24 de junio de 2014

Legisladores reclaman que se reglamente la ley de trata

Legisladores de distintos bloques y fuerzas políticas presentaron un proyecto en común que reclama al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la Ley N° 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que fue aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2012, pero aún no fue aplicada.

En el expediente que es de autoría del diputado porteño de Verde Alameda Gustavo Vera, y lleva las firmas de sus compañeros de UNEN y de tres bloques más, se expresa la “profunda preocupación” ante la falta de reglamentación de la norma y se exige al Gobierno Nacional que “tome las medidas necesarias para subsanar esta situación”.

Además, se explica que la trata de personas se constituye como un delito federal “porque se consume generalmente en distintas jurisdicciones y fronteras dentro y fuera del país”. Y que es “un flagelo con efectos sociales inconmensurables que pone en riesgo la vida, la integridad física y psíquica de sus víctimas y familiares”.

“Los países de América Latina, entre ellos la República Argentina, están afectados, en distinto grado, por condiciones de inseguridad, inequidad social y económica, pobreza generalizada y falta de oportunidades, lo que convierte a la región en una zona especialmente vulnerable a este delito”, se advierte en la iniciativa presentada.

Los legisladores reclaman al Ejecutivo de la Nación porque en diciembre de 2012, con el voto unánime de oficialistas y opositores, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley N° 26.842, modificatoria de la Ley 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.

El nuevo texto, que reemplazó algunos artículos de la ley previa, sancionada en 2008, eliminó el consentimiento como causa de eximición de la pena y ordenó al Estado a brindar asistencia a las víctimas. También contempla una pena de prisión de cuatro a seis años “para quien explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. También, indica que el castigo se eleva de diez a quince años en caso de que la víctima sea menor de 18 años.

En esa oportunidad, el proyecto se aprobó en sesiones extraordinarias que fueron convocadas con urgencia por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la conmoción social que desató el fallo que absolvió a todos los acusados del secuestro y desaparición de Marita Verón.

Cumpliendo con los pasos correspondientes con la aprobación de una nueva norma, la ley de trata debería haberse reglamentado en marzo del 2013.

Los firmantes del expediente impulsado por Vera coinciden en que “la velocidad del trámite parlamentario no fue suficiente, ya que el Ejecutivo incumplió los 90 días que tenía para reglamentar la norma, que hoy por hoy no presenta efectos concretos”.

Por otra parte, advierten que “la omisión en la reglamentación posibilita la continuidad de un statu quo propicio a la vulneración de los derechos de miles de víctimas e impide la implementación de planes federales que podrán evitar o disminuir la comisión del delito de trata de personas o de formas tradicionales y naturalizadas de explotación”.

“Expresamos la necesidad urgente de que el Poder Ejecutivo Nacional reglamente una ley fruto de larguísimas discusiones y dificultosos consensos, aprobada hace más de un año evitando así formas de discrecionalidad gubernamental alejadas de la república imperante”, fundamentaron los legisladores porteños.

El proyecto fue presentado formalmente por Gustavo Vera (Verde Alameda), pero fue acompañado por los legisladores del Pro Jorge Garayalde, María Raquel Herrero, Héctor Huici, Diana Martínez Barrios, Oscar Moscariello, Carmen Polledo, Daniel Presti, Roberto Quattromano, Francisco Quintana, Helio Rebot, Cristian Ritondo y Paula Villalba.

También firmaron la iniciativa Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica; Cristina García y Graciela Ocaña, de Confianza Pública; y María Inés Gorbea de SUMA +; y Alejandro Bodart del MST.

En total, sumando a Vera, son 19 los legisladores porteños que presentaron el pedido, en forma de proyecto de declaración, para que el Gobierno Nacional reglamente la ley de trata, aprobada en diciembre de 2012.

Diputado reclamó a Randazzo mejoras en el transporte de colectivos

El diputado nacional Eduardo Santín (UCR – Buenos Aires) envió una carta al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a través de la cual le solicitó medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del transporte de colectivos, cuya circulación fue instrumentada para reforzar la prestación del servicio de trenes de la línea Sarmiento, que une Once-Moreno, como así también el aumento de sus frecuencia.

“Dicho transporte tiene una frecuencia que no cubre la demanda de los usuarios, sobre todo en las horas pico. Es de hacer notar que en distritos como Merlo, esto no sucede”, advirtió el legislador en su misiva.

