Hoy miércoles 25 de septiembre al mediodía se empezó a tratar la ley de Presupuesto 2014 y se votaría a las primeras horas de mañana del jueves 26 de septiembre. No es la única norma porque, además de este proyecto, vital para el desarrollo de la gestión del próximo ejercicio, están también la prórroga de la emergencia económica, el impuesto al cheque y al cigarrillo. Todos vencen a fin de año. Ninguno gobierno, del signo que sea, se atrevería a prescindir de estas herramientas, y no sólo por una cuestión de política doméstica, sino, fundamentalmente, por la situación económica mundial que pende de un hilo. Lo que se vive en los países centrales o desarrollados es una muestra y, si bien la Argentina y la región pudieron soportar el tembladeral internacional, tampoco están en condiciones como para aventurarse así porque sí. Los costos, humanos y económicos, que provocaron las sucesivas crisis de los '90 son un ejemplo demasiado cercano como para olvidarlos o no tomarlos en cuenta. Las políticas aplicadas por el gobierno nacional desde 2003, a la que debe sumársele la alianza regional, mantuvieron al país alejado de aquellos cimbronazos. Las consecuencias, a diferencia de lo que sucedió históricamente, fueron negativas para las corporaciones económicas, políticas, religiosas y mediáticas que supieron ser las beneficiadas de por lo menos las últimas siete décadas. La mejora de las condiciones económicas del país tuvo su traducción electoral con un principal beneficiario en el Frente para la Victoria, incluso y a pesar de la derrota de las parlamentarias de 2009. En el período que le siguió a aquella caída electoral del FPV, la oposición tuvo un perfil agresivo, por momentos destructivo, que se expresó en los proyectos de ley que enarbolaron bajo el estandarte del Grupo A y que tenían como objetivo indisimulable desfinanciar el Estado. Obvio, nadie lo reconocía y el argumento que enmascaraba, de uso cotidiano entre los bloques de la oposición de esos años, fue que se pretendía limitar el poder unitario del gobierno nacional, restituir derechos a las provincias y hacer respetar las instituciones de la República. Pero más allá del tinte heroico y patriótico de aquellos discursos, que por estas horas han resucitado, lo que quedaba en claro era la matriz ideológica que unía a estos opositores de aparente color e historia diferente. Desfinanciar el Estado no perjudica al gobierno exclusivamente. Es verdad que lo lleva a perder adhesiones, credibilidad y, por lo tanto, fortaleza, y se debilita ante los embates de los intereses concentrados antes enunciados. El problema son las consecuencias negativas que resultan infinitamente mayores a la pérdida de una elección o incluso el gobierno a manos, en este caso, del FPV. A qué sector le conviene, por caso, que el Estado deje de percibir los calculados 70 mil millones de pesos que se recaudará en concepto del impuesto a los débitos y créditos, como se llama realmente la ley de cheques. ¿Por qué para la oposición el Presupuesto es simplemente "invotable" o "un dibujo"? ¿Por qué todas las leyes que se propusieron desde el FPV eran perjudiciales o falaces, como se dijo cuándo se aprobó la ley que regula los dos incrementos por año de las jubilaciones? ¿Perjudiciales para qué sector o intereses? ¿Será que perjudica a los bancos, que a pesar de las ganancias de esta década siguen mezquinando el crédito, o a las grandes empresas que hacen años que cierran balances positivos o tal vez las corporaciones del campo que, más allá de las retenciones, no saben qué hacer con el dinero que recaudan? En este sentido se hace difícil comprender el rol de la oposición cuando propone regresar a la dependencia con los organismos multilaterales de crédito, reinstalar el sistema privado de jubilaciones y pensiones, terminar con las paritarias y reducir el gasto público como rezan los proyectos que enarbola el Frente Renovador. Entre las filas de este nuevo experimento político hay legisladores que supieron respaldar el programa político del kirchnerismo y ahora se niegan a votar el paquete de leyes que se discutirán el próximo miércoles pero que, en los últimos tres años, respaldaron estos proyectos aún con objeciones. El tiempo que insuma la discusión servirá para que oficialistas y opositores garanticen los votos necesarios para cada uno de los proyectos que están en juego. El resultado final de esa compleja jornada no se expresará ni se medirá en los números que arrojen las votaciones, sino fundamentalmente en las consecuencias que tendrán para la sociedad en su conjunto. Esta es la característica y la condición que predominará de ahora en más y hasta 2015, y es que el modelo político, que nació en 2003, ingresa en su etapa más compleja, porque se pone en juego todo lo alcanzado.
El martes 1 de octubre se votaría en el senado
