El oficialismo pone a funcionar la bicameral de Inteligencia

Tal como había adelantado, la titular de la comisión encargada de controlar las actividades de inteligencia, María Teresa García, convocó a una reunión para este jueves.

Los coletazos del caso Nisman se hacen sentir en el Congreso. Además de iniciar el debate por la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Senado, el oficialismo decidió poner a funcionar la bicameral encargada de controlar la actividad de estos servicios.

La presidenta de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, la diputada Teresa García (FpV) convocó a una reunión para este jueves a las 10.30 tras varios meses de parálisis.

La bicameral está encargada de “fiscalizar” que el funcionamiento de los servicios de inteligencia “se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.

La ley vigente establece que la bicameral “tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio” y que los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional “deberán suministrar la información o documentación que la comisión solicite”.

La bicameral está conformada por 14 legisladores, de los cuales ocho son oficialistas y seis opositores, algo que los bloques disidentes cuestionan por tratarse de un cuerpo con función de contralor.

Además de su presidenta, el kirchnerismo tiene entre sus miembros al senador Marcelo Fuentes como vicepresidente primero, y al jefe del bloque, Miguel Pichetto, además de Pedro Guastavino, Juan Manuel Irrazábal y los diputados Juliana Di Tullio –jefa del bloque- y la chaqueña Gladys Soto.

La nómina se completa con los diputados Silvia Majdalani (Unión Pro), Miguel Bazze, Gustavo Valdés (UCR), el senador massista Roberto Basualdo, Oscar Castillo (Fte. Cívico y Social de Catamarca) y Juan Carlos Marino (UCR).

El Senado inicia el debate por la reforma de Inteligencia

Un plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales discutirá a partir de las 14 el proyecto que disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea una Agencia Federal en su reemplazo.

El Senado pondrá en marcha este martes el debate por la reforma del área de Inteligencia del Estado, impulsada por la presidenta Cristina Kirchner en medio de la conmoción por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La discusión arrancará a las 14 en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén), y de Justicia y Asuntos Penales, que dirige el oficialista Pedro Guastavino (Entre Ríos), en el Salón Illia.

En ambas comisiones, el Frente para la Victoria tiene mayoría propia, por lo que se espera que el dictamen sea emitido sin mayores dificultades. Mientras tanto, la oposición analiza su postura.

El objetivo del oficialismo es aprobar la ley a fines de febrero, antes del inicio del período de sesiones ordinarias, el 1ro de marzo.

El proyecto

El proyecto de ley disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.

En las disposiciones complementarias, se transfiere la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio de la actual SI a la AFI, con la excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (más conocida como "Ojota"), que pasará a manos de la Procuración General.

También serán transferidas a esta agencia las competencias y el personal que se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El nuevo director de la AFI será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, lo que no necesitará para removerlo, según se desprende del artículo ocho.

De conseguir aval, el director de la AFI tendrá rango de ministro y el subdirector general será secretario de Estado.

Por otra parte, la iniciativa oficial también promueve “criterios de transparencia” para el ingreso del personal a la AFI y busca “fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes”. Todo el personal de inteligencia estará obligado a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.

“Las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”, indica.

Así, la misión de la AFI será defender a la Nación ante “amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, delitos económicos y financieros”.

En tanto, los agentes de inteligencia que “infrinjan deberes y obligaciones de sus funciones o no sean informadas (…) incurrirán en irresponsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de responsabilidad civil y penal”, y no podrán alegar obediencia debida para deslindar su responsabilidad.

Los funcionarios sólo podrán relacionarse con los servicios de inteligencia a través de su director y subdirector, o de lo contrario serán sancionados.

En el artículo 12, se señala que el PEN podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información en un plazo no menor a 25 años.

Los archivos de inteligencia se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías: “estrictamente secreto y confidencial”, “secreto”, “confidencial”, “reservado” y “público”.

Además, se crea un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, y quienes accedan a esa información deberán guardar “el más estricto secreto y confidencialidad”.

Esa base de datos estará a cargo de “un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos respecto a la recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información obtenida mediante tareas de inteligencia”.

Habrá prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo para los agentes que “indebidamente interceptaren, captaren o desviaren” comunicaciones e información. También se establecen penas para quienes omitan destruir o borrar el material teniendo orden judicial.

Por último, la AFI deberá someterse al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

El CELS ve “avances y retrocesos” en la Ley de Inteligencia

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) adelantó su opinión sobre el proyecto oficial y presentará en el Congreso un “conjunto de observaciones para aportar a la discusión parlamentaria”.

La propuesta de disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y de crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional es “de absoluta trascendencia política”, considera el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Así lo hizo saber a través de un documento en el que señala que “en un contexto en el que se ha puesto en debate el intolerable nivel de autonomización del aparato de inteligencia nacional y sus relaciones espurias con el sistema político y judicial, la nueva regulación debería servir para promover la reducción de su tamaño, la profesionalización de la actividad y una clara subordinación a las instituciones democráticas y al gobierno político”.

