El ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Julio Alak, sostuvo hoy en declaraciones radiales que "la
derogación de las leyes que penalizan el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo dejaría expuesto a nuestro país a
sanciones en el orden internacional".
El ministro Julio Alak dijo que “Argentina no puede
estar ajena al orden jurídico internacional en un tema tan sensible como
el terrorismo; máxime luego de los trágicos atentados perpetrados por
el terrorismo internacional contra la Embajada de Israel y la AMIA, que
causaron centenares de muertos y heridos. Por todo ello, el país debía
receptar especialmente esas convenciones”.
Alak recordó que “el Poder Ejecutivo no aplica la ley penal”, sino que “solamente hace las denuncias”, y sostuvo que la aplicación de la ley “es una facultad exclusiva de los jueces”.
Las leyes 26.733 y 26.734 permitieron crear el nuevo título XIII del Código Penal, que establece, como bien jurídico protegido, el orden económico y financiero. Allí se incorporaron los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y manipulación del mercado, entre otros.
El funcionario destacó que “en reiteradas oportunidades organismos especializados en política criminal de Naciones Unidas advirtieron la necesidad de perseguir y sancionar el flujo de capitales que financian las actividades terroristas en el mundo, motivo por el cual el Congreso argentino sancionó normas que le otorgan al país los máximos estándares internacionales en la materia”.
En tal sentido, subrayó que la Argentina “se encontraba obligada a incorporar al derecho penal interno los compromisos asumidos cuando firmó las Convenciones Interamericana contra el Terrorismo - suscripta por todos los países del continente americano-, mediante la Ley 26.023”.
Alak recordó que la Argentina también suscribió el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, a través de ley 26.024, firmado por la mayoría de los países de mundo.
Asimismo, explicó que “en el año 2000, durante el gobierno de la Alianza, Argentina ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como miembro pleno, y se comprometió desde entonces a cumplir con los más altos estándares normativos en la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo y el financiamiento del terrorismo”.
“Posteriormente, el GAFI advirtió déficits en la normativa interna que derivaron en la inclusión de la Argentina en un listado de países en seguimiento intensivo con posibilidad de recibir severas sanciones”, agregó.
“Tras cuatro años de trabajo en los cuales se introdujeron importantes reformas –amplió el ministro-, entre los que se incluyeron estas dos leyes, el pasado mes de julio Argentina recibió la felicitaciones de la presidencia del GAFI y de todos los estados miembros y se ordenó la salida del seguimiento intensivo”.
“La derogación de estas normas sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional y por el GAFI en especial, que consideraría esa medida un retroceso incomprensible e inaceptable”, remarcó.
Por otra parte, Alak recordó que la norma fue aprobada por el Congreso de la Nación con amplia mayoría de legisladores: 134 votos afirmativos y 90 negativos en Diputados, y 39 votos de a favor y 22 en contra en el Senado.
Alak recordó que “el Poder Ejecutivo no aplica la ley penal”, sino que “solamente hace las denuncias”, y sostuvo que la aplicación de la ley “es una facultad exclusiva de los jueces”.
Las leyes 26.733 y 26.734 permitieron crear el nuevo título XIII del Código Penal, que establece, como bien jurídico protegido, el orden económico y financiero. Allí se incorporaron los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y manipulación del mercado, entre otros.
El funcionario destacó que “en reiteradas oportunidades organismos especializados en política criminal de Naciones Unidas advirtieron la necesidad de perseguir y sancionar el flujo de capitales que financian las actividades terroristas en el mundo, motivo por el cual el Congreso argentino sancionó normas que le otorgan al país los máximos estándares internacionales en la materia”.
En tal sentido, subrayó que la Argentina “se encontraba obligada a incorporar al derecho penal interno los compromisos asumidos cuando firmó las Convenciones Interamericana contra el Terrorismo - suscripta por todos los países del continente americano-, mediante la Ley 26.023”.
Alak recordó que la Argentina también suscribió el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, a través de ley 26.024, firmado por la mayoría de los países de mundo.
Asimismo, explicó que “en el año 2000, durante el gobierno de la Alianza, Argentina ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como miembro pleno, y se comprometió desde entonces a cumplir con los más altos estándares normativos en la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo y el financiamiento del terrorismo”.
“Posteriormente, el GAFI advirtió déficits en la normativa interna que derivaron en la inclusión de la Argentina en un listado de países en seguimiento intensivo con posibilidad de recibir severas sanciones”, agregó.
“Tras cuatro años de trabajo en los cuales se introdujeron importantes reformas –amplió el ministro-, entre los que se incluyeron estas dos leyes, el pasado mes de julio Argentina recibió la felicitaciones de la presidencia del GAFI y de todos los estados miembros y se ordenó la salida del seguimiento intensivo”.
“La derogación de estas normas sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional y por el GAFI en especial, que consideraría esa medida un retroceso incomprensible e inaceptable”, remarcó.
Por otra parte, Alak recordó que la norma fue aprobada por el Congreso de la Nación con amplia mayoría de legisladores: 134 votos afirmativos y 90 negativos en Diputados, y 39 votos de a favor y 22 en contra en el Senado.
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