camino institucional, son peligrosas. Por eso tenemos que decir que repudiamos los espionajes ilegales que hagan las Fuerzas, porque ya hemos vivido eso y conocemos sus consecuencias.
Sabemos que ya está en la justicia la causa por las acciones de Gendarmería, esperamos que se actúe pronto para esclarecer qué pasó y quiénes son los responsables.
Necesitamos seguir fortaleciendo la democracia entre todos. Este acto, este encuentro, es un gran momento de democracia. Y vamos a seguir caminando juntos para profundizar el proyecto de la Patria Grande.
Este proceso histórico de lucha contra la impunidad nos abrió también la posibilidad de resinificar los ex centros clandestinos y crear sitios de memoria. Vamos dando pasos colectivos para hacer de esos lugares que fueron territorio del terror, espacios de vida, memoria, militancia, compromiso, reivindicación, solidaridad y proyectos. No podemos pensar en una memoria estática, en blanco y negro: debemos seguir fortaleciendo un relato sobre lo que pasó ahí, sobre el funcionamiento de los cientos de centros clandestinos de detención, tortura, exterminio y robo de bebés, para profundizar la memoria, denunciar los delitos y para que se sepa qué hizo el horror con los compañeros detenidos-desaparecidos. Pero también queremos que se cuente quiénes eran esos compañeros y por qué luchaban. El relato y el recuerdo no pueden ser monopolizados por el horror, no puede quedarse ahí la memoria, porque tenemos que contar quiénes eran esos militantes para conocer la historia que reivindicamos.
Pero en esta Ciudad que habitamos y que queremos cambiar no hay políticas del Gobierno de la Ciudad para apoyar los avances en la construcción de sitios de memoria: la política oficial es más cercana al silencio y al olvido. Por eso, denunciamos una vez más que el Gobierno de Mauricio Macri no trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, y eso es muy grave. Vamos a defender los espacios de memoria, a pesar de las embestidas, porque el recuerdo ayuda a no repetir la historia y a reivindicar a los compañeros.
Todos ellos tenían una vida comprometida con la militancia. Por eso los
reivindicamos, porque luchaban por una Patria para todos. Cuando pensamos en
los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos pensamos en la alegría. Siempre
los recordaremos sonriendo. Siempre. Ahora escuchamos sus risas en sus hijos y
nietos. Entonces, ¿cómo no militar los sitios de memoria y todas las luchas con
alegría? Queremos que se cuente qué hizo el terrorismo de Estado con los
compañeros, pero también que se cuente cómo eran sus vidas antes de eso: cómo luchaban,
amaban, pensaban la Patria, festejaban la vida, se comprometían con el
pueblo.
Los 30.000 luchaban por la vida. Era una época en la que el proyecto de una Patria Grande requería de una unión profunda de los pueblos, a la que se le respondió con un plan criminal de los Estados terroristas, siempre con la participación incondicional de Estados Unidos. Hoy tenemos otra historia para contar: nos estamos uniendo cada vez más y ya no tenemos un gobierno que abra las puertas para que se lleven todo y nos empobrezcan. Tenemos un proyecto de país que busca crecer, consolidarse, ser cada día más inclusivo y solidario.
Los 30.000 luchaban por la vida. Era una época en la que el proyecto de una Patria Grande requería de una unión profunda de los pueblos, a la que se le respondió con un plan criminal de los Estados terroristas, siempre con la participación incondicional de Estados Unidos. Hoy tenemos otra historia para contar: nos estamos uniendo cada vez más y ya no tenemos un gobierno que abra las puertas para que se lleven todo y nos empobrezcan. Tenemos un proyecto de país que busca crecer, consolidarse, ser cada día más inclusivo y solidario.
Latinoamérica está unida con proyectos políticos de gobiernos populares
que son cada vez más fuertes. Por eso, decimos que cuando tocan a uno nos tocan
a todos y que ningún intento golpista podrá volver a pasar por arriba de
nuestros pueblos. No lo vamos a permitir. Vamos a defender las victorias.