Santín precisó que la carta que le envió a Randazzo no le fue respondida, aunque indicó que se ha observado aumentos de frecuencias solicitadas, por lo que el legislador celebró tal circunstancia ya que ello hace que los vecinos de Moreno puedan hoy viajar con mayor comodidad.

No obstante, el diputado radical reclamó que esa mejoría “sea mantenida hasta tanto el servicio del Ferrocarril Sarmiento cumpla con la cantidad, calidad y frecuencia necesaria para tener una justa calidad de vida en el transporte”, concluyó Santín.

Fuente: Parlamentario

Proponen crear un fondo especial para el mantenimiento de las escuelas del Gran Buenos Aires

El bloque de Diputados del Frente Renovador Provincial impulsa un proyecto de Ley para crear un Fondo de Administración de Escuela (FAE) con el objetivo de que a cada establecimiento educativo le sea asignado un monto determinado de dinero por mes para afrontar necesidades menores y urgentes en cuanto al mantenimiento de los edificios, y el cambio de una lámpara en una aula hasta la compra de tizas y borrador para las docentes.

Esta medida apunta a lograr la descentralización administrativa y permitirá aliviar la demanda que hoy tienen los consejos escolares de cada distrito de la provincia de Buenos Aires, evitando así las demoras en la resolución de intervenciones cotidianas de cada escuela.

Para ello, el Frente Renovador y en línea con lo que el diputado Sergio Massa propuso en su plataforma de campaña en el 2013, pretende crear el Fondo de Administración de Escuelas (FAE) en el que será asignado a cada establecimiento educativo de la Provincia de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución Escolar Distrital (CUDED) establecido por Ley. Dicho FAE estará integrado por el 40 por ciento del “Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos creado por Ley 13.010 y quedará irrevocablemente afectado a las necesidades menores y urgentes, gastos, erogaciones corrientes y necesidades de mantenimiento edilicio.

De esta manera, la norma que se presentó en el Congreso de Consejeros Escolares de Frente Renovador que se llevó a cabo días atrás en La Plata, busca que los Directores y la Cooperadora de cada escuela administren los fondos y se instrumentará mediante el depósito del monto asignado por establecimiento en la cuenta de cada Asociación Cooperadora.

En ese sentido, con el dinero descentralizado que se destinará mes a mes, se podrá hacer frente a reparaciones de puertas, vidrios, limpieza de los patios de recreación, reparación de lámparas, tubos y arrancadores, reparación de tanques de agua, canillas, fuelles de sanitarios, desinfección, y cualquier gasto directo que hoy padecen por el tiempo que lleva realizar el trámite en la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires las autoridades educativas de los 135 municipios.

El diputado Ricardo Lissalde, uno de los autores del proyecto, explicó que la propuesta legislativa prevé que “en caso que dos o más establecimientos compartan un mismo edificio, el importe resultante de la suma de los C.U.D.E.D. será depositado en la cuenta de la Cooperadora del establecimiento de mayor matrícula, quien lo administrará de manera justa y equitativa a fin de satisfacer la totalidad de las necesidades de los establecimientos que funcionen en el mismo”.

Por su parte, el diputado Rubén Eslaiman indicó que esta medida “apunta a lograr la descentralización administrativa -tan mencionada y discutida pero nunca puesta en práctica- y a su vez la desconcentración, conceptos fundamentales y complementarios para una buena gestión. Además, busca que exista inmediatez entre la necesidad requerida y la solución al problema, desburocratizando al Estado y dotando a cada establecimiento de las herramientas que permitan dar solución oportuna y rápida a sus necesidades”.


Fondo Compensatorio de Mantenimiento de Escuelas

Como complemento a la creación del Fondo Escuela en la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador plantea prosperar con una iniciativa para aumentar los fondos que le corresponden a cada establecimiento y modificar la Ley 13010 promulgada en enero del 2013.

Es decir, se busca reformar la Ley provincial que estableció la descentralización del impuesto automotor, rural, del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto automotor, con el objetivo de incrementar el valor del Fondo Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, y además, incluir una cláusula automática de actualización para que no quede desfasado ante posibles procesos inflacionarios y establecer nuevos parámetros de distribución del tramo descentralizado del impuesto sobre los ingresos brutos.

Para ello, el FR propone en concreto elevar el monto de 450.000 a 600 mil e incluimos un índice de actualización anual y automático (el mismo será administrado por los consejos escolares).

Con los cambios, la distribución de la recaudación total del impuesto sobre los ingresos brutos por el tramo descentralizado será de la siguiente manera: el 25% del total de lo recaudado corresponderá a la Provincia con destino a los planes sociales. El 50 por ciento será destinado al Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, y el 25 % restante será designado a los municipios en concepto de redistribución por la administración del tributo y el tratamiento final de residuos.

Fuente: Parlamentario.com

Alientan acortar vacaciones de invierno para recuperar los días de clases

La propuesta del legislador del Frente Renovador, Mario Giacobbe, surge a partir de que desde la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia, “aún no garantizaron cómo se podrían recuperar los días de clases perdidos” y desde esa cartera, “sólo hablaron de una estrategia indemostrable de ‘recuperar los contenidos’ ”, advirtió Giacobbe en declaraciones radiales.

“No podemos conformarnos con esa teoría incomprobable de ‘recuperar los contenidos’: acá debe haber un serio compromiso con la educación pública y para eso debemos recuperar las jornadas perdidas; concretamente, con más días de clases”, continuó el diputado.

Giacobbe recordó que la ley nacional 25864 en su artículo 1° dispone: “Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clases”, algo que no podrá cumplirse en la Provincia de Buenos Aires.

“Durante el conflicto del paro docente todos los sectores coincidimos en que los chicos eran lo más importante; por eso ahora sería prioritario resignar una semana de vacaciones para extender el calendario escolar. Es necesario un compromiso de todos los sectores para que no se siga deteriorando la calidad educativa", finalizó Giacobbe.

Fuente: Parlamentario

Homenajearán al “Cuchu” Cambiasso en la Legislatura Porteña

Luego de ser declarado como personalidad destacada del deporte por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a un proyecto del legislador del Pro Roberto Quattromano, el ex jugador de la selección argentina Esteban Cambiasso recibirá el diploma que acredita su distinción.

La ceremonia será este miércoles a las 18 en el Salón Montevideo del Parlamento porteño y será encabezado por el vicepresidente 1, Cristian Ritondo.

El “Cuchu”, que nació el 18 de agosto de 1980 en Villa del Parque, desfiló por importantes clubes a nivel nacional como internacional. Comenzó su carrera en las inferiores de Argentinos Juniors, luego formó parte del Real Madrid B para más tarde debutar oficialmente en la primera argentina con el Club Atlético Independiente.

Dado su destacado rendimiento, se mudó al Club Atlético River Plate, donde consiguió el Torneo Clausura en el año 2002. Luego volvió al continente europeo para integrar el primer plantel del Real Madrid y más tarde el del Inter de Milán.

En mayo de 2011, consiguió su título N°23, superando al histórico Alfredo di Stéfano, y se convirtió, junto a Lionel Messi, en el futbolista argentino que más títulos ganó en la historia.

Desde joven integró la selección juvenil argentina y más tarde jugó en la mayor, con la que disputó el mundial de Alemania 2006.

El “Cuchu”, junto a Diego Armando Maradona, posee el récord argentino de convertir en cuatro mundiales diferentes: Sub 17 de 1995, Sub 20 de 1997, Sub 20 de 1999 y Mundial de Alemania 2006.

Fuente: Parlamentario.com

Telegrama gratuito para reclamar por obligaciones alimentarias

En caso de aprobarse un proyecto que acaba de ser presentado en la Cámara baja, regiría en todo el país un régimen de notificación mediante carta documento o telegrama para exigir el cumplimiento de obligaciones alimentarias. La iniciativa beneficiaría a padres, tutores o curadores con tenencia real o legal de menores o de discapacitados, con el objeto de intimar, solicitar o peticionar el cumplimiento de obligaciones alimentarias y esté dirigido a los obligados a dicha prestación, el que será absolutamente gratuito para el remitente. El servicio de telegrama será con aviso de entrega.

Así lo establece un proyecto del diputado Alberto Asseff (Frente Renovador), quien busca así salvaguardar los intereses de aquel que reclama por sus alimentos y el de sus hijos menores o representados.