En igual sentido, el organismo considera que representa “un avance sustantivo” sacarle a esta agencia la facultad de centralizar las intervenciones telefónicas vinculadas a causas criminales y su traspaso al Ministerio Público. Sin perjuicio de la necesidad de discutir qué corresponde hacer con aquellas que se pretendan realizar en el marco de tareas de inteligencia y que requieren orden judicial.

“La conveniencia de avanzar sobre la estructura autonomizada del aparato de inteligencia nacional se puede tornar ineficaz, sin embargo, si se aumentan las competencias de la AFI y se superponen tareas de investigación e inteligencia criminal”, agrega el informe. En este sentido, “el proyecto no reformula la relación promiscua que existe con la justicia federal al otorgarle y reforzar funciones de investigación. Además, se queda a mitad de camino en las modificaciones relativas a la incorporación de nuevos controles políticos, parlamentarios y judiciales que se requieren para transparentar su actividad”, puntualiza el organismo.

Para el CELS, “este proyecto es un avance en el demorado cumplimiento del compromiso que el Estado argentino tomó con las víctimas del atentado a la AMIA en el año 2005”. Agregó que el decreto 812/05 firmado en el marco del trámite del caso ante la CIDH, en el que el CELS acompaña a Memoria Activa, establecía la necesidad de transparentar el uso de los fondos reservados de las agencias de inteligencia y facilitar el acceso a información en el marco de causas judiciales. “Sin embargo, el proyecto prevé regulaciones insuficientes para cumplir con este compromiso”, precisó el comunicado.

Para el CELS, la decisión de reformar la Ley de Inteligencia Nacional impone que se abra finalmente un amplio debate en el Congreso y que Gobierno y oposición “trabajen en forma cooperativa en el mejoramiento del proyecto sin buscar ventajas coyunturales que desplacen el eje de uno de los temas centrales para el sistema democrático y sus instituciones fundamentales (art. 38, CN)”.

En esta línea, el CELS anticipó que enviará un conjunto de observaciones al Congreso para aportar a la discusión parlamentaria.

En el documento desarrollaron algunos de los puntos del proyecto que consideramos deben ser revisados por el Congreso de la Nación.

Entre otras cosas, señalan que “la conveniencia de avanzar sobre la estructura autonomizada del aparato de inteligencia nacional se puede tornar ineficaz si se aumentan las competencias de la AFI y se superponen tareas de investigación e inteligencia criminal”.

Advierten en ese sentido que “el proyecto no reformula la relación promiscua que existe con la justicia federal al otorgarle y reforzar funciones de investigación”.

“Además, se queda a mitad de camino en las modificaciones relativas a la incorporación de nuevos controles políticos, parlamentarios y judiciales que se requieren para transparentar su actividad”, sostuvo el CELS.

Agrega el organismo que preside el periodista Horacio Verbitsky que “este proyecto es un avance en el demorado cumplimiento del compromiso que el Estado argentino tomó con las víctimas del atentado a la AMIA en el año 2005”.

“El decreto 812/05 firmado en el marco del trámite del caso ante la CIDH, en el que el CELS acompaña a Memoria Activa, establecía la necesidad de transparentar el uso de los fondos reservados de las agencias de inteligencia y facilitar el acceso a información en el marco de causas judiciales. Sin embargo, el proyecto prevé regulaciones insuficientes para cumplir con este compromiso”, agregó.

Domínguez reivindicó al folklore

Fue el único precandidato presidencial que asistió al Festival de Cosquín en Córdoba y sostuvo que “algunos candidatos deben ocuparse menos de lo que viene de afuera y acercarse más a lo nuestro"

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y precandidato presidencial del FpV, Julián Domínguez, afirmó que “algunos candidatos deben ocuparse menos de lo que viene de afuera y acercarse más a lo nuestro”, luego de recorrer junto al “Chaqueño” Palavecino las peñas de la 55° edición del Festival Nacional de Cosquín en la provincia de Córdoba.

En este marco fue que afirmó: “Algunos dirigentes de la oposición hablan por boca de otra gente y son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. Nosotros somos el eco de nuestro pueblo, esta es nuestra patria y la protegemos”.

“El folklore argentino expresa el federalismo cultural de nuestro pueblo", subrayó Domínguez y añadió: "En esto los dirigentes no nos podemos hacer los distraídos. Cada vez que somos indiferentes a la creación artística de los argentinos, perdemos lo más rico que tiene nuestro pueblo".

El titular de la Cámara baja nacional fue el único precandidato presidencial que recorrió los eventos culturales de Cosquín, y expresó que "en las peñas se manifiestan los nuevos valores de la Argentina, y necesitan de un Estado que las reconozca y que aliente a seguir creando el sentir y el vivir de cada una de las regiones de nuestra Patria".

Domínguez estuvo junto al diputado nacional por Córdoba Fabián Francioni, y a la intendenta municipal, Rosanna Adaglio. Se trató de la octava noche de la 55° edición del Festival Nacional de Cosquín, que se cerró con recital del Chaqueño Palavecino, quien junto a sus once músicos tocó por más tres horas.

