Los
talleres protegidos del Borda y la intención del Gobierno de la
Ciudad de construir un Centro Cívico en la zona de Barracas son los
ejes de un intrincado periplo judicial en el cual intervienen muchos
actores del escenario político y legal.
El
9 de agosto del año pasado, los legisladores Aníbal Ibarra, María
Elena Naddeo, Fabio Basteiro, Virginia González Gass, María José
Lubertino y María Rachid, presentaron un amparo contra el Gobierno
de la Ciudad para proteger los talleres donde los internos se
desempeñan en distintas tareas y quehaceres de rehabilitación. El
sorteo llevó al expediente al juzgado administrativo número 9, a
cargo de la jueza Andrea Danas.
El
juzgado sostuvo la cautelar y frenó la construcción del Centro
Cívico, en una resolución de la jueza Patricia López Vergara. El
Gobierno porteño apeló esa resolución.
El
expediente para detener las obras fue a parar en diciembre de 2012 a
la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y sostuvo la cautelar. Además,
recordó que el siguiente paso debía ser realizar un informe de
impacto ambiental. En vez de devolver el expediente al Juzgado 11, la
Sala 2 lo remitió al Juzgado nueve, a cargo de la Dra. Andrea Danas.
La
jueza Danas pidió el informe de impacto ambiental y, basándose en
el resultado, decidió conservar el
cautelar y evitar la demolición de los talleres. El Ejecutivo de la
Ciudad apeló.
En
la sesión de diciembre de 2012 se aprobó la venta del edificio Del
Plata- para financiar el Centro Cívico en Barracas. Algunos
legisladores, entre ellos María Elena Naddeo, Juan Cabandié y
Alejandro Bodart, reclamaron dejar asentado que el emprendimiento
exceptuaría los terrenos del Borda. Ante la negativa del PRO, el
pedido no prosperó. El jefe del bloque macrista, Fernando De
Andreis, prometió, avalado por Cristian Ritondo, vicepresidente de
la legislatura: “Votaremos
el texto tal como está. Pero quiero decir que quedó en claro que no
se avanzará en los terrenos del Hospital Borda. Solamente se
afectarán los terrenos aledaños, que nada tiene
que ver”. Se
referían a los mismos terrenos donde se desató la represión y se
demolió el salón de los talleres. Alrededor de ellos se colocó un
vallado.
El
viernes 26 de abril de este año el jefe de la Policía Metropolitana
Alberto Giménez confirma a la representante de la Asesoría Tutelar
que no tenía una orden judicial, que el operativo se basaba en un
acto administrativo del Ministerio de Desarrollo urbano. Pero luego,
el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo urbano Juan Carlos
Alessio le informó que no hubo un acto administrativo, “que
la demolición había comenzado a las 9.15 hs y se había dispuesto
conforme al cronograma de obra para la construcción del centro
Cívico”.
Esto
coincide con las declaraciones de la vicejefa de gobierno María
Eugenia Vidal sobre que no había orden judicial porque no se trataba
de un desalojo sino del inicio de una obra. Lo que nadie explica es
por qué había 200 efectivos de la Policía Metropolitana con orden
de reprimir durante varias horas seguidas.
El
foco del día está puesto en la represión realizada por la Policía
Metropolitana que ocasionó 40 heridos entre pacientes, trabajadores
y periodistas.
Sin
embargo, el jefe de gobierno Mauricio Macri enfrentará una denuncia
penal por haber violado el debido proceso judicial al haber demolido
un edificio que estaba protegido por una medida cautelar.
El
operativo policial comenzó sin presencia de funcionarios judiciales.
La topadora para demoler el Taller protegido 19 del Hospital Borda
arrancó a las seis de la mañana. La Policía Metropolitana estaba
lista para evitar que los trabajadores resistieran e impidieran la
demolición. Ocho horas después habia 30 heridos de balas de goma
-entre ellos pacientes y médicos del Hospital y periodistas de
varios medios de comunicación-, seis trabajadores detenidos y
decenas de afectados por los gases lacrimógenos y el gas pimienta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario