Autos: el plan estimulará la producción, afirmó Capitanich

El Plan Pro.Cre.Auto para la compra de vehículos "generará las condiciones para estiumlar la producción de automóviles para llegar a la meta de 700 mil unidades", afirmó el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo hoy que el Plan Pro.Cre.Auto para la adquisición de vehículos cero kilómetro financiados a tasas preferenciales, "generará las condiciones para estimular los niveles de producción de vehículos para llegar a la meta de 700 mil unidades".

Lo dijo durante su habitual encuentro con periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, donde subrayó que el programa tiene "el objetivo de impulsar la reducción de precios de 26 modelos de unidades del 3 al 13 por ciento, y con una meta de producción para los próximos 12 meses que implica lograr 700 mil unidades".

Destacó que el acuerdo con Brasil "impulsará una participación del mercado del 8 al 11 por ciento, y estimulará una negociación 2015/2020 para generar los mecanismos de integración de la industria automotriz y promoviendo el desarrollo de la producción de autopartes".

Todo esto "con el objetivo de multiplicar la sustentabilidad del empleo y la participación de los componentes locales, a los efectos de garantizar un nivel de producción y localización de vehículos".

Recordó el "crecimiento sistemático" de la industria automotriz en los últimos 10 años y el "récord de producción en 2011 con 828 mil unidades".

También que "desde los 24.500 millones de pesos de asignación de recursos, los acuerdos con Brasil, más el impulso que se ha brindado a través de asignaciones de recursos crediticios, permitió incrementar fuentes de trabajo y un mejoramiento sustancial del poder adquisitivo del salario real y la perspectiva de poder acceder por parte de las familias a vehículos en sus respectivos hogares”.

Destacó Giorgi que el Pro.Cre.Auto ofrece 26 modelos distintos

La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó hoy que el Pro.Cre.Auto, el plan de financiamiento que lanzó el Gobierno nacional, incluye unos 26 modelos de baja y media gama, como así también líneas utilitarias para el trabajo.

En diálogo con radios porteñas, la titular de la cartera productiva destacó que el Pro.Cre.Auto es “una herramienta inédita” que abarca el 28% de los autos fabricados en la Argentina.

Subrayó que se trata de préstamo a 60 meses con una tasa del 17% para quienes son clientes del Banco Nación y del 19% para el resto de los ciudadanos. Aclaró, además, que “no hay ningún compromiso de cupo por modelo” y que se trata de un contrato a sola firma para evitar “tiempos y costos” de los prendarios.

A modo de ejemplo, Giorgi señaló que “el auto más económico es de 93.900 pesos se puede acceder con una cuota de 2.520 pesos” y consideró, entonces, que se trata de una “oportunidad para aprovechar”.

La ministra agregó que se trata de una política complementaria al acuerdo firmado con Brasil para reactivar al sector automotriz, dado que “es una industria 57% exportadora” y cuestionó el comportamiento de las compañías que, en los últimos meses, aumentaron los precios de vehículos.

“Lo que ha generado esta caída en el patentamiento y la producción de los vehículos nacionales, en gran parte, ha sido por una estrategia errónea de las terminales que -contra toda lógica- subieron los precios”. “Generaron confusión entre los compradores” y “redujeron enormemente las condiciones de plazos para poder acceder al financiamiento y duplicaron las tasas”, criticó Giorgi.

Crearon el Instituto Argentino de Transporte

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció hoy que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que crea el Instituto Argentino de Transporte, que planificará las políticas del área para los próximos 50 años.

El ministro del Interior y Transporte aseguró esta mañana que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó, ayer por la noche, el decreto que crea el Instituto Argentino de Transporte.

El funcionario nacional participó hoy de la “Jornada internacional del Transporte, la economía del transporte por ferrocarriles” y dijo que el nuevo organismo tiene como objetivo la planificación política en materia de transporte público para los próximos 50 años.

“Nosotros asumimos la responsabilidad pública de conducir esta área en un momento complejo y delicado, sabiendo que era una deuda pendiente que tenía el Gobierno nacional”, dijo Florencio Randazzo en declaraciones a Radio 10.

Durante el acto el funcionario nacional señaló que “el IAT estará integrado ad honorem por el Ministro del Interior y Transporte, quien ejercerá la presidencia del Instituto, y los Ministros o funcionarios con competencia de cada una de las provincias y de los municipios que adhieran al mismo”.

El funcionario remarcó que “además contaremos con un fuerte apoyo de universidades de excelencia tanto del ámbito nacional como del exterior que nos ayudarán en esta materia”.

El Ministro Randazzo señaló que entre sus atribuciones el IAT tendrá la de “proponer prácticas y líneas de acción en materia de transporte, elaborar el Plan Estratégico, asesorar al MIyT, impulsar la innovación y el adelanto tecnológico en materia de transporte, propiciar la actualización normativa, proponer medidas, y propiciar actividades académicas relacionadas con el área”.

“Además, como caracteriza a nuestra gestión, el IAT será un organismo, ágil, desburocratizado y tendrá la noble función de desarrollar políticas de largo plazo; podrá auditar procesos de inversión, proponer caminos de acción, elección de alternativas de nuevas operaciones, entre otras cuestiones”, completó el Ministro.

Florencio Randazzo comentó que “tendrá un comité Ejecutivo de siete miembros que representarán a las provincias, a los municipios, al sector empresario, al sindical, a los Consejos profesionales, a los usuarios y a las ONG´s del sector”.

Finalmente el Ministro dijo que pedirá “a este nuevo organismo a que en conjunto con las organizaciones sindicales y las empresas estatales y privadas tomen como prioridad en capacitar al personal ferroviario”.

“Queremos que califiquen la mano de obra, que los trabajadores ferroviarios recuperen la mística y el orgullo de ser protagonistas del nuevo paradigma de desarrollo nacional”, concluyó el Ministro Randazzo.

Con respecto a las obras de soterramiento en la línea Sarmiento, Randazzo dijo en declaraciones a los medios que “es una obra estratégica que viene demorada por la falta de financiamiento” y afirmó que “el jefe de Gabinete (Jorge Capitanich) ha comunicado esta mañana que hace 15 días está firmado el financiamiento para continuar con esta obra”.

“Va a haber un Sarmiento totalmente nuevo en los próximos 90 días. Tiene la vía totalmente nueva, estamos llevando un proceso de puesta en valor de las estaciones. Tenemos un nuevo sistema de señalamiento que impide que ocurra un accidente porque tiene  frenado automático”, dijo.

Además, recordó que “hay un sistema de información al pasajero con información de la frecuencia de los últimos tres trenes. Esa información está disponible en los celulares en forma gratuita”.

Por último, indicó que “ya están en la Argentina el 50 por ciento de los coches nuevos del Sarmiento. Están llegando el día sábado otros 81 coches nuevos”. 

Obras Públicas afirmó que el soterramiento del Sarmiento no está paralizado

La Secretaría de Obras Públicas informó que el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento "no está paralizado". Aseguró que se encuentran en ejecución obras complementarias, mientras que la obra principal se encuentra iniciada, a la espera de la aprobación del financiamiento.

El Ministerio de Planificación Federal difundió un comunicado de la Secretaría de Obras Públicas en la que detalla la situación de los trabajos de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Señaló que "ante una nota publicada hoy en el diario Clarín, titulada “El soterramiento del tren Sarmiento sigue frenado”, la Secretaría de Obras Públicas, como integrante de la Unidad Ejecutora para el Soterramiento del Sarmiento, conformada además por representantes de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Política Económica,  desmiente dicha información y destaca que ya se encuentran en ejecución  obras complementarias, tales como pasos bajo nivel, mientras que la obra principal se encuentra iniciada, a la espera de la aprobación del financiamiento correspondiente".

"En tal sentido -continúa el comunicado- se aclara que la construcción de un túnel de 32,6 kilómetros de extensión a 22 metros de profundidad con un diámetro de 12 metros que unirá las estaciones Caballito y Moreno, se encuentra iniciada, completándose la ingeniería del proyecto a la espera de la aprobación del financiamiento que proviene un 50 por ciento del Banco de Desenvolvimiento de Brasil (BNDS), mientras que la parte restante será aportada por el Estado Nacional". 

Además la Secretaría de Obras Públicas señaló que "en relación a las obras complementarias, la construcción del paso bajo nivel de Moreno tiene un avance del 70 por ciento, mientras que están iniciados los de Merlo y Morón-La Matanza, a la vez que el de Morón-Ituzaingó no ha comenzado porque resta realizar una audiencia pública por  objeciones medioambientales".

Esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que en su habitual conferencia de prensa matutina que la Argentina está negociando dos cláusulas de un préstamo con el Banco de Desarrollo del Brasil, que estaría a la firma entre esta semana o en los próximos 15 días.

"Implicará  la asignación de recursos para el soterramiento del tren Sarmiento, por un monto significativo, con un efecto muy directo en el mejoramiento de la calidad del servicio", dijo esta mañana el funcionario y estimó que el monto asciende a 1.500 millones de dólares.

Kicillof expondrá ante la ONU sobre la deuda

La Cancillería informó que el Presidente del Grupo de los 77 más China, Sacha Llorentty Solis, invitó al ministro Axel Kicillof a informar mañana sobre la situación de la deuda en las sede de las Naciones Unidas en Nueva York ante el plenario de los 134 países miembro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente del Grupo de los 77 más China, Embajador Sacha Llorentty Solis, invitó al Ministro de Economía, Axel Kicillof, a informar el miércoles 25 de junio en las sede de las Naciones Unidas en Nueva York ante el plenario de los 134 países que conforman el mayor grupo de países miembros de las Naciones Unidas. La sesión se iniciará a las 15 horas (16 horas de Argentina).

El Canciller Héctor Timerman presentará ante los embajadores al ministro Kicillof quien expondrá sobre la reestructuración soberana de deuda, las recientes decisiones judiciales y las acciones que lleva adelante la República Argentina.

Asimismo, analizará con los representantes del G77 más China las repercusiones que tendrá la resolución de este tema en las reestructuraciones de deuda de los países en desarrollo así como en el sistema financiero en general.

El G77 más China es un grupo de países en desarrollo que consensuan posiciones en temas económicos y sociales en el seno de las Naciones Unidas. Hace pocos días conmemoró el cincuentenario de su fundación en la Cumbre de Santa Cruz donde por unanimidad se refirió al tema de la deuda señalando que: "Reiteramos la importancia de no permitir que los fondos buitres paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a sus  pueblos conforme al derecho internacional”.

Solicitada en Wall Street Journal: "Argentina quiere pagar sus deudas como lo viene haciendo desde 2005 pero no la dejan"

El título de la solicitada, firmada por la Presidencia de la Nación, dice que "Argentina wants to continue paying its debts buy they they won`t let it" (Argentina quiere continuar pagando sus deudas pero no lo dejan). Y que espera una decisión judicial que promueva una justa condición de negociación

La solicitada expone la posición adoptada por el gobierno nacional, luego que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera no tomar el caso: "Argentina quiere pagar sus deudas como lo viene haciendo desde 2005, pero ahora nos vemos obstaculizados por el juez Thomas Griesa y por la Suprema Corte de Justicia norteamericana que se rehúsa a tomar el caso", afirma en el texto.

También sostiene que el default que sufrió el país en 2001 "fue el más grande en la historia financiera del mundo" y que las consecuencias causaron "un desempleo cercano al 25 por ciento y más del 50 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza".

"En otras palabras: pagarle a los fondos buitre es un camino que conduce al default, y si no pagamos, la orden del Juez Griesa pone en peligro el derecho de los bonistas a cobrar la deuda de 2005 y 2010", advierte la solicitada.

"En tanto, los fondos buitre invierten millones en propaganda y lobby para hacerle creer al mundo que Argentina no quiere pagar su deuda", destaca.

La publicación recuerda que "este fallo busca poner en una situación delicada a la Argentina, pero también a cualquier otro país que intente reestructurar su deuda en un futuro".

Y concluye: "La voluntad del país es clara: esperamos una decisión judicial que promueva una justa condición de negociación para resolver esta prolongada y difícil disputa que afectó, afecta y seguirá afectando a los argentinos por un grupo pequeño de especuladores voraces".

El texto completo de la solicitada es:

Argentina quiere seguir pagando su deuda, igual que como lo viene haciendo desde 2005, pero hoy se ve dificultada de hacerlo por el fallo del juez Thomas Griesa y la negativa de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a tomar el caso.