Porque tenemos la posibilidad de volver a pensar en la alegría, el futuro, el
amor, de proyectar, militar, sentirnos parte.
El año pasado ocurrió un hecho gravísimo: se atentó contra el gobierno democrático de Fernando Lugo en Paraguay. Ya pasaron casi cuatro años del Golpe a Manuel Zelaya en Honduras, en el que tuvo participación la Corte Suprema de Justicia de ese país. Lo dijimos entonces y lo repetimos: ¡tenemos una Patria cada vez más grande que ya le dijo basta a los golpes de Estado! ¡Vamos a defender la democracia, porque luchamos mucho por esta libertad!
Cuando hablamos de Patria Grande no podemos dejar de pensar en el compañero Hugo Chávez, a quien despedimos hasta siempre pocos días atrás. Estos cambios históricos que vive nuestra región tuvieron el impulso de hombres y mujeres que decidieron cambiar el rumbo de la historia. Hablamos de presidentas y presidentes comprometidos con el pueblo. Compañero Hugo Chávez: ¡hasta la victoria, siempre!
Los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos luchaban por un proyecto de país para todos. Pero la dictadura cívico-militar se impuso para instalar un plan económico, político, social y cultural de terror y exclusión. Ese era el objetivo de los genocidas: un país dependiente, sin justicia social, con derechos para pocos.
El año pasado ocurrió un hecho gravísimo: se atentó contra el gobierno democrático de Fernando Lugo en Paraguay. Ya pasaron casi cuatro años del Golpe a Manuel Zelaya en Honduras, en el que tuvo participación la Corte Suprema de Justicia de ese país. Lo dijimos entonces y lo repetimos: ¡tenemos una Patria cada vez más grande que ya le dijo basta a los golpes de Estado! ¡Vamos a defender la democracia, porque luchamos mucho por esta libertad!
Cuando hablamos de Patria Grande no podemos dejar de pensar en el compañero Hugo Chávez, a quien despedimos hasta siempre pocos días atrás. Estos cambios históricos que vive nuestra región tuvieron el impulso de hombres y mujeres que decidieron cambiar el rumbo de la historia. Hablamos de presidentas y presidentes comprometidos con el pueblo. Compañero Hugo Chávez: ¡hasta la victoria, siempre!
Los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos luchaban por un proyecto de país para todos. Pero la dictadura cívico-militar se impuso para instalar un plan económico, político, social y cultural de terror y exclusión. Ese era el objetivo de los genocidas: un país dependiente, sin justicia social, con derechos para pocos.
Nosotros reivindicamos la lucha inmensa que dieron esos 30.000 hombres
y mujeres para cambiar la historia. Y, a pesar de que hoy no están, creemos que
pudieron, que no nos han vencido. Porque estamos acá y podemos decir que lo que
ellos hicieron fue hermoso: se comprometieron y lucharon por lo que creían
justo. Reivindicarlos, poder decir en qué organizaciones políticas, sindicales,
estudiantiles y sociales militaron nos llena de orgullo, porque tomaron la
política como herramienta, esa política de los barrios, las fábricas, las
calles. Eran militantes del pueblo.
Tal vez nos lleve algún tiempo dimensionar del todo la ampliación de derechos de estos últimos 10 años. Pero es necesario mirar para atrás permanentemente y pensar qué luchas empezaron hace mucho y en esta década llegaron a ser victorias: la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, el Juicio y Castigo a los genocidas, la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la recuperación del empleo, la asignación universal por hijo, la estatización de YPF y las AFJP, la decisión de reclamar de manera pacífica la soberanía sobre las Islas Malvinas. Esta democracia tiene más derechos: vamos a defenderlos e ir por más.
Tal vez nos lleve algún tiempo dimensionar del todo la ampliación de derechos de estos últimos 10 años. Pero es necesario mirar para atrás permanentemente y pensar qué luchas empezaron hace mucho y en esta década llegaron a ser victorias: la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, el Juicio y Castigo a los genocidas, la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la recuperación del empleo, la asignación universal por hijo, la estatización de YPF y las AFJP, la decisión de reclamar de manera pacífica la soberanía sobre las Islas Malvinas. Esta democracia tiene más derechos: vamos a defenderlos e ir por más.
Acá estamos todos juntos. Sintiéndonos parte de la historia. Qué lindo
se siente estar orgulloso de las victorias colectivas. Nosotros estamos
emocionados, porque cada vez somos más en esta Plaza. Y acá traemos nuestros
recuerdos y ustedes nos acompañan con tantos abrazos y amor que nos llenan de
emoción.
Los 30.000 están acá. Sí, acá y en todas partes. Están con ustedes,
están en los dedos en ve o el puño en alto que levantamos cuando decimos
PRESENTES, están en cada sonrisa que se ve en la calle, en cada pañuelo de las
Madres, en cada lucha por profundizar, en la militancia: en este sueño
colectivo que es la Patria Grande.
Ya tenemos las banderas de los 30.000 en
las manos. Les pedimos que las cuidemos, las defendamos, las abriguemos, las
abracemos, y que, por sobre todas las cosas, ¡las llevemos juntos a la
victoria!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
HERMANOS DE DESAPARECIDOS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
H.I.J.O.S.: HIJOS E HIJAS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO
MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
HERMANOS DE DESAPARECIDOS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
H.I.J.O.S.: HIJOS E HIJAS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO
MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA
Discurso de la oposición
Documento
del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
24 de marzo 2013
Compañeros y compañeras:
El 24 de marzo nos
convoca año a año en esta Plaza para repudiar el golpe más brutal de nuestra
historia. Estamos aquí, y en todas las plazas del país, reivindicando los
sueños y la lucha de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas que
dieron su vida por conquistar un país sin opresión, sin explotación, sin
injusticia, sin represión.
Decimos presente
en esta cita con la Memoria, la Verdad y la Justicia y con el compromiso
militante de mirar el futuro con las banderas de la rebeldía que la dictadura
no pudo acallar.
Estamos aquí,
apoyando las crecientes luchas de los trabajadores y de nuestro pueblo en
defensa de sus derechos y contra cualquier forma de represión y criminalización
de la protesta. ¡Decimos presente! A nuestros 30.000 compañeros detenidos
desaparecidos y decimos también ¡Presente! a todos los luchadores populares
asesinados por la represión durante los gobiernos constitucionales
En esta cita
histórica de nuestro pueblo, de cada 24 de marzo, repudiamos a la dictadura
que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el
endeudamiento, la explotación y el hambre.
Repudiamos la
brutal represión, racional y planificada contra nuestro pueblo, que tiene un
nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de hombres,
mujeres, jóvenes, niños, como paradigma del terror y que tuvo como objetivo
aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir
profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas
las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de
delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales,
profesionales, las más diversas militancias
Repudiamos los
campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio,
el secuestro, la tortura, el robo de niños, que impuso la más brutal dictadura
que conoce nuestra historia.
Denunciamos
también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del
golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A
y demás bandas fascistas en todo el país.
Estamos aquí para
repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el
golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la miseria
sistemática para nuestro pueblo.
Denunciamos
también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron
cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la
mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los
ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de
comunicación que les lavaron la cara a todos ellos. Por todos y cada uno de los
compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro
pueblo: ¡Denunciamos y exigimos el camino iniciado con el heroísmo de las
madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia anti dictatorial de
nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su
continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles en los que varias
generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a
los genocidas.
La anulación de
las infames leyes de impunidad de Alfonsín primero y el indulto menemista
posterior, abrieron la posibilidad de juzgar a los genocidas. Este logro
histórico de nuestra lucha no hubiera sido posible sin la rebelión popular del
19 y 20 de diciembre del 2001.
Hoy, a casi 10
años, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro
país, con un resultado de 396 represores condenados y poco más de 1000
procesados. Este año han comenzado los juicios de la ESMA, en Buenos Aires; La
Perla en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los
tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados.
Sin embargo la
impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin.
Existieron más de
600 centros clandestinos durante la dictadura y no llegamos ni a 2 represores
por campo condenados! Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes
cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica: 396 son
los represores condenados y 320 los represores que murieron impunes antes de
llegar a la justicia.
Hay más de 60
represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país
gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Hace pocos días Martínez de
Hoz, el ministro hacedor de la miseria planificada impuesta por la dictadura,
que contaba con el beneficio del arresto domiciliario, murió en su lujoso
departamento del edificio Kavanagh sin recibir condena.
Denunciamos que
las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y
funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios
por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están
procesados.
Denunciamos a los
jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y
denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las
medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace.
Por eso desde la
anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios
contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por
todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.
CARCEL COMÚN Y
EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
Exigimos la
apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y
los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información
sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras
detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados.
Luchamos por la
identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos
en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. La política
oficial no abre los archivos y sólo impulsa que quienes duden de sus orígenes,
se hagan una prueba genética.
Los jóvenes que
recuperaron su identidad hasta el momento son 108 y la cantidad de grupos de
familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos Genéticos
sólo son 246 y estas no alcanzan para la restitución de la identidad de las
restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por la dictadura.
Por eso exigimos
que se establezca rápidamente un mecanismo para que las muestras de todos los
restos óseos sin identificar integren el Banco Nacional de Datos Genéticos y
que todos los familiares de víctimas de desaparición forzada puedan integrar la
base del Banco. De está manera aumentará la identificación de personas nacidas
en cautiverio o secuestradas en sus primeros años de vida y que actualmente no
pueden ser identificadas por no haber muestras genéticas de sus familias.
Exigimos la máxima
transparencia en el manejo de los datos y que se impida su manipulación
política por parte de organismos del Estado.
APERTURA y
PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.
RESTITUCIÓN DE LA
IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS.
Desarmar la
impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo
de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión
política que el Gobierno no tiene.
Nuestros
compañeros Julio López, secuestrado en el 2006 y Silvia Suppo, asesinada en el
2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los
genocidas son hoy símbolos que evidencian descarnadamente la continuidad del
aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el
gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos
nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad.
Exigimos también el esclarecimiento del asesinato de Mirta Raia en Tucumán.
Con todos estos
años de lucha hemos derrotado la teoría de los dos demonios, logramos anular
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y reabrir las causas contra los
genocidas.
En los juicios no
solo buscamos la condena de los genocidas, sino también damos pasos en la
construcción de una memoria y una historia desde las luchas e intereses
populares. Por eso los Centros Clandestinos de Detención deben ser espacios de
denuncia de los crímenes contra el pueblo y de construcción de memoria. Una
memoria que recupere la historia, las luchas, las banderas y sueños por los que
lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: la de un país sin
opresores ni oprimidos; sin explotadores ni explotados.
Nos oponemos a que
los Centros clandestinos de detención se transformen en lugares de recreación.
Por eso nos oponemos a que en la ESMA se realicen festivales, cursos de cocina,
o que haya payasos o murgas.
Repudiamos el
asado proselitista realizado en la ESMA por el Ministro Alak, el viceministro
Álvarez y el secretario de derechos humanos Fresnedas. Esos “asaditos”, con su
siniestra significación, asociada a tortura y muerte, son una ofensa a la
memoria colectiva. Por eso repudiamos las declaraciones de la Presidenta, que
afirma que “en la ESMA hubo asados y los seguirá habiendo”.
Denunciamos el
nuevo intento del gobierno nacional de banalizar el Casino de Oficiales de la
ESMA, modificando el único lugar que queda realmente como Espacio de la
Memoria, como relato de lo sucedido en las 17 manzanas que ocupaba ese Centro
Clandestino. Cuesta creer que se proponga instalar una fuente de agua y
realizar intervenciones arquitectónicas en el lugar donde se mantenía
secuestrados y torturados a los compañeros.