“Son notorios los frecuentes conflictos en materia de régimen de alimentos con los perjuicios que acarrean para quienes se ven privados de su percepción, máxime cuando no contamos aún con un sistema que resulte ágil y eficiente”, sostuvo el legislador en su iniciativa.

Fuente: Parlamentario.com

Piden a Diputados por el Registro de Deudores Alimentarios

Basada en la lamentable realidad que registra un creciente número de incumplimientos de las obligaciones económicas de los padres no convivientes para con los hijos menores de edad, la senadora nacional Liliana Fellner (FPV) destacó este lunes la necesidad de que la Cámara de Diputados de la Nación sancione finalmente el proyecto de ley aprobado en la Cámara alta, por el que se crea un “Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos”.

Fellner, quien viene trabajando intensamente por esta iniciativa desde el año 2008, subrayó especialmente que “es inaceptable que existan personas sufriendo penurias económicas y ausencias de aportes mientras sus familiares -que se encuentran en condiciones de brindarles la manutención- incumplen con la pago de las cuotas alimentarias dispuestas por la Justicia”, aludiendo a casos que se detectan en todo el territorio argentino.

Hace seis años ya que la senadora nacional por Jujuy presentó el proyecto para la creación del Registro Nacional, que busca poner fin a una práctica irresponsable que posterga necesidades alimentarias. Esa propuesta no fue tratada y perdió estado parlamentario. Ya en 2010, Fellner insistió con el proyecto, con algunos cambios “para hacer más efectiva la percepción de las cuotas alimentarias establecidas, ya sea en carácter provisorio o definitivo, por la vía judicial”, explicó.

Ese proyecto resultó sancionado ese mismo año por el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. Al no ser tratado en recinto, perdió nuevamente estado parlamentario, razón por la cual en el año 2013, Fellner presentó nuevamente la iniciativa con los aportes recogidos en el tratamiento del antecedente, no registrándose aún movimientos de que vaya a ser incluido en los planes de debate de la Cámara baja, hasta el momento.

En ese sentido, indicó que la propuesta parlamentaria “fue elaborada con la intención de servir como una herramienta eficaz tendiente a facilitar la percepción del crédito ara uso de los menores y discapacitados” y aclaró que “no apunta a estigmatizar o condenar al deudor en mora, sino a limitar o reducir sus posibilidades de evasión del cumplimiento de sus obligaciones”.

“Así estaremos protegiendo a la parte más débil, que está siempre en una relación desigual, esperando una ayuda que no llega, la mayoría de las veces por un acto de voluntad, no de imposibilidad”, destacó.

La importancia del proyecto reside en que apunta a registrar a toda persona deudora de alimentos en mora, cualquiera sea el lugar o jurisdicción, en la que tramite el reclamo judicial. Deberá crearse un sitio en Internet con la información y la lista será publicada en el Boletín Oficial, al menos cada 6 meses.

Es decir que todo juez o tribunal de cualquier lugar del país que intervenga en una causa judicial en la que exista un deudor alimentario, por falta de pago de 3 cuotas consecutivas o de cinco alternadas, intimada judicialmente, y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento o justificado en debida forma las razones que lo llevan a su incumplimiento, debe comunicar tal circunstancia al Registro Nacional, sin importar si la provincia de la cual procede tiene o no funcionando un registro local, de este tenor.

Así se busca evitar otra triste práctica advertida en distintas regiones del país, donde viene quedando expuesto que ciertos deudores alimentarios morosos, que se ven impedidos de realizar diversos actos que determina la ley, al no existir un Registro Nacional que centralice la información, simplemente se trasladan a otra provincia vecina donde no se tiene conocimiento de su condición de deudor de esta obligación clave para con los hijos.

Una vez que la ley esté promulgada, organismos públicos oficiales y privados estarán obligados a requerir el libre deuda como deudor alimentario como requisito para la apertura de cuentas bancarias; otorgamiento y/o renovación de tarjetas de crédito y todo tipo de operaciones; la expedición o renovación de pasaportes; registros de conducir; el acceso a concesiones, permisos y licitaciones; el permiso para habilitaciones para la apertura de comercios o industrias; compra o venta de fondos de comercio o la solicitud o renovación de matrícula profesional; entre otras gestiones.

Fuente:Parlamentario.com