El default de la República Argentina en el año 2001 fue el más grande de la historia financiera mundial, superando largamente los 100 mil millones de dólares. Décadas de sobreendeudamiento y bajo crecimiento dejaron al país con una deuda superior al 160% del PIB, una tasa de desempleo cercana al 25% y más del 50% de los habitantes en condiciones de pobreza. Desde el año 2003 se implementaron diversas medidas encaminadas a normalizar las relaciones financieras internacionales del país. El principio fundamental de todas las negociaciones mantenidas con los acreedores fue siempre el mismo: para poder pagar, Argentina debe primero crecer, para generar los recursos que le permitan honrar sus compromisos. Crecer para pagar, esa es la marca de todas las negociaciones de deuda que Argentina viene llevando desde 2003 a la fecha. Bajo esta marca, hace más de una década que la economía argentina crece, reduce su desempleo y se desendeuda, al punto tal que hoy la deuda pública con el sector privado denominada en moneda extranjera no el 8% de su Producto Interno Bruto.

El proceso de reestructuración de la deuda que en 2001 quedó en default continúa hasta el presente. En ese difícil camino se saldó completamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se alcanzó a un acuerdo con los acreedores para los laudos firmes del Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI), se cumplieron por completo las obligaciones con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y recientemente se acordó un pago en hasta 7 años con el Club de París y la compensación a la empresa REPSOL por la recuperación del 51% accionario de la empresa YPF.

Indudablemente, el problema más complejo era alcanzar un acuerdo con los miles de tenedores de deuda en default desde el año 2001 por un total de 81 mil millones de dólares. Pero Argentina lo consiguió con éxito. Después de largas negociaciones, consultas con sus acreedores y aplicando el principio de buena fe, acordó un canje voluntario de los títulos en default por nuevos bonos con quita, mayor plazo y menor tasa, lo que hacía sustentable el compromiso tomado. El canje fue ofrecido en 2005 y nuevamente en 2010, y logró una adhesión del 92,4% de los acreedores. Una de las claves del éxito conseguido fue, como es habitual en estas operaciones, que tanto la legislación argentina como el prospecto de los títulos emitidos impide ofrecer mejores condiciones a quienes no aceptaron (los hold out). Desde 2003, con el esfuerzo de todos los argentinos, se han pagado regularmente los vencimientos de toda la deuda reestructurada, sumando más 190 mil millones de dólares y sin acceso al mercado financiero internacional.

Un 7,6% de los bonistas no aceptó la reestructuración. Los fondos buitres que consiguieron la sentencia a su favor no son prestamistas originales de Argentina. Compraron bonos en default a precio vil después del canje, con el solo objetivo de litigar contra el país y conseguir una ganancia fabulosa. El fondo NML de Paul Singer, por ejemplo, pagó en 2008 sólo 48,7 millones de dólares por bonos en default. Hoy la sentencia del juez Griesa le reconoce un monto de 832 millones de dólares, es decir, una ganancia de 1608% en tan solo 6 años.

Argentina apeló los fallos del juez de primera instancia de Nueva York Thomas Griesa, que obligan a pagar 1.500 millones de dólares el 30 de junio de 2014, fecha del próximo vencimiento de la deuda reestructurada. Sin embargo, se calcula que el total de bonos en situación de default que no entraron a los canjes asciende a 15.000 millones, lo que equivale a más del 50% de las reservas del país. El fallo de Griesa empujaría al país a un nuevo default. Porque si Argentina paga los 1.500 millones, deberá pagar en un futuro inmediato 15.000 millones. Para peor, por las leyes de Argentina y las cláusulas de los títulos reestructurados (RUFO), si se le pagara a los buitres, todos los demás bonistas reclamarían el mismo tratamiento, con un costo estimado en más de 120.000 millones de dólares. Si, en cambio, no paga a los fondos buitres, la sentencia de Griesa le prohíbe a Argentina pagar al 92,4% de los bonistas que aceptaron la reestructuración, ya que el juez libró órdenes al Banco de Nueva York y a las agencias de compensación para que no paguen.

En síntesis: pagarle a los buitres empuja al default, y si no se les paga, la orden de Griesa implica poner en riesgo el derecho de los bonistas a cobrar su deuda reestructurada en el 2005 y el 2010.