El gobierno dice
que donde hubo muerte debe haber alegría, porque este sería el proyecto de país
por el que lucharon los 30000 detenidos desaparecidos. Les decimos que no es
cierto, que nuestros 30000 detenidos desaparecidos lucharon para terminar con
la desigualdad y la dominación y por construir un país solidario. Y que
entonces la única alegría posible es continuar la lucha para hacer realidad sus
sueños.
Compañeras y
compañeros:
Salimos, una vez
más, a denunciar la impunidad de ayer y de hoy. Por eso hoy denunciamos al
gobierno nacional, que pretende adueñarse de las banderas de derechos humanos,
que honramos con nuestra lucha de tantos años, para ocultar su responsabilidad
en la continuidad de la impunidad y su política de mano dura hacia las luchas
populares.
Denunciamos que
Cristina Fernández de Kirchner tiene una política que privilegia la entrega y
descarga la crisis sobre las espaldas de nuestro pueblo. El gobierno paga la
usuraria y fraudulenta deuda externa, denunciada por años por el movimiento
popular y las organizaciones de derechos humanos. Garantiza ganancias
millonarias a empresas extranjeras que saquean nuestros recursos y sobre
explotan a los trabajadores, mantiene compromisos con empresas imperialistas de
la minería contaminante, refuerza sus vínculos con los agro negocios como el de
la rosca sojera, y la extranjerización de la tierra.
Asegura los
beneficios a su propio grupo económico y a sus amigos, como Monsanto, y
mantiene y profundiza las reformas anti obreras del menemismo.
Porque estamos
comprometidos con la historia, el presente y el futuro, somos parte de las
luchas que recorren todo el país: puebladas, cortes de calles y rutas, huelgas,
acampes, piquetes, las más diversas acciones que dan voz a la defensa de los
derechos de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados, de los estudiantes,
de los pueblos que defienden las condiciones ambientales de la depredación, de
los campesinos, de los pueblos originarios, de quienes reclaman tierra y
vivienda, salud y educación. Saludamos al pueblo de Esquel en el décimo
aniversario del plebiscito que le dijo no a la Mina con el 82 % de los votos. Y
con ellos y con todos los asambleístas decimos no a la mega minería a cielo
abierto.
La inflación
devora los ingresos populares. El supuesto congelamiento de los precios y la
tarjeta Moreno son un fraude para imponer los topes salariales. Continúa el
impuesto al salario y cientos de miles de trabajadores se quedan sin salario
familiar, mientras la asignación universal por hijo no cubre las mínimas
necesidades y no llega a todos.
Estos hechos son
la verdadera contracara de un discurso enmascarador, que pretende vender a su
gobierno como progresista, nacional, popular y defensor de los derechos
humanos. Denunciamos también a los gobiernos provinciales del oficialismo y la
oposición que despliegan políticas de ajuste en sus provincias.
El ajuste provoca
la reacción de millones de trabajadores, como se demostró en numerosas luchas y
en el paro general del 20 de noviembre.
Saludamos desde
esta Plaza la lucha de los docentes y estatales que recorre la Argentina y
ratificamos la necesidad de superar las medidas parciales con un plan de lucha
y un nuevo paro general. Hoy vemos con mucha preocupación que, junto a la
política de ajuste y entrega y como respuesta a la movilización popular, el
gobierno avanza en la represión y la criminalización de la protesta. En estos
10 años de gobierno kirchnerista han sido asesinados numerosos luchadores
populares, y su número ha crecido en forma cualitativa en los últimos 3 años.
Las luchas por tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos,
por los derechos de los pueblos originarios, y contra esta política de hambre y
entrega encuentra una y otra vez nombres propios de asesinados del movimiento
popular.
Marcelo Cuellar y
Cristian Ibáñez (Jujuy)- Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte (Neuquén)- Javier
Chocobar (Tucumán)-Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas
(Bariloche)- Mariano Ferreira- Roberto López y Mario López (Formosa)- Bernardo
Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano) – Juan
Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy)- Mártires López (Chaco)-Cristian
Ferreyra (Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (Avellaneda)-Jeremías Trasunte,
Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario, Santa Fe)- Noemí
Condorí (Escobar)- Miguel Galván (Santiago del Estero) - Celestina Jara y su
nieta de ocho meses (Formosa) - Imer Flores (Chaco) - Juan Manuel Asijak de 16
años (Formosa). Exigimos la aparición con vida de Daniel Solano, joven
trabajador desaparecido hace más de un año en Río Negro.
