El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el ministro de Educación, Alberto Sileoni, firmaron hoy un acuerdo con autoridades de los cinco gremios docentes con representación nacional para poner en marcha el componente II del Programa Nacional de Formación Permanente Mi Escuela.
De esta manera se da cumplimiento al acuerdo paritario que en marzo de este año rubricarán las autoridades nacionales y los trabajadores de la educación.
Los gremios que suscribieron el acuerdo son la Confederación Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
Capitanich agradeció a las cuatro entidades gremiales por ser parte de este convenio que “sin lugar a dudas es muy importante para la educación argentina”.
El Jefe de Ministros destacó las políticas instrumentadas en los últimos 11 años de gobierno encabezado, primero, por Néstor Kirchner y en segundo lugar por la Presienta Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto aseguró que “no cualquier liderazgo puede garantizar el cumplimiento de objetivos y metas trascendentales para la transformación de la calidad de vida de nuestro pueblo”, dijo Capitanich, quien remarcó que se “debe adquirir conciencia de lo mucho que nos costó lograrlos”.
El Jefe de los Ministros mencionó que los tres ejes de la política educativa fueron la inclusión, equidad y calidad.
Desde los gremios docentes aseguraron que es la primera vez en la historia del país que un Gobierno se compromete en políticas para la capacitación y formación docente. “Hay que darle la jerarquía que este acuerde merece”, dijeron desde CTERA.
Alcance del convenio
El convenio establece que el Ministerio de Educación de la Nación tendrá a su cargo la preselección de las propuestas formativas que presenten los gremios; la aprobación y el financiamiento (hasta la suma de 600.000 pesos) de las propuestas que resulten seleccionadas; la provisión de materiales de difusión y la asistencia técnica para la implementación de dichas propuestas formativas.
Asimismo, el documento prevé la conformación de una mesa de monitoreo, en el ámbito del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), integrada por representantes de cada uno de los gremios docentes y de las jurisdicciones alcanzadas por las propuestas formativas. La cartera educativa nacional también tendrá a su cargo el registro y evaluación de los capacitados, a efectos de la emisión de las certificaciones correspondientes.
Por su parte, los gremios serán responsables de dictar las normas necesarias para garantizar el desarrollo de las acciones en el marco del presente acuerdo; de la implementación de las propuestas formativas aprobadas por el Ministerio --contando para ello con la coordinación del INFD--; y de la provisión del espacio físico y los materiales que demande dicha implementación.
Además, las organizaciones sindicales deberán informar a la cartera sobre el avance de las propuestas formativas; debiendo evaluar y acreditar en tiempo y forma los trayectos cumplidos por los destinatarios, a efectos de las certificaciones correspondientes. Por último, el acuerdo establece que los gremios deberán dar difusión oportuna y completa a los documentos y materiales elaborados por el Programa Nacional de Formación Permanente.
El componente II, que se implementa a partir de la rúbrica de esta tarde, está diversificado por destinatarios específicos y destinado a docentes en ejercicio, recién iniciados o con diferentes grados de antigüedad, de escala nacional, por nivel, área/disciplina y puestos de trabajo y/o nuevos roles, sobre temáticas priorizadas federal y jurisdiccionalmente.
El Programa Nacional de Formación Permanente (PNFD) es una medida de alcance universal: es decir, abarcará al millón de educadores de los distintos niveles y modalidades de gestión estatal y privada, gradual y progresivamente, en un lapso de tres años.
Los gremios que suscribieron el acuerdo son la Confederación Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
Capitanich agradeció a las cuatro entidades gremiales por ser parte de este convenio que “sin lugar a dudas es muy importante para la educación argentina”.
El Jefe de Ministros destacó las políticas instrumentadas en los últimos 11 años de gobierno encabezado, primero, por Néstor Kirchner y en segundo lugar por la Presienta Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto aseguró que “no cualquier liderazgo puede garantizar el cumplimiento de objetivos y metas trascendentales para la transformación de la calidad de vida de nuestro pueblo”, dijo Capitanich, quien remarcó que se “debe adquirir conciencia de lo mucho que nos costó lograrlos”.
El Jefe de los Ministros mencionó que los tres ejes de la política educativa fueron la inclusión, equidad y calidad.
Desde los gremios docentes aseguraron que es la primera vez en la historia del país que un Gobierno se compromete en políticas para la capacitación y formación docente. “Hay que darle la jerarquía que este acuerde merece”, dijeron desde CTERA.
Alcance del convenio
El convenio establece que el Ministerio de Educación de la Nación tendrá a su cargo la preselección de las propuestas formativas que presenten los gremios; la aprobación y el financiamiento (hasta la suma de 600.000 pesos) de las propuestas que resulten seleccionadas; la provisión de materiales de difusión y la asistencia técnica para la implementación de dichas propuestas formativas.
Asimismo, el documento prevé la conformación de una mesa de monitoreo, en el ámbito del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), integrada por representantes de cada uno de los gremios docentes y de las jurisdicciones alcanzadas por las propuestas formativas. La cartera educativa nacional también tendrá a su cargo el registro y evaluación de los capacitados, a efectos de la emisión de las certificaciones correspondientes.
Por su parte, los gremios serán responsables de dictar las normas necesarias para garantizar el desarrollo de las acciones en el marco del presente acuerdo; de la implementación de las propuestas formativas aprobadas por el Ministerio --contando para ello con la coordinación del INFD--; y de la provisión del espacio físico y los materiales que demande dicha implementación.
Además, las organizaciones sindicales deberán informar a la cartera sobre el avance de las propuestas formativas; debiendo evaluar y acreditar en tiempo y forma los trayectos cumplidos por los destinatarios, a efectos de las certificaciones correspondientes. Por último, el acuerdo establece que los gremios deberán dar difusión oportuna y completa a los documentos y materiales elaborados por el Programa Nacional de Formación Permanente.
El componente II, que se implementa a partir de la rúbrica de esta tarde, está diversificado por destinatarios específicos y destinado a docentes en ejercicio, recién iniciados o con diferentes grados de antigüedad, de escala nacional, por nivel, área/disciplina y puestos de trabajo y/o nuevos roles, sobre temáticas priorizadas federal y jurisdiccionalmente.
El Programa Nacional de Formación Permanente (PNFD) es una medida de alcance universal: es decir, abarcará al millón de educadores de los distintos niveles y modalidades de gestión estatal y privada, gradual y progresivamente, en un lapso de tres años.
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