Mientras tanto los fondos buitres, invirtieron millones de dólares en lobby y propaganda, intentando convencer al mundo entero que Argentina no paga sus deudas y no quiere negociar. Pero, justamente, desde 2003 la salida del default con desendeudamiento se consiguió negociando y pagando. Argentina mantiene aún hoy abierta la posibilidad de canje para todos aquellos que respeten el principio de igualdad. Por una decisión de la justicia norteamericana que favorece a un 1,6% de los bonistas especializados en litigar se pone en riesgo la reestructuración de deuda que aceptó voluntariamente un 92,4%.

Las interpretaciones de la ley en que se apoya la sentencia del juez Griesa fueron cuestionadas por los más diversos actores: los gobiernos de Francia, México, Brasil y Uruguay; la agencia compensadora Euroclear y el fondo Fintech. También se manifestaron en el mismo sentido Joseph Stiglitz, Anne Kruger, Nouriel Roubini; la CELAC, el G24, el G77 y 106 Parlamentarios británicos. Hasta el gobierno de Estados Unidos y el FMI mostraron preocupación por sus implicancias globales.

Con este fallo, se pone en jaque a la Argentina, pero también a cualquier país que tenga que enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda. Según la legislación interna de cualquier país, cuando se produce una cesación de pagos y el 66% de los acreedores acepta un acuerdo, los restantes están obligados también a aceptar. Al no existir un marco jurídico internacional para el default de un país soberano, este precedente implica que aún si se lograra un 99,9% de adhesión voluntaria el 0,1% podría invalidar toda la reestructuración.

La voluntad de Argentina es clara: esperamos una decisión judicial que promueva condiciones de negociación justas y equilibradas para resolver este largo y penoso litigio que afectó, afecta y afectará al Pueblo Argentino, debido a la voracidad de un ínfimo grupo de especuladores.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Kicillof informó que Argentina solicitará al juez Griesa "una medida suspensiva de la sentencia" para poder dialogar

El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que los abogados de la República Argentina presentarán hoy una carta al juez de Nueva York, Thomas Griesa, en la que le solicitarán "una medida suspensiva de la sentencia" para poder "seguir pagando a los bonistas de la reestructuración".

En el microcine del Palacio de Hacienda, el ministro Axel Kicillof comunicó a los medios que los abogados de la República Argentina van a presentar al juez Thomas Griesa un escrito solicitando “una medida suspensiva de la sentencia que es aquella que obliga a pagar el total de lo adeudado a los fondos buitres al momento de hacer el próximo pago de vencimiento de la deuda argentina que ocurrirá el 30 de junio”.

 “Esto es exactamente lo que la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) mencionara en el día de la Bandera que me iba a instruir para que así lo hiciera”, recordó Kicillof.

Indicó que el escrito se presentará en idioma inglés, que será público y que habrá una versión en español para la prensa.  

“La Presidenta dijo que nosotros íbamos a solicitarle al juez Griesa que creara las condiciones para poder llevar adelante un dialogo con los acreedores hold out”, dijo el funcionario.

“Le estamos solicitando al Juez Griesa –dijo Kicillof- una medida suspensiva de la sentencia que es aquella que obliga a pagar el total de lo adeudado a los fondos buitres al momento de hacer el próximo pago de vencimiento de la deuda argentina que ocurrirá el 30 de junio”.

“Consideramos esencial que el juez Griesa otorgue una medida suspensiva para que la República Argentina pueda continuar pagando a sus bonistas de la restructuración, y de este modo se pueda llevar adelante una dialogo, que necesitamos que sea llevado de manera equitativa, justa y legal”, remarcó el funcionario nacional.

El ministro Kicillof enfatizó que las condiciones de negociación deben ser “equitativas, justas, y legales” porque "Argentina acordó con los acreedores que formaron parte de los canjes de 2005 y 2010  determinadas condiciones que constan en el prospecto (el contrato) y en la autorización del parlamento” para el pago.

“Allí figuran algunos elementos que la Argentina quiere seguir cumpliendo como, por ejemplo, hacer el pago en tiempo y forma, y también figura allí que no puede pagársele más a ningún otro acreedor que a los que entraron en la reestructuración de la deuda, esa es la clausula Ruffo, y además la propia Ley Argentina impide al gobierno pagar a los fondos que no entraron en la reestructuración más que a los sí lo hicieron”, indicó el funcionario.