En el último año
se multiplicaron las acciones represivas directas: La represión encabezada por
el Coronel Sergio Berni contra los trabajadores de la línea 60 y los
desocupados y trabajadores de cooperativas que cortaron Panamericana y fueron
llevados al ex Centro CD de Campo de Mayo, se continuó con la represión en
Bariloche, y en días recientes con la acción de la bonaerense contra la
pueblada de Junín y los camioneros de Lomas de Zamora y la de la Metropolitana
de Macri en Parque Centenario y la Sala Alberdi.
La existencia de
presos políticos durante este gobierno, como los compañeros de Corral de Bustos
y Bariloche, no sólo es una violación a los derechos humanos más elementales,
sino que convierte a los detenidos en rehenes ejemplificadores para todo el
movimiento popular.
Reclamamos la
libertad inmediata de los presos de Bariloche y Corral de Bustos!!!!
El número de
procesados por luchar aumenta con cada conflicto, mientras permanecen impunes
los responsables de crímenes contra el pueblo.
Garrahan, Kraft,
Fate, ATE Neuquén, dirigentes del Movimiento de desocupados, son sólo algunos
de los casos que enfrentan juicios con los que se pretende castigar a los que
luchan.
Exigimos el cierre
de las causas y anulación de las condenas a los 5000 luchadores populares
procesados y la sanción inmediata del proyecto de ley contra la criminalización
de la protesta!!
Denunciamos el
espionaje y la infiltración en el movimiento obrero y popular que se expresa en
el Proyecto Equis. Se ha puesto de manifiesto la mentira de la ministra Garré
que pretendía reducir a un software lo que es, en realidad una actividad
planificada y sistemática sobre las organizaciones populares, que se utiliza
para armar causas contra los que luchan. Este espionaje viola derechos
constitucionales básicos. Este es el concepto de seguridad democrática de
Garré, Berni y Aníbal Fernández. Desde hace más de un año, venimos denunciando
a Gerardo Martínez, espía de la dictadura y espía después del 83, amparado por
el gobierno de Cristina Fernández.
Exigimos el
desmantelamiento del proyecto X y de todos los programas de espionaje a las
organizaciones populares.
Cuando no se apeló
a la represión directa, se utilizó la represión tercerizada.
Denunciamos la
persecución de los trabajadores por parte de burocracias sindicales, asociadas
a las patronales y a las patotas, como en el caso de Volkswagen Córdoba,
Sitraic, Bosch, los trabadores del Programa Buenos Aires Presente, de la Ciudad
de Buenos Aires, petroleros y docentes de Santa Cruz, entre otros.
El desarrollo del
juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que está entrando en su etapa
final, confirma abrumadoramente la responsabilidad de Pedraza, su patota y los
policías implicados en el crimen. Con el crimen de Mariano actuaron en defensa
del régimen de tercerización laboral y de beneficios empresariales en base a
los subsidios del estado, el mismo régimen que luego llevó a la masacre de
Once. Reclamamos la perpetua para todos los implicados en el juicio, pero
también la investigación y condena de todas las responsabilidades que quedaron
en evidencia: los funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de
Trabajo, de la secretaría de transporte y de los empresarios del transporte
cuyos intereses defendía la burocracia de Pedraza.
Exigimos castigo a
todos los responsables.
En el último
periodo se han recrudecido la represión directa y parapolicial contra los
pueblos originarios y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance
de los pulpos agro exportadores protegidos por los gobiernos provinciales y el
gobierno nacional. Así, con el amparo de Gildo Insfran, Capitanich y Zamora
aliados de Cristina Kirchner, se han cobrado la vida de seis miembros de la
Comunidad Qom en Formosa y Chaco y dos campesinos de Santiago del Estero.