Desarrollo Social fortalece las políticas de niñez en Santa Fe

La cartera que conduce Alicia Kirchner, a través del Centro de Referencia santafesino, firmó un acuerdo con el objetivo de financiar un proyecto que contempla la creación de un taller de comunicación local.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Centro de Referencia (CDR) de Santa Fe, firmó un convenio con la Asociación Civil Educativa Terapéutica “Enredes” de la localidad de San Jerónimo Norte. La jornada se realizó el pasado 29 de enero con el objetivo de fortalecer las políticas de niñez en esa provincia.

A través de este convenio, la cartera social que conduce Alicia Kirchner brindará aportes para financiar un proyecto de la asociación destinado a profundizar la inclusión social y comunitaria. La institución pondrá en funcionamiento un taller de comunicación en esa localidad, donde se realizarán capacitaciones, charlas y debates que estarán abiertos a la comunidad. Además, el ministerio participará y difundirá las actividades comunitarias.

El proyecto se enmarca en la línea de fortalecimiento familiar y comunitario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y tiene como objetivo fortalecer un espacio comunicacional que promueva la integración comunitaria, en concordancia con la ley N° 26.601 de protección integral de la infancia.

Además, se acordaron acciones conjuntas para favorecer las políticas públicas vinculadas a la inclusión e igualdad. En este sentido, se busca promover actividades de recreación en la localidad de San Jerónimo donde participe la comunidad y se pueda ver reflejado la realización de este proyecto.

 

De esta forma, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de los CDR, continúa fortaleciendo la organización social y comunitaria y busca profundizar las políticas públicas de inclusión como eje fundamental para el desarrollo de las comunidades.

De Vido se reunió con Siemmens China y TCL

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se reunió en Beijing con autoridades de las empresas Siemmens China y TCL. Lo hizo como parte de la agenda oficial en ocasión de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la República Popular de China.

El ministro tuvo una audiencia con el CEO de Siemmens China, Lothar Hermman; su vicepresidente,Zen Guoyao, y otras autoridades. “Siemmens China manifestó su interés en participar del plan nuclear argentino en la provisión del equipamiento no nuclear de las centrales que la Argentina tiene proyectadas (la cuarta y la quinta), en particular el relacionado con la generación eléctrica. Asimismo, está desarrollando un proyecto de una nueva central térmica en Campana”, sostuvo la cartera mediante un comunicado de prensa.

La compañía, que tiene su sede principal en Alemania, ha participado en numerosas obras energéticas durante los últimos años, como las centrales térmicas Belgrano, San Martín, Ensenada de Barragán, Brigadier López, la central de Río Turbio, entre otras, siempre proveyendo la tecnología del turbogrupo, por una potencia superior a los 3.500 megavatios.

Luego de este primer encuentro, De Vido se entrevistó con el vicepresidente de TCL, Bing Yuan, con quien repasó las inversiones que realiza la compañía en telecomunicaciones, petróleo y dispositivos electrónicos.

TCL destacó que el mercado argentino es muy importante para la compañía y adelantó que el objetivo de la empresa es profundizar y diversificar sus inversiones en Argentina.

Tras los encuentros, y acompañado por el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, De Vido recordó que “los presidentes han firmado un acuerdo muy importante y debe aprovecharse para avanzar y fortalecer las inversiones en áreas estratégicas, incorporando nuevos rubros a una relación que es muy fructífera para los dos países”.

"Es una mentira atroz", dijo Aníbal Fernández sobre una nota de Clarín

El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó hoy que es una mentira atroz y también una brutalidad política la nota de Clarín en la que sostiene que el fiscal Alberto Nisman había pensado en pedir la detención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó hoy que es “una mentira atroz” y también “una brutalidad política” la nota de Clarín en la que sostiene que el fiscal Alberto Nismanhabía pensado en pedir la detención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En charla con los periodistas esta mañana en la Casa de Gobierno dijo que “no se puede sostener” lo dicho por el diario, de que en el tacho de basura de su departamento se habría encontrado una versión original que contiene esa medida.  

La calificó de una “distorsión de lo más grosera” y además “una brutalidad jurídica: la Presidenta no tiene fueros; la Ley 25320 (de fueros) dice que ningún funcionario electo  pasible de juicio político puede ser detenido”.

Aníbal Fernández dejó entrever que podría tratarse de una “maniobra” del ex agente Stiuso. “Le están haciendo un favor a Stiuso, es lo que estaba necesitando para hacer la cosa más mugrienta”, al tiempo que en respuesta a una pregunta dijo que en la investigación de la causa AMIA “el que daba las instrucciones era Stiuso”.

En respuesta a otra pregunta el secretario general de la Presidencia dijo que “es muy probable que ese sea el tema central”, al ser consultado sobre si se buscaba complicar el juicio por encubrimiento en la causa AMIA. Reiteró, finalmente, que la sociedad debe conocer la verdad sobre el atentado a la AMIA y el previo a la embajada de Israel en la Argentina.