Basta de reprimir
a los pueblos originarios y a los campesinos.
Porque renovamos
nuestro compromiso para seguir luchando por un país sin opresión y represión es
que exigimos la derogación de la nueva ley antiterrorista, propuesta por la
presidenta y aprobada entre gallos y medianoche por la mayoría oficialista.
Esta ley que fue exigida por el GAFI y el Grupo de los 20 califica de
terrorista al que “exige a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero o
al agente de un organismo internacional que haga o deje de hacer algo”. Este
nuevo engendro represivo es una amenaza latente para todos aquellos que
defendemos nuestros derechos en las calles y ha pretendido ser utilizada para
perseguir las protestas contra la mega minería.
Exigimos la
derogación de la ley antiterrorista
A 19 años del
atentado a la AMIA seguimos exigiendo justicia. Repudiamos ese ataque criminal
y nos solidarizamos una vez más con las víctimas. Denunciamos la campaña
mentirosa del gobierno diciendo que con el Memorando se va llegar a la verdad,
lo cual significará una nueva frustración para los familiares y todo el pueblo
argentino. La reciente aprobación de esta ley es una vía muerta para el
esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Traerá como consecuencia la
consagración de la impunidad porque no se propone investigar este crimen del
cual el Estado argentino es el principal encubridor y también responsable. El
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere vendernos que persigue a una
supuesta conexión internacional en base a informes secretos de la CIA y el
Mossad para justificar el abandono de la búsqueda de los responsables locales.
Exigimos la
apertura inmediata de los archivos secretos y su entrega a una comisión
investigadora independiente.
A un año de la
tragedia de Once, expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas
y con sus familiares. Dolorosamente denunciamos este crimen contra el pueblo
largamente anunciado, producto de la política de transporte privatista, de los
grandes negociados con TBA, los Cirigliano y la burocracia sindical. Política
que impulsa el gobierno nacional y que es continuidad de la implementada por el
menemismo.
Exigimos el
castigo a Jaime, Schiavi, Cirigliano y de todos los responsables.
La infame
absolución de los acusados por el secuestro y sumisión a la trata en el juicio
de Marita Verón desnudó la complicidad del aparato policial, el poder político
y judicial con las redes de trata, a lo largo y a lo ancho del país. El fallo
de Marita produjo una movilización popular de alcance nacional, que representó
un golpe, además, contra el Gobierno de Alperovich, responsable de la
impunidad. El femicidio y la violencia de género contra las mujeres es un grave
problema social. Las hermanas Jara, María Ovando, Romina Tejerina, Wanda Tadei
son nombres emblemáticos de esta cruda realidad social. Denunciamos al gobierno
nacional y a los gobiernos provinciales, por su actitud de total hipocresía, ya
que mientras hablan profusamente del tema, en los hechos no tienen una política
que se proponga terminar con la violencia de género y proteger los derechos de
las mujeres.
Exigimos la
aparición con vida de las más de 400 mujeres y niños secuestrados y el
desmantelamiento de las redes de trata de personas. Juicio y cárcel a todos los
responsables y sus cómplices.
Repudiamos los
apremios ilegales y las torturas sistemáticas en las cárceles y comisarías de
todo el país, como las recientemente ocurridas en Chaco, Tucumán y Jujuy.
Denunciamos la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil, que lleva
cobradas más de 2300 vidas durante los últimos 10 años y las causas armadas
contra los jóvenes de barriadas humildes. Exigimos la aparición con vida
Luciano Arruga y el castigo de todos los responsables. Basta de gatillo fácil,
basta de asesinar a los pobres y los jóvenes!!! Compañeras y compañeros La
dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con
la lucha de nuestro pueblo por un país con pan, trabajo, tierra, salud,
educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una
juventud con futuro.
Por nuestros
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por el país que soñaron y soñamos,
por una Argentina sin opresión y sin explotación, desde el Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia decimos Presente!!
30.000 compañeros
detenidos desaparecidos Presente!!!
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